Escrito por Stefany Inquilla, comisionada de Diálogos Humanos del Equipo de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú

“Uyariy” es un documental peruano que hace más que solo una recopilación de hechos: nos invita a la memoria, nos exhorta a la justicia y nos acerca a la verdad. Estrenado en cines el 8 de enero de 2026, Uyariy nos invita a conocer los testimonios de los familiares de las 18 personas asesinadas el 9 de enero de 2023 en el contexto de las protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte, las cuales fueron llevadas a cabo en Puno, Juliaca y otras regiones del Perú.  Y, a pesar de la cancelación de sus funciones y la asignación de horarios imposibles para ellas, Uyariy nos deja valiosas lecciones sobre el rol del arte para denunciar la vulneración de derechos humanos, la ausencia de justicia y el clamor de sujetos de derechos en un país profundamente clasista y desigual como el nuestro. 

Por ello, el presente artículo de Arte y Derechos Humanos se propone reconstruir el documental y los hechos de la, así llamada, “Masacre del 9 de enero” desde una perspectiva de derechos humanos. Posteriormente, se presentarán las dimensiones simbólicas de Uyariy y su rol como dispositivo de memoria colectiva que inmortaliza la verdad y los testimonios frente a una narrativa Estatal contradictoria.

1. Contexto: la Masacre de Juliaca y las vulneraciones de derechos humanos

       Entre diciembre del 2022 y febrero del 2023, miles de ciudadanos se manifestaron en contra de la asunción de Dina Boluarte como presidenta del Perú. Los protestantes eran, en su mayoría, ciudadanos autoconvocados de ciudades del sur del Perú. Ellos exigían, principalmente, el adelanto de las elecciones y el cierre del Congreso. Las protestas y plantones fueron especialmente masivas en la ciudad de Juliaca, departamento de Puno. A pesar de la naturaleza pacífica de las mismas, las fuerzas armadas y policiales respondieron de manera desproporcionada, reprimiendo a los protestantes y acabando con la vida de alrededor de 49 personas. 

Entre todos los días de protesta, se destaca uno: el 9 de enero de 2023, fecha en la que las fuerzas policiales habrían asesinado a 18 personas, entre las que no solamente se encontraban manifestantes, sino transeúntes y personal médico que prestaba auxilio. Un agente policial también falleció ese día. De acuerdo con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (2023), las personas reportadas como fallecidas ese día murieron por el impacto de perdigones, balas y otros objetos (párr. 174).

En dicho contexto, Uyariy inicia con una recopilación de grabaciones difundidas por la prensa independiente y por ciudadanos a través de las redes sociales, donde se evidencia la actuación desproporcionada, violenta y abusiva de las fuerzas del orden. Posteriormente, se presentan las declaraciones de los familiares de las víctimas: entrevistas, videos, reconstrucción de los hechos. Uyariy profundiza en la verdad y explora la desigualdad estructural que atraviesa el sur del Perú: el olvido histórico de las poblaciones aymaras y quechuas, la vulneración de derechos humanos y el fenómeno del “terruqueo” como herramienta discursiva para invisibilizar las luchas y necesidades del ande peruano. En el siguiente apartado, se analizarán las mencionadas sub temáticas. 

2. Uyariy y su rol de asentamiento de la memoria colectiva en torno a la vulneración de derechos humanos en Juliaca

Durante las protestas y, de manera específica, el 9 de enero de 2023, se vulneraron derechos humanos de manera sistemática. Por un lado, se afectó el derecho a la salud y la vida de más de 912 personas, quienes fueron heridas durante los enfrentamientos y producto de la represión. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2023), “ la mayoría de las personas que sufrieron impactos de bala, perdigones y bombas lacrimógenas habrían recibido una atención médica insuficiente debido al colapso de los centros médicos, la deficiente infraestructura de los hospitales y la falta de insumos y de personas médicas especialistas (párr. 195). Como se muestra en el documental, escuadrones de enfermeros y médicos que prestaban auxilio en las manifestaciones reportaron haber sido “maltratados por la policía”. Por su parte, un grupo de estudiantes que asumieron el rol de desactivadores de bombas declararon que la atención de salud fue precaria. Ello no sólo desembocó en una afectación al derecho a la salud de cientos de protestantes y transeúntes, sino que además ocasionó la muerte de aquellos que, tras  la ausencia de atención oportuna, fallecieron. Un ejemplo de lo anterior es Marco Samillán, un interno de Medicina que recibió dos disparos mientras auxiliaba de manera voluntaria el 9 de enero en Juliaca. Durante el documental, la hermana de Marco cuenta su testimonio, con la esperanza de que se  haga eco de su dolor y su búsqueda de justicia. 

Por otra parte, se vulnera el derecho a la protesta, la cual está relacionada con derechos como la libertad de expresión y el derecho a la reunión pacífica, derechos contemplados en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Además, de acuerdo con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2019), el derecho a la protesta cobra especial relevancia frente a las vulneraciones de derechos humanos y defensa de la democracia (párr. 3-5). No obstante, Uyariy demuestra, por un lado, represión policial en contra de los manifestantes y, por otro, la construcción de un discurso centrado en el “terruqueo” de aquellos que se posicionaron en contra de Dina Boluarte. Por ello, durante el documental, se entrevistan a los deudos de las personas asesinadas durante las protestas. Ellos cuentan a qué se dedicaban sus familiares: comerciantes, internos y estudiantes; entre ellos, menores de edad. La presentación humana de cada uno de los fallecidos es un acercamiento a la pregunta: ¿por qué serían terroristas? Después de todo, el ejercicio del derecho a la protesta es legítimo en el Perú y frente al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El Estado tiene la obligación de garantizar y actuar con razonabilidad frente a los disturbios reportados. 

La reunión de las vulneraciones de derechos humanos en un documental es una herramienta invaluable para consolidar una memoria colectiva y para garantizar el derecho a la verdad y la exigencia de garantías de no repetición que le corresponden al Estado peruano. El uso simbólico de la música para narrar los testimonios no solo permite una cercanía artística, sino que proporciona un espacio idóneo para la reflexión crítica de los hechos acontecidos en Juliaca. Finalmente, la presentación de otros episodios violentos en la historia de Puno y la desigualdad histórica y estructural que atraviesa el ande del Perú no es accesoria al documental: se trata de un verdadero espacio de información y visibilización de historias casi olvidadas. 

3. Reflexión final: Uyariy, arte, verdad y derechos humanos

El arte no solo nos conmueve: también nos mueve. Uyariy es una demostración de que el arte puede presentar la verdad, puede retratar episodios violentos y a la vez puede devolvernos las ganas de seguir luchando por justicia. Este documental nos permite reflexionar y criticar las graves vulneraciones a los derechos humanos que se vivieron entre diciembre del 2022 y 2023 en la sierra del Perú. Pero es más que ello. Uyariy hace algo más importante: dota de vida a aquellos que han sido tratados como solo cifras. Cada uno de los nombres de las personas fallecidas es, gracias a Uyariy, más que solo una cifra en un informe: hoy tienen una historia más clara, humana y con mayor alcance. 

Después de tres años sin justicia, Diálogos Humanos tampoco olvida sus nombres: 

• Nelson Huber Pilco Condori, 22 años
• Rubén Fernando Mamani Muchica, 55 años
• Giovani Gustavo Illanes Ramos, 21 años
• Gabriel Omar López Amanqui, 35 años
• Roger Rolando Cayo Sacacá, 22 años
• Edgar Jorge Huaranca Choquehuanca (a veces escrito Huaranca / Huaranca Choquehuanca)
• Marco Antonio Samillán Sanga (médico voluntario)
• Jhamileth Nataly Aroquipa (Hancco), 17 años
• Crhistian Mamani Hancco, 22 años
• Brayan Apaza Jumpiri, 15 años
• Héctor Quilla Mamani, 38 años
• Elmer Zolano Leonardo Huanca, 16 años

Referencias 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2023). Situación de derechos humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales (OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57/23). Organización de los Estados Americanos. https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2023/Informe-SituacionDDHH-Peru.pdf

Lanza, E. (Relator Especial para la Libertad de Expresión, CIDH). (2019). Protesta y derechos humanos: Estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal (OEA/Ser.L/V/II; CIDH/RELE/INF.22/19). Organización de los Estados Americanos – Comisión Interamericana de Derechos Humanos. https://www.oas.org/es/cidh/expresion/publicaciones/ProtestayDerechosHumanos.pdf