Escrito por Stephanie Cortez, miembro de la Comisión de Diálogos Humanos del Equipo de Derechos Humanos.

La migración es un fenómeno cada vez más común en este mundo globalizado donde las fronteras entre las personas se desdibujan con el pasar de los años. Así, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) afirma que el número de migrantes hoy en día triplica con creces las cifras de hace 50 años, llegando a un estimado de 281 millones de personas [1]. Sin embargo, el aumento de las cifras no vino acompañado de una mejora significativa en sus condiciones de vida o en la protección de sus derechos en los países receptores que, por el contrario, han atravesado avances y retrocesos, razón por la cual los migrantes continúan siendo un grupo vulnerable a nivel mundial. En este escenario, cobra gran importancia la labor de los activistas. Por ello, el presente artículo conmemora la labor de Alejandra Pablos Espriu, defensora de los derechos de los migrantes en uno de los países de mayor recepción de migrantes por el mítico sueño americano, pero a la vez de mayor grado de normalización de la xenofobia en su sociedad: Estados Unidos de América.

Alejandra Pablos nació en 1985 en Sonora, México; sin embargo, aún siendo una bebé, migró con su familia a Estados Unidos y fue criada por su madre en Santa Ana, California, donde eventualmente recibieron la residencia permanente [2]. Cuando era adolescente, tuvo que mudarse a Tucson, Arizona, por los negocios de su madre, donde por primera vez experimentó un trato diferencial por su nacionalidad y color de piel [3]. Es por ello que, a la edad de 16 años, se volvió una organizadora comunitaria y tuvo su primer trabajo en un programa local después de la escuela, donde trabajó con niños de edad escolar y preescolar por los siguientes 6 años [3]. En 2009, Alejandra se graduó como bachiller de la Universidad de Arizona en la carrera de Comunicaciones. Dichos estudios le serían de utilidad en su labor de organizadora comunitaria y a extender sus redes hacia otras personas que luchaban por la misma causa.

Pablos es defensora de los derechos sexuales y reproductivos, de la inmigración y de la reforma de las prisiones, abarcando los 3 enfoques de forma interseccional en su activismo. Este activismo activismo alcanza a mujeres y migrantes, especialmente a aquellos provenientes de países latinos y chicanos (estadounidenses de ascendencia mexicana) [4]. Ella ha trabajado con muchos defensores de derechos de los inmigrantes y por la justicia criminal, y de esta manera, llegó a formar parte de Mijente, una plataforma digital dirigida a migrantes latinos con el propósito de “crear un espacio político que aúne liderazgo, lucha, cultura y medios de comunicación para impulsar la cultura y un cambio en las políticas” [4]. También es  narradora en We Testify, un proyecto de la Red Nacional de Fondos para el Aborto (Nation Network of Abortion Funds), donde “comparte la historia de su aborto como forma de resistencia y liberación a nivel nacional” [3]. Asimismo, trabaja como coordinadora de campo para el Instituto Nacional de Latinas para la Salud Reproductiva en Virginia, donde da voz a las latinas y busca empoderarlas para producir cambios normativos en todas las cuestiones que las involucren [4].

No obstante, su activismo tuvo repercusiones en su persona, especialmente en su permanencia en el país. En enero del 2018, ella fue arrestada por los agentes del DHS mientras lideraba una manifestación pacífica al frente del Departamento de Seguridad Nacional en Virginia (Department of Homeland Security — DHS) [3]. Poco tiempo después, el 7 de marzo del mismo año, Pablos fue detenida por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (Immigration and Customs Enforcement — ICE) y descubrió que lo que ella creía era un control de rutina era en realidad la apertura de un caso de deportación en su contra a México [4], con motivo de los cargos menores del 2011 por las que ya había sido procesada y había cumplido sentencia . 

A pesar de ello, gracias a los miembros de Mijente, al Instituto Nacional de Latinas para la Salud Reproductiva y a otros activistas que difundieron su caso y exigieron su liberación mediante las redes sociales con el hashtag #KeepAleFree, el 19 de abril del mismo año  un juez federal de inmigración dictaminó que ella sea liberada bajo una fianza de 8000 dólares [4]. Ahora, la fianza solo refería a su liberación del centro de detención, por lo que Alejandra continúa luchando contra su deportación a la fecha. Pablos ha pedido asilo político por temor a ser perseguida en México, donde el aborto continúa siendo un delito federal y activistas que ella conoce han recibido amenazas de muerte [2].

Lamentablemente, lo sucedido con Alejandra Pablos no es un caso aislado. Desde el ascenso de Donald Trump en 2017, en solo el primer año, aumentó en 40% las detenciones de inmigrantes en el interior del país [5] y más de 20 defensores de los derechos de los migrantes fueron detenidos por agentes del ICE. El entonces presidente, Trump, apuntó su campaña principalmente a “combatir” a los migrantes ilegales mediante discursos fundados en prejuicios y xenofobia. Sin embargo, estos discursos tuvieron gran apertura y reproducción por sus simpatizantes, ya no dirigidos solo a migrantes ilegales, sino hacia toda persona de color y de origen étnico no blanco [6]. Los derechos de los migrantes sufrieron un gran retroceso durante su mandato, no solo en el papel de la Ley, sino también ante los ojos de una sociedad nacionalista que normalizó el atropello cotidiano de los mismos y persiguió a las personas que los defendían.

El caso de Alejandra Pablos nos trae varias reflexiones. En principio, nos muestra la importancia de un enfoque interseccional en la defensa de los derechos humanos de los migrantes. La condición de migrante interactúa con otras condiciones de vulnerabilidad, como la raza y el sexo, los cuales deben ser tomados en cuenta por los activistas para una defensa adecuada. En segundo lugar, nos muestra el retroceso de los derechos de los migrantes en Estados Unidos y de los canales para manifestar su voz con la persecución de los activistas y organizadores comunitarios. Alejandra, con su experiencia, invita a cuestionar la criminalización de los migrantes y sus raíces, cargadas de prejuicios raciales y de clase: “Las personas [migrantes] solo quieren mudarse, viajar y encontrar una mejor vida, como las personas blancas hacen todo el tiempo” [7].

Bibliografía:

[1] McAuliffe, M. y A. Triandafyllidou (eds.) (2021). Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2022. Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Ginebra.

[2] Prendergast, C. (2018, 12 de diciembre). Tucson judge orders deportation of immigrant-, reproductive-rights activist. AzCentral. https://www.azcentral.com/story/news/politics/immigration/2018/12/12/tucson-arizona-judge-orders-deportation-activist-alejandra-pablos/2296179002/ 

[3] Advisory Board. (s/f). Inmigrant Justice Network. https://immigrantjusticenetwork.org/advisory-board/ 

[4] La DDH estadounidense, Alejandra Pablos Espriu, permanece detenida (2018). Front Line Defenders. https://www.frontlinedefenders.org/es/case/american-hrd-alejandra-pablos-espriu-remains-detention 

[5] Rachko, T. (2018, 27 de marzo). Grupos de defensa de inmigrantes en EE.UU. recurren a la educación para proteger sus derechos. Human Rights Watch. https://www.hrw.org/es/news/2018/03/27/grupos-de-defensa-de-inmigrantes-en-eeuu-recurren-la-educacion-para-proteger-sus 

[6] Hines, B. (2019). Las políticas migratorias de Donald Trump. Nueva Sociedad(284), pp. 53-71. https://static.nuso.org/media/articles/downloads/3.TC_Hines_284.pdf  

[7] Mackey, D. (2021, 29 de setiembre). The flawed idea of the perfect inmigrant. The New Yorker. https://www.newyorker.com/culture/the-new-yorker-documentary/the-flawed-idea-of-the-perfect-immigrant?utm_brand=tny&mbid=social_twitter&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_social-type=owned