Escrito por Stephanie Cortez Lopez y Carmela Pérez Piscoya, miembros de la Comisión de Diálogos Humanos del Equipo de Derechos Humanos. 

Introducción

El 26 de abril del 2020, por medio del Decreto Supremo Nº 042-2022-PCM, el Presidente de la República declaró el estado de emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui (Apurímac) [1]. Este desenlace se produjo por el conflicto entre los comuneros y la minera Las Bambas, que estalló el 14 de abril del 2022, cuando los comuneros de Fuerabamba ocuparon los territorios de la minera MMG Las Bambas y, como consecuencia, esta detuvo sus actividades el 20 de abril [2]. Ahora, antes de cualquier juicio de valor, es necesario ahondar en los hechos que desencadenaron el conflicto en Las Bambas y las razones de la oposición por parte de los comuneros. 

Cronología del conflicto

Las Bambas es una de las minas productoras de cobre más grandes en el mundo, que logró posicionar al Perú como el segundo mayor productor de cobre del mundo después de Chile. Tan solo en el 2020, su producción representó el 15% de la producción nacional y, entre enero y septiembre del 2021, fue la segunda empresa que más exportó en el Perú, logrando recaudar hasta US$2,516 millones de dólares [3]. Asimismo, en el ámbito laboral, Las Bambas genera más de 2,500 puestos de trabajo directo y alrededor de 5,000 puestos por medio de contratistas [3]. Es por ello que se considera la mayor inversión extranjera realizada en el Perú hasta la fecha. Sin embargo, pese a su relevancia, ha sido objeto de importantes conflictos sociales que se mantienen hasta la fecha, que tiene como protagonistas a la minera, el Estado peruano y los comuneros.

El conflicto en Las Bambas se hizo conocido a nivel nacional por los hechos producidos en 2015. Esto tomó por  sorpresa a la ciudadanía, ya que los medios de comunicación difundían la imagen de relaciones armoniosas en ese centro minero entre el gobierno nacional, la empresa y comunidades aledañas, a pesar que esta se alejaba de lo que sucedía en la realidad [4]. En realidad, desde la aprobación del proyecto Las Bambas y su concesión a la empresa suiza Xstrata Copper, en el 2004, se presentaron conflictos regulares con las comunidades locales aledañas a esta zona. Tiene gran relevancia el producido el mayo del 2011, en Challhuahuacho, donde “un ingeniero de la empresa fue secuestrado para obligar a esta a negociar con la población e, igualmente, hubo una violenta represión por parte de la policía unos días después de este suceso” [4].

Es en 2015, mientras  la concesión estaba a nombre del consorcio chino de MMG Las Bambas, cuando este conflicto llegó a su punto más crítico, que derivó en la primera declaración del estado de emergencia en la zona. Esto inició con la convocatoria de las organizaciones civiles y campesinas a un paro indefinido para el 25 de setiembre, debido a la falta de respuesta de MMG Las Bambas y del Ministerio de Energía y Minas (MINAM) para reunirse con los comuneros y explicarles los cambios realizados al Estudio de Impacto Ambiental (EIA), solicitud que había sido realizada en 5 ocasiones en ese año [4]. En respuesta, el Ministerio del Interior promulgó la Resolución Suprema N° 200-2015-IN, que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en las provincias de Cotabambas y Grau.

A pesar de que en esta norma se afirma que no se vulnerarían los derechos fundamentales de los involucrados, el 28 de setiembre (tercer día del paro) se produjo el enfrentamiento entre manifestantes y la policía, donde la policía abrió fuego contra los manifestantes y dejó un saldo de 3 muertos (manifestantes) y 23 heridos (15 civiles y 8 policías) [5]. Por estos acontecimientos, ese mismo día el Presidente de la República, mediante el Decreto Supremo N° 068-2015-PCM declaró el estado de emergencia en las provincias de Cotabambas, Grau, Andahuaylas y Chincheros por 30 días [6], provincias donde se concentraba la manifestación. Sin embargo, el estado de emergencia no apaciguó los ánimos de la población y, por el contrario, generó más descontento social. Así, durante el estado de emergencia, se sumaron otros 4 comuneros fallecidos antes de su finalización y el establecimiento de otra mesa de diálogo que, al igual que las otras, no fue efectiva a largo plazo.

A partir de ese día, ocurrieron otras 3 declaraciones de estado de emergencia en la zona: el 30 de agosto del 2018, el 29 de marzo del 2019 y, finalmente, el 27 de abril del 2022. En todo este tiempo, se han sumado otros fallecidos y muchos más heridos producto de los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía.

Orígen de la situación actual

Respecto a la situación actual, el pasado 14 de abril, distintos elementos de la comunidad de Nueva Fuerabamba instalaron carpas y reubicaron a sus familias en el territorio adyacente a Las Bambas, paralizando el funcionamiento normal de la mina desde el 20 de abril, que se encuentra bajo la presente dirección de la empresa MMG Las Bambas [6]. Acorde a los comuneros de Fuerabamba, MMG Las Bambas incumplió los compromisos firmados con ellos y con otras comunidades, por lo que decidieron retornar a la zona de la que previamente habían sido reubicados. De forma similar, las comunidades de Chila y Choaquere habían emitido pronunciamientos en los cuales acusaban también a MMG Las Bambas de incumplir ciertos compromisos que habían realizado años atrás, y que se iba a iniciar una reposesión de las hectáreas en las que funciona la mina [7]. 

Originalmente, se había planificado una mesa de diálogo con el Poder Ejecutivo para el 25 de abril, con el fin de dar solución a las demandas de la población respecto a la mina Las Bambas [8]. Cabe mencionar que algo similar había ocurrido el año pasado, cuando la ex premier Mirtha Vásquez asistió a una mesa de diálogo con los representantes de la comunidad de Chumbivilcas, para dar solución al bloqueo que estos habían establecido en el corredor minero, que también había paralizado las actividades mineras en Las Bambas [9]. Este diálogo resultó fructífero, ya que se consiguió alcanzar 11 acuerdos para calmar el conflicto social; sin embargo, no sucedió lo mismo en la reunión pactada para el 25 de abril. Desafortunadamente, esta reunión tuvo que ser cancelada debido a la tardanza del Ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, ya que este tuvo que asistir a una reunión de emergencia del Consejo de Ministros [8]. Es a partir de esto que, el 27 de abril, se inicia un desalojo forzoso a los comuneros que se encontraban en el campamento minero, mientras que estos aún consideraban que el Ejecutivo iba a volver a enviar emisarios para continuar con las mesas de diálogo [10]. 

Violencia e infracciones contra los derechos

El primer enfrentamiento violento que ocurrió entre la policía y la población se produjo el pasado miércoles 27, cuando las fuerzas del orden intentaron desalojar el campamento que se encontraba ubicado en Las Bambas [10]. El operativo dejó un saldo de 14 heridos, de los cuales 3 fueron determinados de mayor gravedad, incluyendo una señora de 60 años que perdió el globo ocular. El accionar de la policía fue rechazado por el alcalde de Challhuahuacho, Porfirio Gutiérrez, quien dijo que la intervención policial incurrió en “maltratos físicos, psicológicos y atropellos” [10]. Tras este enfrentamiento, el Ejecutivo declaró en emergencia los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, suprimiendo así los derechos de las personas que habitan en estas localidades [10]. 

La violencia se repitió el viernes 29, cuando un grupo de comuneros intentó ingresar a las inmediaciones del complejo minero, y el enfrentamiento que esto produjo dejó un saldo de 35 heridos, incluyendo 20 agentes de la policía. Los actos de violencia han sido condenados por la Defensoría del Pueblo, que recordó que “en todo momento debe hacer uso legal, necesario y proporcional de la fuerza, y que es su obligación presentar un informe sobre su actuación al término del operativo” [11]. Esta última declaración se produce tras las denuncias de detenciones arbitrarias de varios manifestantes, información que fue negada por la Policía. 

Tras el primer día de enfrentamientos, fuentes locales confirmaron la detención de 11 personas, sin embargo, esto fue negado por la policía. Entre los detenidos se encontraba un periodista de La República, Raúl Cabrera Ramos, quien denunció que fue intervenido de forma arbitraria a pesar de haberse identificado como hombre de prensa, además de informar que se produjo la incautación de sus equipos y que los videos que había grabado sobre la intervención policial fueron eliminados [12]. El abuso fue condenado por la Asociación Nacional de Periodistas, que exhortó a la Policía Nacional a respetar el Manual de Derechos Humanos Aplicados a la Función Policial, rechazando su accionar y las detenciones arbitrarias que se produjeron [12]. Evidentemente, la detención de un periodista (que se auto identificó como tal) es un atropello a la libertad de prensa, empero, resulta más preocupante aún que se haya decidido eliminar las grabaciones que este había realizado sobre la intervención policial, particularmente teniendo en cuenta la violencia que se había producido. 

Pronunciamiento de Diálogos Humanos

Desde Diálogos Humanos, condenamos la violencia producida por la intervención estatal a lo largo de todo el conflicto. El uso desproporcionado de la fuerza que han ejercido las fuerzas del orden ha significado la violación a los derechos a la protesta, a la libertad de expresión y a la integridad física, así como al orden público. Si bien los manifestantes respondieron con violencia frente a estos, el Estado tiene la obligación de salvaguardar la integridad de todos sus ciudadanos, lo cual no ha ocurrido a lo largo del conflicto, llegando a tener un saldo de tres fallecidos en el 2015. Por otro lado, el uso del estado de emergencia y el innecesario permiso al ingreso de las fuerzas armadas en el conflicto, tanto como lo permitido en el 2015, así como el que se informa que ocurriría en el contexto del estado de emergencia que se ha declarado [13], representa una afrenta al derecho a la libertad de expresión. Esta respuesta es desproporcionada ya que no permite la protesta justificada ante la situación de injusticia que reclaman las comunidades de Cusco y Apurímac. 

También es pertinente reconocer la responsabilidad del Estado en la detonación de todas las manifestaciones y enfrentamientos más críticos en este conflicto. El Estado fue el principal detentor de los derechos de las comunidades, al no garantizar el derecho a la información y a la participación de los dirigentes sobre las decisiones respecto al proyecto minero [4]. Asimismo, desde la gestación de este conflicto, el Estado peruano se caracterizó por su ausencia en dicha zona [14], que significó la falta a su deber de protección de los derechos e intereses de las comunidades campesinas involucradas y sus integrantes. Ello se manifestó en la desactivación de los grupos de trabajo al poco tiempo de establecer las mesas de diálogo y la falta de respuesta de los ministros ante la solicitud de reunión emitida por los dirigentes campesinos. La respuesta de las autoridades pertinentes siempre ocurrió después que el conflicto escalara a niveles imposibles de ignorar [14]. Por ello, condenamos la desatención estatal para las comunidades campesinas y rurales, y enfatizamos la necesidad de brindarles una atención prioritaria, debido al riesgo que representa la actividad minera sobre sus derechos humanos.

Por último, condenamos también los actos violentos cometidos por los dirigentes comuneros y manifestantes en ejercicio de su derecho a la protesta. En principio, es necesario aclarar que ningún derecho es absoluto, sino que encuentra sus límites en otros derechos humanos [15]. El derecho a la protesta es un derecho humano reconocido por varios instrumentos internacionales firmados por el Perú, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo que el Estado peruano no puede desconocer este derecho. Sin embargo, el ejercicio de este derecho debe ser armonioso con el respeto de los derechos de terceros, lo cual no se produjo en este conflicto. Los manifestantes privaron de su libertad personal a trabajadores de la minería en 2 ocasiones [5]. También agentes policiales acusaron que un grupo considerable de manifestantes “acorraló y persiguió a un pequeño contingente de policías” en el enfrentamiento de septiembre del 2015 [4]. Si bien los comuneros han sido un grupo vulnerado a lo largo de este conflicto, no significa que no hayan sido agresores frente a terceros, en abuso de su derecho a la protesta.

Bibliografía

[1] Presidencia de la República (2022, 26 de abril). Decreto Supremo Nº 042-2022-PCM. Declaración de Estado de Emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac. Diario Oficial El Peruano. https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaracion-de-estado-de-emergencia-en-los-distritos-de-chal-decreto-supremo-n-042-2022-pcm-2061691-2/#:~:text=N%C2%BA%20042%2D2022%2DPCM&text=Declarar%20por%20el%20t%C3%A9rmino%20de,apoyo%20de%20las%20Fuerzas%20Armadas.

[2] Redacción Gestión (2022, 27 de abril). Las Bambas: declaran estado de emergencia por 30 días en distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui. Diario Gestión. https://gestion.pe/peru/apurimac-las-bambas-declaran-estado-de-emergencia-por-30-dias-en-distritos-de-challhuahuacho-y-coyllurqui-rmmn-noticia/?ref=gesr 

[3] Osterloh, M. (2021, 22 de diciembre). Las Bambas en Perú: Inversión china, efecto económico y conflictos sociales. Redcaem: Red China y América Latina. Enfoque Multidisciplinario. http://chinayamericalatina.com/las-bambas-en-peru-inversion-china-efecto-economico-y-conflictos-sociales/ 

[4] Pinto, H. & Luyo, A. (2017). Las Bambas: conflicto social 2015. Investigaciones Sociales 21(39), pp.215-236. https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/sociales/article/view/14675/12870  

[5] Redacción EC. (2018, 31 de agosto). Las Bambas: cronología de los conflictos en toda la historia del proyecto minero. Diario El Comercio. https://elcomercio.pe/peru/apurimac/bambas-cronologia-conflictos-historia-proyecto-minero-noticia-552597-noticia/?ref=ecr 

[6] Presidencia de la República (2015, 28 de setiembre). Decreto Supremo N° 068-2015-PCM. Declaran el Estado de Emergencia en las provincias de Cotabambas,Grau, Andahuaylas y Chincheros del departamento de Apurímac y en las provincias de Chumbivilcas y Espinar del departamento de Cusco. Diario Oficial El Peruano.
https://elperuano.pe/normaselperuano/2015/09/29/1293370-1.html 

[7] Castro, A. & Montaño, F. (2022, 24 de abril). Las Bambas: los conflictos se acentúan en el corredor minero más importante del Perú. Ojo Público. https://ojo-publico.com/3453/el-conflicto-se-acentua-en-el-corredor-minero-mas-importante-de-peru 

[8] Redacción EC. (2022, 26 de abril). Las Bambas: Ministro de Energía y Minas llegó tarde a reunión con comunidad de Chila y esta tuvo que suspenderse. Diario el Comercio. https://elcomercio.pe/peru/las-bambas-ministro-de-energia-y-minas-carlos-palacios-llego-tarde-a-reunion-con-comunidad-de-chila-y-esta-tuvo-que-suspenderse-apurimac-cusco-minem-video-rmmn-noticia/?ref=ecr 

[9] Política RL. (2021, 30 de diciembre). Cusco: los acuerdos de la PCM con comunidades de Chumbivilcas y Las Bambas. Diario La República. https://larepublica.pe/politica/2021/12/30/las-bambas-los-acuerdos-de-la-pcm-con-comunidades-de-chumbivilcas-y-la-minera/ 

[10] Tecsi, Z. & Quispe, D. (2022, 28 de abril). Gobierno no pudo evitar la represión y la violencia en Las Bambas. Diario La República. https://larepublica.pe/politica/2022/04/28/las-bambas-gobierno-de-pedro-castillo-no-pudo-evitar-la-represion-y-violencia-en-campamento-minero-de-mmg-apurimac-mineria/ 

[11] Forbes Staff. (2022, 28 de abril). Las Bambas: Defensoría del Pueblo pide detener violencia en conflicto. Diario Forbes. https://forbes.pe/actualidad/2022-04-28/las-bambas-defensoria-del-pueblo-pide-detener-violencia-en-conflicto/ 

[12] Sociedad LR. (2022, 27 de abril). Las Bambas: ANP condena detención arbitraria a periodista de La República que cubría desalojo de comuneros. Diario La República. https://larepublica.pe/sociedad/2022/04/27/las-bambas-anp-condena-detencion-arbitraria-a-periodista-de-la-republica-que-cubria-desalojo-de-comuneros/ 

[13] Redacción Gestión. (2022, 29 de abril). Las Bambas, inicia el día sin enfrentamientos, pero vía de ingreso continúa bloqueada por comuneros. Diario Gestión. https://gestion.pe/peru/las-bambas-inicia-el-dia-sin-enfrentamientos-pero-via-de-ingreso-continua-bloqueada-por-comuneros-apurimac-rmmn-noticia/

[14] Wiener, L. (2018). Dimensiones de la conflictividad emergente a partir de la venta de Las Bambas y las modificaciones realizadas en su Estudio de Impacto Ambiental. Gobernanza y Gobernabilidad: el caso Las Bambas (pp. 75-94). CooperAcción.
https://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2018/09/Gobernanza-y-gobernabilidad-en-Las-Bambas_WEB1.pdf 

[15] Lanca, C. (2019). Los derechos fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: Introducción. Los derechos fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 2008-2018 (pp. 148-151). Editorial Palestra.