Escrito por Adriana Palomino Revilla, miembro de la comisión de Diálogos Humanos del Equipo de Derechos Humanos.
El pasado 25 de mayo, aproximadamente 20 miembros de La Resistencia, grupo conservador de ultraderecha, irrumpieron violentamente en el evento de presentación del informe Racismo Letal de Amnistía Internacional, mismo que concluye que existió un uso indebido de la violencia por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú durante el desarrollo de las protestas en contra de la gestión de Dina Boluarte. Con pancartas en mano, los manifestantes empezaron a agredir verbalmente a los familiares de víctimas de la represión estatal, declarando a gritos que “Amnistía Internacional es una organización terrorista” y que “sólo defiende a terrucos” (La República, 2023) [1]. Miembros de seguridad, organizadores y asistentes al evento contuvieron la incursión y mostraron su rechazo a la estigmatización y discursos de odio que se hicieron presentes en el evento. Por su parte, los miembros de La Resistencia alegaron que su derecho a la libertad de expresión y protesta pacífica fue vulnerado. Sucesos similares a este han sido frecuentes, especialmente, durante el periodo de crisis política y social que atraviesa nuestro país. La categorización y estigmatización de las personas que se manifestaron en contra del accionar violento de las fuerzas del orden no ha sido ajena al discurso de grupos como La Resistencia. Por lo expresado, el presente artículo buscará explicar por qué el fenómeno del terruqueo constituye un discurso de odio que, en consecuencia, no se encuentra amparado por el derecho a la libertad de expresión.
El terruqueo como discurso de odio
Velásquez define al terruqueo como un fenómeno discursivo utilizado por las élites hegemónicas para construir a un enemigo sociopolítico que se presenta, no sólo ajeno a la sociedad, sino también contrario a ella y a sus intereses (2022, p. 73) [2]. El término encuentra su orígen en el periodo de violencia vivido en nuestro país durante el desarrollo del conflicto armado interno, pues hace referencia a los grupos subversivos que impartieron terror a inicios de 1980 y finales de los 2000. El terrorista o coloquialmente llamado “terruco” era aquel que pertenecía y militaba en alguna organización violenta como Sendero Luminoso o el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. No obstante, la asignación del adjetivo no fue ajena al estigma racial y elitista, puesto que el término alcanzó a todos los grupos poblacionales alejados de la hegemonía centralista que detenta el poder socioeconómico: el enemigo adquiere, entonces, el rostro y características de una persona de orígen andino y de un bajo estrato económico. El racismo y discriminación presentes al momento de definir quiénes eran los responsables de la violencia acaecida derivó en una serie de abusos por parte de las fuerzas del orden. Del mismo modo, el terruqueo alcanzó no sólo a las personas que encajan en el estigma diseñado por el discurso peyorativo, sino también a quienes defienden y promueven todo cambio que se aleje del status quo diseñado por y para los grupos de poder. En ese sentido, el “terruco” ya no es sólo el representante de la violencia terrorista, sino que es también todo aquel que amenace el modelo económico y el orden jerárquico social establecido. Es, además, la personificación del mal sin capacidad de redención; un ser criminal irracional y fanatizado cuya causa carece de legitimidad porque se opone a todos los valores primigenios de la sociedad. Como expresa José Carlos Agüero: “decir ‘terruco’ es como decir ‘bruja’ o ‘demonio’. Este rótulo fija a una persona como un horror-error. Un espanto ajeno a la comunidad, que debe ser eliminado” (2015, p. 103). En suma, el terruqueo es ahora mucho más que una mera generalización: es una estrategia discursiva de carácter político, económico, ético y social utilizada por las élites para desacreditar y deslegitimar a diversos grupos sociales disidentes y sus causas al asociarlos con la violencia terrorista vivida en el conflicto armado interno.
Por otro lado, un discurso de odio es una expresión ofensiva dirigida a un grupo o individuo basada en características inherentes de los mismos y que puede arriesgar la paz social. La Organización de las Naciones Unidas lo define como “cualquier tipo de comunicación o comportamiento que ataca o utiliza un lenguaje peyorativo o discriminatorio en referencia a una persona o grupo en función de lo que son” (2022). Teniendo en cuenta esta definición, es posible afirmar que el terruqueo constituye un discurso de odio, puesto que es un adjetivo utilizado para categorizar de forma despectiva a grupos poblacionales con características étnico sociales históricamente marginadas, asignándoles adjetivos peyorativos relacionados con la violencia. Asimismo, el fin último del terruqueo es deslegitimar a dichos grupos o, en otras palabras, buscar su erradicación e invisibilización.
¿Se puede hablar de libertad de expresión al terruquear?
La adecuada protección del derecho a la libertad de expresión es, sin duda alguna, una característica inherente a toda sociedad democrática y libre. Su reconocimiento forma parte de los pilares angulares de respaldo de otros derechos humanos. No obstante, como todo derecho, su ejercicio no puede ni debe ser absoluto, sino que se encuentra limitado por el derecho internacional en función a fines legítimos específicos. Dentro de estos fines, se encuentra la búsqueda por erradicar la apología del odio y la discriminación existente hacia determinados sectores sociales. En consecuencia, los Estados deben identificar las diferencias entre el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión y la instigación a la discriminación, hostilidad y violencia. Ahora bien, centrando esta definición en el caso específico del terruqueo, es posible afirmar que cualquier incitación al odio que se valga de esta estrategia discursiva como una justificación falaz, no se encuentra respaldada ni es ejercida en función de la libertad de expresión, puesto que agrede los intereses de tutela efectiva de derechos humanos de otros grupos sociales siendo, en este caso, aquellos cuyo estrato político, económico y étnico ha sido rechazado y posicionado en la escala más baja de valor social. La deslegitimación y desacreditación absolutas derivadas del terruqueo son una expresión de que este simboliza un discurso de odio y no se encuentra amparado por el derecho a la libertad de expresión.
Teniendo en cuenta todo lo expresado, es posible afirmar que, si bien los miembros de La Resistencia pudieron ejercer de manera legítima su derecho a la protesta pacífica en conjunto con la libertad de expresión al manifestarse en contra del informe de Amnistía Internacional, optaron por desnaturalizar su tutela al incurrir en la incitación al odio mediante la estrategia político discursiva del terruqueo. En consecuencia, la intervención no se encuentra respaldada, como afirman los partidarios del movimiento ultraderechista, por la libertad de expresión, sino que forma parte de un acto violento que debe y puede ser condenado.
En conclusión, el fenómeno discursivo del terruqueo busca la descalificación moral de los grupos sociales marginados históricamente al clasificarlos como una representación de la violencia subversiva que no puede entenderse fuera de esta. Por ende, al adjudicar la categoría de “terruco” a un individuo, grupo social u organización se busca su deslegitimación en tanto pertenecientes a lo que se ha designado como la categoría social, moral y valorativa más baja y deplorable existente. El fin de invisibilización que persigue el terruqueo ratifica su condición como discurso de odio, puesto que constituye una incitación a la violencia. En consecuencia, su uso no se puede amparar bajo el supuesto ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, ya que éste encuentra sus límites en el momento en el que afecta la tutela efectiva de otros derechos. Por ello, resulta incorrecto señalar que los miembros de La Resistencia vieron vulnerado su derecho a la libertad de expresión tras intervenir en el evento de Amnistía Internacional dado que su discurso, al estar cargado de acusaciones ligadas al terruqueo, constituye un discurso de odio condenado por nuestro ordenamiento. No obstante, cabe resaltar que el accionar de La Resistencia no es un caso aislado, sino que el terruqueo forma parte constante de nuestra retórica como sociedad, misma que ha facilitado que este discurso de odio sea normalizado e, incluso, legitimado.
Bibliografía
[1] La República. (2023). Atacan a familiares de víctimas de protestas en la presentación del informe de Amnistía. https://larepublica.pe/politica/actualidad/2023/05/25/atacan-a-familiares-de-victimas-de-protestas-en-la-presentacion-del-informe-de-amnistia-nvb-1909775
[2] Velásquez, F. (2022). De las batallas por la memoria a la marca del conflicto: “terruqueo”, estigmatización y violencia en el Perú reciente. Universidad de Hamburgo. Alemania. https://www.researchgate.net/profile/Fernando-Velasquez-Villalba/publication/366464835_De_las_batallas_por_la_memoria_a_la_marca_del_conflicto_terruqueo_estigmatizacion_y_violencia_en_el_Peru_reciente/links/63a2c1d751f6c723c6b76279/De-las-batallas-por-la-memoria-a-la-marca-del-conflicto-terruqueo-estigmatizacion-y-violencia-en-el-Peru-reciente.pdf
[3] Agüero, J. (2015). Los rendidos. Sobre el don de perdonar. Lima: IEP.
[4] Organización de las Naciones Unidas (2022). ¿Qué es un discurso de odio? https://www.un.org/es/hate-speech/understanding-hate-speech/what-is-hate-speech
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