El presente artículo analiza la toma de San Martín por el MRTA en 1987 como punto de inflexión en su estrategia subversiva —al marcar el inicio de las campañas guerrilleras en zonas rurales—, explorando cómo sus acciones marcaron un cambio en el conflicto interno peruano y sus implicancias en materia de derechos humanos.

1. Antecedentes y configuración ideológica del MRTA

En enero de 1984, cuatro años después del inicio de los atentados característicos del conflicto armado interno que asolaba al Perú, se celebró en Lima el Primer Comité Central del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), un nuevo movimiento revolucionario que se encontraba apenas surgiendo. De acuerdo con el análisis elaborado por el propio movimiento, sobre la situación política nacional de aquel entonces, el país atravesaba una profunda crisis política, económica y social. Dicha situación, se consideraba susceptible de haber sido causada por la creciente actividad subversiva del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL), que había pasado de la marginalidad y las sombras a tornarse en uno de los actores principales del conflicto armado interno y de la respuesta contrainsurgente por parte de las fuerzas policiales y militares. Bajo este contexto, según Víctor Polay Campos, líder y fundador del MRTA, “se sintieron motivados a levantar una alternativa frente a Sendero Luminoso, el cual estaba imprimiendo un discurso, una propuesta que llevaría a la derrota” (CVR, 2003). El MRTA pretendía “madurar” el periodo pre-revolucionario hacia una auténtica “situación revolucionaria”.

En cuanto a la definición de su estrategia denominada “guerra revolucionaria del pueblo”, esta fue esbozada inicialmente en el documento “El MRTA y la revolución peruana” —el presente documento fue elaborado durante la clandestinidad de la organización, por lo que refleja su narrativa interna y no necesariamente la realidad verificable—, el cual establecía lo siguiente:

[la guerra es la] práctica de la política a través de otros medios, concretamente en el uso de la violencia revolucionaria; teniendo en cuenta que se han agotado los medios legales de lucha en la búsqueda de satisfacer las necesidades esenciales del pueblo trabajador […] la democracia formal se ha convertido en un círculo vicioso que envuelve y arrastra al conjunto de partidos burgueses y reformistas perpetuando indefinidamente la explotación imperialista y la opresión de las masas populares (MRTA, Centro de Documentación de los Movimientos Armados, 1990).

El MRTA tenía convicciones no negociables, su objetivo principal era la conquista del poder político, el cual, según su propia proyección, sería alcanzado mediante un proceso relativamente prolongado de “guerra revolucionaria”. En este marco estratégico, el movimiento buscó fortalecer su alcance y su estructura política y militar mediante alianzas con otras organizaciones afines, destacando entre ellas el Movimiento de Izquierda Revolucionaria Voz Rebelde (MIR-VR), uno de los tres grupos políticos derivados del fragmentado Movimiento de Izquierda Revolucionaria, con el cual formalizaron su unidad el 9 de diciembre de 1986, fecha en la que también se conmemora el aniversario de la batalla de Ayacucho.

Tras la unión de fuerzas, el MIR-VR aportó al MRTA su experiencia y trabajo político en la zona norte del país, específicamente en los departamentos de San Martín, Lambayeque, Ancash y La Libertad. Ambas fuerzas subversivas se complementaban: por un lado, el MRTA alcanzó un mayor desarrollo político-militar y, por el otro, el MIR-VR obtuvo una mayor fuerza política. Esta cooperación estratégica (no exenta de contradicciones) fue de suma importancia dentro de la acumulación de fuerzas integrales —políticas, ideológicas, sociales y militares— a la cual aspiraban los tupacamaristas (CVR, 2003). 

Como parte de su estrategia de expansión y consolidación política y militar posterior a la alianza con el MIR-VR, el MRTA inició la búsqueda de una zona donde establecer su fuerza militar, el autodenominado Ejército Popular Tupacamarista (EPT). En un primer momento, se consideró que debían asentarse en la zona central del país, sin embargo, la organización subversiva optó por el departamento de San Martín como escenario para abrir su primer frente guerrillero, descartando por el momento las localidades de Tocache y Pariahuanca. Se fijó este departamento como área de despliegue debido al trabajo realizado previamente por el MIR-VR, el cual había desarrollado redes de apoyo, movilizado militantes y consolidado estructuras locales que facilitaron la instalación y proyección inicial del MRTA en la zona.

Estas acciones demostraron el tránsito del MRTA de una organización urbana hacia una estructura con pretensión territorial, configurando su primer intento de control regional efectivo y proyectando, a futuro, la aspiración de extender su dominio a nivel nacional.

2. Expansión y consolidación del MRTA en la región nororiental

Es así que, en el año 1986, surge el Frente Regional Nororiental, en el departamento de San Martín, el cual contó inicialmente con un contingente formado por 60 hombres: 30 pertenecientes al MIR-VR y 30 al MRTA. Estos destacamentos se concentraron progresivamente en el mencionado departamento, instalándose inicialmente en las zonas de mayor producción de maíz y arroz y, posteriormente, en las áreas productoras de coca de San Martín. El plan de acción utilizado para infiltrarse fue actuar como un elemento de presión frente a la autoridad estatal, así como convertirse en una herramienta de control social (CVR, 2003). 

El Frente Nororiental (FNO) estaba comandado por una Dirección Regional cuya misión principal fue la de desarrollar la lucha política y militar en la zona. La labor política consistió en organizar y concientizar a la población local sobre la lucha armada. Asimismo, la dirección del FNO fue asumida por Víctor Polay Campos, alias “camarada Rolando”, mientras que el MIR-VR no asumió responsabilidades significativas, lo que dio origen a las primeras diferencias entre ambas organizaciones. A su vez, el Ejército Tupacamarista (ET) tuvo la misión de realizar incursiones y toma de ciudades, recuperar armas y mantener estable el control de todas las localidades del departamento de San Martín. Recibían vestimenta, armas y municiones de la Dirección Nacional. No obstante, las operaciones de ataque que realizaban contra los puestos policiales les permitieron adquirir mayor autonomía, al permitirles abastecerse del material bélico necesario para ejecutar acciones armadas a mayor escala. Paralelamente, adquirieron armas a través de negocios que mantenían con traficantes de armas y, más adelante, con actores del narcotráfico. El Ejército Tupacamarista dividió el departamento de San Martín en ocho zonas, con el objetivo de resguardar las zonas controladas por el MRTA. Cada una de ellas contaba con su propio destacamento militar, los cuales estaban conformados por entre 30 y 100 hombres.

En este marco, la consolidación territorial y estructural del MRTA en San Martín constituyó el momento determinante para la planificación y ejecución de operaciones de mayor envergadura, estableciendo las condiciones necesarias para el fortalecimiento de su presencia insurgente en la región.

3. La campaña político-militar de 1987: la toma de San Martín

A fines de septiembre de 1987, tras haber acumulado los miembros y recursos necesarios, la Dirección Nacional emerretista —establecida en Lima— consideró que ya se encontraban en la capacidad de iniciar acciones militares de mayor intensidad. Destinaron como zona de control estratégica el Valle del Sisa, debido a que era un lugar de fácil acceso a las áreas del Alto Mayo, Mayo Medio, el valle de Huayabamba y el Huallaga Central. De este modo, la zona en cuestión sirvió como punto de entrada, salida y refugio para el Ejército Tupacamarista durante esta primera campaña militar, denominada “El Che Vive” como homenaje al líder guerrillero cubano Ernesto “Che” Guevara y como una forma de reivindicar su legado de lucha revolucionaria contra el capitalismo y la opresión. 

Así, el 8 de octubre, una parte del destacamento subversivo —uniformados y armados con fusiles de guerra— tomó la ciudad de Tabalosos (provincia de Lamas) sin producir ninguna baja, dado que el puesto policial de la localidad contaba con apenas diez policías sin entrenamiento especializado. Los tupacamaristas escogieron Tabalosos como punto de inicio ya que también reivindicaban a los campesinos que fueron asesinados durante los bloqueos a la carretera marginal en 1982. 

Desde el campamento se inició la marcha [el 6 de octubre] hacia el objetivo que dura varios días y para la aproximación final se utilizan camiones y camionetas que fueron previamente interceptados. Rápidamente se procede a la ocupación de la comisaría del pueblo y un tramo de la carretera marginal. Se convoca a la población y se reparten los víveres de dos camiones que fueron intervenidos por los guerrilleros. En la plaza principal se realiza una asamblea con la participación de casi todo el pueblo. La retirada del destacamento fue acompañada hasta la carretera por una muchedumbre entusiasta (MRTA, Centro de Documentación de los Movimientos Armados, 1990).

Se trató de la primera acción de la guerrilla rural emprendida por los emerretistas, en la que también se evidenció una tradición partidaria, según la cual los guerrilleros de mayor rango eran los que encabezaban las operaciones en cada nueva fase. Es así que, el “comandante Rolando” —Víctor Polay Campos— fue el primero en irrumpir en la comisaría, logrando sorprender y capturar a algunos efectivos policiales, mientras que otros se vieron obligados a huir hacia Moyobamba. No se llevó a cabo ningún “juicio popular” ni se cometieron saqueos, lo que los diferenció claramente con el PCP-SL y les permitió ganarse la confianza y admiración de la población, generando expectativas positivas (CVR, 2003).

Tras esta primera acción, diez días después, el 18 de octubre, otra unidad del MRTA tomó Soritor, ubicado a quince minutos de Moyobamba. Al intentar ocupar el puesto policial, se produjo un breve tiroteo entre los subversivos y doce policías, entre los cuales un capitán y cinco efectivos huyeron hacia Moyobamba, mientras los otros seis resistieron el enfrentamiento antes de rendirse, registrándose la baja de uno de ellos, quien no logró replegarse a tiempo y desoyó las órdenes de rendición.

En ambas tomas, los emerretistas convocaron a la población para explicarle los motivos de su movimiento insurgente, evaluar la gestión de las autoridades locales —alcaldes y gobernadores— e invitar a los pobladores a integrarse a sus filas. A pesar del “éxito” que lograron con las tomas de Tabalosos y Soritor, cumpliendo con los objetivos que se habían propuesto, no trascendieron al resto del país, limitando su ascenso únicamente al ámbito regional. Esta situación motivó a la Dirección Nacional a planificar una acción de mayor magnitud, la cual lograse repercutir no sólo en el departamento, sino también en todo el país. 

Es así que se proyectó la realización de la campaña político-militar “Túpac Amaru Libertador” —en honor a Túpac Amaru II, quien encabezó la rebelión indígena de 1780 contra el dominio español—, en la cual la columna armada del MRTA utilizó las dos tomas anteriores para despistar a las fuerzas armadas, haciéndoles creer que su despliegue se dirigiría hacia el norte del departamento, para finalmente retroceder y, atravesando una cadena montañosa, descender sobre el valle del Sisa y atacar la ciudad de Juanjuí. El asalto se llevó a cabo el 6 de noviembre, cuando la columna tupacamarista, integrada por 60 hombres, ingresó a las 5:00 a.m., atacando de manera simultánea los puestos de la Policía de Investigaciones, la Guardia Civil y la Guardia Republicana. Asimismo, tomaron el pequeño aeropuerto de la ciudad y desplegaron pequeñas fuerzas de contención. Durante el ataque al puesto policial, falleció Jorge Cieza, teniente de la Guardia Civil. Los demás efectivos policiales huyeron, y solo tres se rindieron, siendo posteriormente conducidos a la Plaza de Armas. Más tarde, realizaron una Asamblea Popular y repartieron los bienes que incautaron de la policía. 

A las 10:00 a.m., abandonaron Juanjuí y se dirigieron a la ciudad de San José de Sisa (provincia El Dorado), a donde arribaron el 7 de noviembre a las 4 p.m. Ocuparon la ciudad sin ningún tipo de resistencia de las fuerzas policiales, quienes enterados de lo acontecido el día anterior en Juanjuí, se replegaron hasta Tarapoto previendo que sería el próximo objetivo a atacar.

Al día siguiente, cuando la columna se aprestaba para continuar la retirada hacia un campamento de repliegue instalado en los Aguanos, llega Alejandro Guerrero, reportero del Canal 5 y se decide ofrecer la entrevista solicitada [a Víctor Polay Campos]. Que se presentará ante el país la insurgencia de una fuerza guerrillera victoriosa, diferente a lo que hasta ese momento se conocía. Una fuerza uniformada que mostraba la cara, que era apoyada por el pueblo, que presentaba propuestas al país (MRTA, Centro de Documentación de los Movimientos Armados, 1990).

Esta entrevista resultó de gran relevancia, ya que contradijo las declaraciones de Alan García —presidente de la República en aquel entonces— y de su ministro del interior, Agustín Mantilla, quienes habían afirmado que la acción en Juanjuí había sido llevada a cabo por narcoterroristas que huían de Tocache.

Dos días después, realizaron una breve incursión en Senami. El 19 de noviembre tomaron el distrito de Chazuta (provincia de San Martín), y posteriormente se replegaron al Alto Sisa, lugar donde se habían concentrado antes de emprender el ataque a Juanjuí (CVR, 2003).

Para ese momento, el gobierno había decretado el estado de emergencia en San Martín, desplegando de inmediato un gran contingente militar con el objetivo de localizar y neutralizar al destacamento emerretista. Sin embargo, el movimiento subversivo logró continuar su repliegue hacia Alto Porotongo, eludiendo con éxito la vigilancia militar. 

Bajo este contexto, el 9 de diciembre de 1987, los dirigentes nacionales del MRTA dieron por concluida la campaña “Túpac Amaru Libertador” y procedieron de inmediato a desconcentrar sus fuerzas, con el objetivo de minimizar los enfrentamientos, la pérdida de armamento y las bajas. A pesar de sus esfuerzos, en las siguientes semanas, la ofensiva militar ocasionó que el destacamento subversivo colapsara.

4. Reflexiones posteriores: memoria, derechos humanos y lecciones del conflicto

Más allá de su dimensión militar, las dos campañas político-militares: “El Che Vive” y “Túpac Amaru Libertador” desarrolladas en el departamento de San Martín, marcaron un punto de no retorno, generaron un nuevo tipo de relación entre la población civil y la insurgencia, cuyos efectos deben examinarse desde una perspectiva de derechos humanos.

Aunque la ofensiva del MRTA buscó ejercer desarrollo y control político en la región, las comunidades locales quedaron expuestas a escenarios de violencia armada, a la inhibición de autoridades civiles y a la ofensiva y control militar derivada del estado de emergencia declarado en el departamento debido al ataque a Juanjuí. Esta exposición, aunque no siempre resultó en violencia indiscriminada (a diferencia de otras organizaciones como el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso), constituye un problema de derechos humanos dado que afecta el derecho a la vida, a la integridad personal, a la seguridad y a la libertad, principios protegidos por tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 4 y art. 5) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 9), ambos ratificados por el Estado Peruano.

Asimismo, el fenómeno del silencio institucional y mediático que ha rodeado estos hechos agrava la situación de vulnerabilidad de las víctimas y de la sociedad regional. La falta de reconocimiento público, la ausencia de archivos accesibles y la escasa o nula reparación simbólica o material dificultan la construcción de la correspondiente memoria histórica, que al mismo tiempo, obstaculizan el derecho a la verdad y a la justicia, de importancia reconocida por la CVR en su informe final. Sumado a ello, el art. 1 de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad menciona que los Estados tienen la obligación de implementar mecanismos efectivos para prevenir la impunidad y asegurar que los responsables rindan cuentas por los crímenes perpetrados, consolidando de esta forma la protección de los derechos humanos y la dignidad de las víctimas.

Desde la perspectiva descrita, lo ocurrido en San Martín exige mantener viva la memoria de los hechos, abordar con rigor las violaciones que se suscitaron y garantizar que las políticas de reparación y no repetición sean efectivas. El hecho de que el MRTA fuera un grupo subversivo mucho más reducido que el PCP-SL no exime de la obligación de convertir los contenidos de esta historia regional en instrumentos de aprendizaje y prevención, trascendiendo el mero análisis militar y fomentando una cultura política y social que preserve los derechos humanos incluso en épocas de profunda crisis.

En suma, la toma de San Martín evidenció el tránsito del MRTA hacia un modelo insurgente de mayor alcance y, al mismo tiempo, el surgimiento de nuevas tensiones entre seguridad y derechos humanos que —a casi cuarenta años de haber ocurrido— aún demandan memoria y reparación, lo que demuestra el escaso compromiso del Estado Peruano respecto a las garantías efectivas de los derechos inherentes a cada persona y con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

BIBLIOGRAFÍA:

Comisión de la Verdad y Reconciliación. (2003). Informe final. Lima: CVR.

https://www.cverdad.org.pe/ifinal

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). (22 de noviembre de 1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos. Organización de los Estados Americanos.

https://www.oas.org/dil/esp/1969_Convención_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf

Centro de Documentación de los Movimientos Armados (CeDeMA). Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). (1990, 1 de septiembre). Historia del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (III Comité Central del MRTA).

https://cedema.org/digital_items/1584

Gorriti, G. (1990). Sendero: Historia de la guerra milenaria en el Perú. Lima: Apoyo.

https://jichha.blogspot.com/2021/09/sendero-de-gustavo-gorriti-1990.html

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (1966, 16 de diciembre). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Naciones Unidas.

https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (1968, 26 de noviembre). Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad.

https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-non-applicability-statutory-limitations-war-crimes