Escrito por: Fabiana Rojas, comisionada de Diálogos Humanos del Equipo de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Introducción a los instrumentos de exclusión
La historia demuestra que, cuando el Derecho se aparta de su vocación de justicia, se siembran las semillas del horror; pues, “las Leyes Raciales de Núremberg transformaron la definición de identidad judía de religiosa a racial, despojando derechos y allanando el camino para el Holocausto” (Flaws, J. 2025).
A fines del siglo XIX en Europa Central, la etiqueta de “judío” hacía cada vez menos referencia a la identidad religiosa o étnica, y, en cambio, se transformaba en un insulto dirigido contra cualquiera que se percibiera como “diferente”. A medida que el pensamiento eugenésico se popularizó en las décadas de 1880 y 1890, ideólogos antisemitas insistían en que los judíos no eran una comunidad religiosa, sino una “raza” distinta e inadmisible. La raza, aunque fuese una mera construcción social, definía quién pertenecía y quién debía ser excluido.
Georg Ritter von Schönerer, por ejemplo, vinculó nacionalismo y racismo en una propaganda que exigía la eliminación total de la influencia judía en la vida pública. Este marco ideológico, difundido ampliamente a fines del siglo XIX, preparó el terreno para los discursos posteriores de Adolf Hitler. En Mein Kampf, Hitler amplió esa visión, presentando a los judíos no solo como una amenaza racial, sino también como los responsables del bolchevismo y, por ende, del mayor peligro para Alemania en el siglo XX.
En este clima de odio sistemático, las Leyes de Núremberg de 1935 marcaron un punto de inflexión: el tránsito del antisemitismo de la propaganda a la normatividad estatal. De un plumazo, el régimen nazi convirtió la exclusión en ley, oficializando la segregación y otorgando al racismo un estatus jurídico.
Recordar cómo el Derecho se convirtió en un arma de persecución en Núremberg es un imperativo presente para comprender cómo las estructuras legales pueden ser manipuladas contra la dignidad humana. En el presente artículo, se busca examinar el origen, contenido e impacto en los derechos humanos de las Leyes Raciales de Núremberg de 1935.
Las Leyes Raciales de Núremberg: Origen y contenido jurídico
El 15 de septiembre de 1935, durante el congreso anual del Partido Nacionalsocialista en Núremberg, Adolf Hitler anunció un conjunto de disposiciones legales que marcarían un quiebre decisivo en la persecución contra la población judía. La Ley para la Protección de la Sangre y el Honor Alemanes y la Ley de Ciudadanía del Reich pasaron a la historia como las Leyes Raciales de Núremberg. Con ellas, el antisemitismo dejó de ser un discurso propagandístico para convertirse en política de Estado codificada en el Derecho alemán.
Hitler y sus colaboradores comprendieron que las primeras medidas antisemitas, como el boicot de 1933 contra negocios judíos, habían encontrado cierta resistencia en la opinión pública. Por ello, esperaron hasta consolidar el poder político y militar para implementar una legislación más radical. En septiembre de 1935, con el régimen firmemente asentado y bajo la cobertura de un evento multitudinario como el congreso del Partido Nazi, las nuevas leyes fueron anunciadas como parte del proyecto de “renovación nacional”.
La Ley de Ciudadanía del Reich definía como ciudadanos únicamente a quienes fueran “de sangre alemana o afín”. Los judíos, entonces, quedaron excluidos de la ciudadanía y reducidos a la condición de “súbditos del Estado”. Esta medida les arrebató derechos políticos básicos, como votar u ocupar cargos públicos, y abrió el camino para la imposición de innumerables restricciones en la vida cotidiana.
La segunda disposición, la Ley para la Protección de la Sangre y el Honor Alemanes, prohibía los matrimonios y las relaciones sexuales entre judíos y personas consideradas “arias”. Tales uniones eran calificadas como Rassenschande (“profanación racial”), una noción pseudocientífica que presentaba el mestizaje como una amenaza a la pureza del “pueblo alemán”. La ley incluso prohibía que los judíos emplearan en sus hogares a mujeres alemanas menores de 45 años, bajo la presunción de un riesgo sexual latente.
Cabe señalar que un aspecto central de las leyes fue la determinación, aparentemente objetiva, de quién debía ser considerado judío. El criterio adoptado se basaba en la ascendencia: quien tenía tres o cuatro abuelos judíos era considerado judío de pleno derecho; quien tenía dos era clasificado como Mischling de primer grado (“mestizo de primer grado”); y quien tenía uno, Mischling de segundo grado.
Este sistema, que pretendía ser científico, se apoyaba en registros religiosos como actas de bautismo o lápidas. La paradoja radicaba en que, pese a proclamar una base biológica, el régimen dependió de criterios religiosos para definir la pertenencia racial. Como lo ha señalado la historiadora Doris Bergen, se trataba de un ejercicio de pura invención ideológica, presentado bajo un ropaje científico.
En cuanto al alcance, si bien los judíos fueron el objetivo central, las Leyes de Núremberg también se aplicaron a otros grupos. Los romaníes, los afrodescendientes y sus descendientes quedaron igualmente excluidos de la ciudadanía, y se les prohibió mantener vínculos con “alemanes de sangre”. Posteriormente, el régimen extendió este marco legal para criminalizar relaciones homosexuales y justificar medidas contra personas con discapacidad, en nombre de la “salud racial”.
Por tanto, las Leyes de Núremberg codificaron el antisemitismo. Su carácter aparentemente técnico y normativo encubría un proyecto de exclusión radical, que despojaba de derechos a sectores enteros de la población. De esta manera, el Derecho se convirtió en la herramienta fundamental de una política de segregación que pronto tendría efectos devastadores en la vida cotidiana.
Las vidas tras las leyes: De la segregación al exterminio
La entrada en vigor de las Leyes de Núremberg supuso una ruptura inmediata con la ciudadanía. Los judíos fueron expulsados de la función pública, del derecho al voto, de la vida cultural y del acceso a bienes y servicios básicos. Como señaló la historiadora Marion Kaplan, esta marginación progresiva supuso una verdadera “muerte social”, que antecedió a la violencia física del Holocausto. Las personas judías dejaron de ser miembros plenos de la comunidad alemana, quedando reducidas a una existencia marcada por la estigmatización y el deshonor.
Las consecuencias prácticas se multiplicaron en poco tiempo: la prohibición de contraer matrimonio o mantener relaciones con alemanes considerados “arios”; la pérdida de empleos en la administración pública, la enseñanza y la medicina; y las limitaciones en el uso de espacios públicos, como hoteles, restaurantes y medios de transporte, fueron una porción de los problemas que surgieron a partir de estas crueles leyes.
Muchos testimonios de la época reflejan la rapidez con que estas medidas impactaron la vida diaria. Por ejemplo, dentro de las Colecciones del Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos, el sobreviviente Edward Adler relató que, en 1935, fue arrestado simplemente por acampar con una joven no judía, y condenado a seis meses de prisión por “profanación racial”.
La aplicación de las leyes se acompañó de una violencia social alentada por el Estado. La SA y otros grupos nazis obligaban a parejas mixtas a desfilar con carteles humillantes en las calles, señalando a los judíos como “deshonradores de la raza”. Incluso cuando existían absoluciones judiciales, el simple señalamiento arruinaba vidas y relaciones. Cualquier vínculo con judíos implicaba la exclusión automática de la comunidad nacional.
En este sentido, los niños judíos sufrieron con especial crudeza la exclusión. En las escuelas, eran hostigados y separados de sus compañeros, mientras la propaganda oficial alimentaba canciones y consignas violentas que penetraban en la cultura juvenil. Relatos como el de Rita Kuhn, quien fue golpeada por otros niños por no hablar en hebreo, o el de Rudolph Herz, que escuchó de pequeño marchas con cánticos antisemitas frente a su casa, ilustran el clima de miedo y hostilidad constante.
De esta forma, las Leyes de Núremberg se transformaron en un modelo normativo de exclusión múltiple, que legitimaba diversas formas de persecución. Al separar jurídicamente a los judíos y otras minorías del resto de la población alemana, normalizaron la exclusión y la estigmatización. Esta aparente “legalidad” otorgó legitimidad social a la discriminación, facilitando que muchos aceptaran y promovieran la violencia. Así, las leyes de 1935 se convirtieron en el primer paso institucional hacia el genocidio, al preparar a la sociedad alemana para aceptar la progresiva deshumanización y, finalmente, la aniquilación sistemática de millones de personas durante el Holocausto.
Reflexiones desde los derechos humanos
La experiencia de las Leyes Raciales de Núremberg constituye una advertencia histórica sobre los peligros de convertir el Derecho en un instrumento de exclusión. El régimen nazi utilizó el aparato jurídico, no para proteger a las personas, sino para definir quién merecía ser considerado humano. Al transformar la pertenencia política en una categoría racial, el Derecho perdió su vocación de justicia y se degradó a un mecanismo de opresión.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, resulta evidente que estas leyes vulneraron principios hoy fundamentales: la igualdad y la no discriminación, la dignidad inherente a toda persona, el derecho a la ciudadanía, la libertad de matrimonio, la participación en la vida pública, y la vida. La Declaración Universal de 1948 y los tratados internacionales posteriores surgieron precisamente como respuesta al horror del nazismo y al reconocimiento de que la legalidad no siempre coincide con la justicia.
En esta misma línea, estas leyes también demostraron los límites del simple Estado de Derecho, entendido únicamente como el sometimiento formal al imperio de la ley. En la Alemania nazi, todo el aparato de persecución y exterminio se ejecutó conforme a normas jurídicas válidas dentro del sistema, lo que reveló con crudeza que la mera legalidad no garantiza la justicia. Fue precisamente a partir de esta experiencia histórica que, tras la Segunda Guerra Mundial, la teoría y la práctica constitucionales avanzaron hacia el Estado Constitucional de Derecho, en el que no basta la existencia de leyes, sino que estas deben estar subordinadas a principios superiores como la dignidad humana, la igualdad, la libertad y el respeto irrestricto a los derechos fundamentales.
Hoy más que nunca, la memoria del Holocausto nos recuerda que ningún pueblo debe volver a ser despojado de su dignidad ni reducido a la condición de enemigo absoluto. El sufrimiento humano no puede relativizarse ni normalizarse bajo ninguna justificación política, ideológica, legal o religiosa. En la actualidad, la tragedia que atraviesa el pueblo palestino, con miles de muertes civiles presenciadas por la comunidad internacional, nos confronta a la pregunta: ¿Hemos aprendido verdaderamente la lección de Núremberg? Recordar no basta; es necesario actuar para que el Derecho vuelva a estar al servicio de la vida y no del exterminio.
En última instancia, reflexionar sobre las Leyes Raciales de Núremberg desde los derechos humanos es afirmar que la justicia no puede reducirse a la mera obediencia a la ley, sino que exige un compromiso inquebrantable con la dignidad humana para honrar verdaderamente la memoria de las víctimas.

Fuentes bibliográficas

Anne Frank House. Las leyes raciales de Núremberg. Recuperado el 15 de septiembre de 2025 de https://www.annefrank.org/es/timeline/55/las-leyes-raciales-de-nuremberg/

Flaws, J. (2025). Las Leyes Raciales de Núremberg. Recuperado el 15 de septiembre de 2025 de https://www.nationalww2museum.org/war/articles/nuremberg-laws

Enciclopedia del Holocausto. Las leyes raciales de Núremberg. Recuperado el 15 de septiembre de 2025 de https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/the-nuremberg-race-laws