Escrito por Gabriela Tenorio, miembro de la Comisión de Diálogos Humanos del Equipo de Derechos Humanos. 

La violencia de género persiste como una de las manifestaciones más arraigadas de la desigualdad y la injusticia en nuestra sociedad global. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha identificado este fenómeno como una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo  afectando a mujeres y niñas en todas las latitudes y entornos sociales [1]. Este flagelo, que se manifiesta en diversas formas y grados de intensidad, ejerce un impacto devastador en las vidas de las afectadas, con consecuencias que trascienden lo físico para permear lo económico y lo psicológico. La violencia de género no solo afecta el presente de las víctimas, sino que también socava sus posibilidades de futuro al limitar su participación plena y equitativa en la sociedad.

De acuerdo a la ONU hay grupos de mujeres que son particularmente vulnerables a la violencia, como aquellas pertenecientes a minorías étnicas, migrantes, con discapacidades o menores de edad [2]. Estas categorías de vulnerabilidad se entrelazan y se amplifican en las zonas rurales, donde las políticas y los recursos estatales son escasos o inexistentes. A diferencia de las políticas y programas diseñados para abordar la violencia de género en contextos urbanos es en las zonas rurales donde la problemática de violencia de género adquiere matices aún más sombríos y complejos. 

Por ejemplo, Mercedes Crisóstomo, en su trabajo “El Estado es el Otro: la atención de la violencia contra las mujeres en las zonas rurales del Perú”, menciona que durante sus entrevistas se evidenció que algunos fiscales han presenciado casos en los que la policía no está capacitada para utilizar la tecnología, formular preguntas adecuadas o redactar declaraciones, lo que se agrava cuando la denunciante solo habla quechua. A pesar de algunos cambios en la forma de trabajo, persisten prácticas que revictimizan a las mujeres, discursos que justifican la violencia, así como incomprensión y maltrato al tomar testimonios. Incluso, algunas policías manifestaron sentir fastidio hacia las mujeres que acuden constantemente a denunciar. Además, algunos agresores insultan, amenazan e incluso llegan a agredir a las profesionales que trabajan en los Centros de Emergencia Mujer. Esta dinámica entre las instituciones estatales a nivel provincial no solo afecta el funcionamiento de las instituciones involucradas, sino también a las mujeres víctimas de violencia. [3]

Las mujeres que residen en áreas rurales enfrentan una multiplicidad de formas de discriminación arraigadas en estructuras sociales y culturales. Además, enfrentan desafíos adicionales derivados de su situación socioeconómica, geográfica y cultural. La falta de acceso a servicios básicos, la escasez de recursos, las barreras lingüísticas y la distancia física respecto a los centros urbanos dificultan aún más su capacidad para buscar ayuda y protección. Es por ello que este sector requiere medidas específicas y articuladas que permitan mitigar y erradicar estas formas de discriminación de manera efectiva y sostenible.

En nuestro contexto, si bien se observa una leve mejoría en la situación de violencia de género en las zonas rurales de Perú, es crucial mantener una mirada crítica sobre la evolución de estos datos a lo largo del tiempo. Las cifras recopiladas por la Encuesta Nacional de Demografía y Salud Familiar (ENDES) muestran una reducción del porcentaje de mujeres rurales que han sido víctimas de violencia ejercida por sus esposos o compañeros, del 67,5% en 2016 al 52,7% en 2023. Sin embargo, esta mejora no debe ser motivo de complacencia, ya que los niveles de violencia denunciada siguen siendo alarmantemente altos. Además, es crucial reconocer que la falta de reportes de casos adicionales no declarados podría aumentar aún más las cifras reales de violencia. Asimismo, las razones detrás de la falta de denuncia y búsqueda de ayuda siguen siendo preocupantes.

En 2017, cuando las mujeres rurales fueron maltratadas, predominaban los moretones y dolores (70,2%), seguidos de algún otro tipo de lesión (15,1%); sin embargo, solo el 14% consideró necesario acudir al médico o a un centro de salud. Las principales razones por las que no buscaron ayuda se relacionaban con la percepción de que no era necesario (30,7%), sentimientos de vergüenza (19%) y la falta de conocimiento sobre dónde acudir o la inexistencia de servicios especializados para tratar esta problemática (15,6%) [4]. En contraste, en 2022, las razones para no buscar ayuda muestran cambios mínimos pero igualmente preocupantes. El 32,3% de las mujeres indicó que no era necesario, el 19,2% manifestó sentir vergüenza, el 15,8% no sabía a dónde acudir o desconocía los servicios disponibles, y el 12,5% expresó tener miedo de sufrir represalias tanto para ellas como para sus hijos [5]. Estos datos reflejan una persistencia en las barreras culturales y estructurales que impiden a las mujeres rurales acceder a la ayuda necesaria y denunciar la violencia que sufren.

Como señala el Informe sobre la Situación de las Mujeres Rurales en el Perú, emitido por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, se ha implementado una política de desarrollo e inclusión social focalizada en personas provenientes de hogares rurales. Sin embargo, esta política parece perpetuar estereotipos de género al priorizar el bienestar de la infancia y las madres gestantes, sin cuestionar la carga desproporcionada del trabajo doméstico no remunerado que recae sobre las mujeres en estas comunidades. Además, la participación de las mujeres en los programas de la estrategia de inclusión económica es mínima, lo que refleja una falta de enfoque en el empoderamiento económico de las mujeres rurales. [4]

Las respuestas del Estado a las necesidades de las mujeres rurales son limitadas y carecen de garantías de acceso a servicios de prevención y atención en casos de violencia de género. Aunque el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha implementado la “Estrategia de Prevención, Atención y Protección Frente a la Violencia Sexual en Zonas Rurales” con el objetivo de desarrollar una ruta de atención específica para esta problemática, aún no se ha evidenciado una verdadera voluntad política para convertir este proyecto en una política pública diferenciada y sostenible a largo plazo.

Además, según datos proporcionados por la ENDES y la Defensoría del Pueblo, el área rural presenta una alarmante tasa del 22.7% de adolescentes que han experimentado embarazos en algún momento de sus vidas [6], lo que complica la continuidad de sus estudios por motivos de maternidad. En un intento de abordar esta problemática, se promulgó la Ley N°29600, la cual tiene como objetivo facilitar la reinserción escolar de las adolescentes embarazadas y/o madres jóvenes, permitiéndoles continuar con su educación. Sin embargo, a pesar de esta iniciativa legislativa, la falta de difusión adecuada de la ley ha generado una situación preocupante, como evidencia el informe sobre la Situación de las mujeres rurales en el Perú.

Según dicho informe, 9 de cada 10 madres adolescentes en áreas rurales no logran acceder a la educación formal, lo que las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad ante la exclusión social, la pobreza y la violencia sexual [4]. Esta realidad se ve agravada por la existencia de un sistema en el que figuras políticas irresponsables promueven abiertamente el matrimonio infantil, justificándolo con argumentos absurdos sobre supuestos “beneficios psicológicos” para las mujeres. Esta actitud no solo es inaceptable, sino que perpetúa las desigualdades existentes y vulnera los derechos fundamentales de niñas, adolescentes y mujeres en las zonas rurales del país.

A pesar de los esfuerzos legislativos y gubernamentales para combatir la violencia de género, los datos actuales siguen reflejando una realidad preocupante. Resulta evidente que las medidas implementadas hasta el momento no han sido suficientes para abordar de manera efectiva este problema. La falta de recursos, la ausencia de programas específicos para las zonas rurales y la limitada capacidad de las instituciones para brindar apoyo y protección a las víctimas son solo algunos de los desafíos que enfrentamos en la lucha contra la violencia de género. En este sentido, es fundamental reconocer la necesidad de redoblar nuestros esfuerzos y compromisos en la búsqueda de soluciones más efectivas y duraderas. Esto implica no solo la implementación de nuevas políticas y programas orientados a prevenir y combatir la violencia de género en las zonas rurales, sino también la revisión y fortalecimiento de las estrategias existentes. La violencia de género es un problema que nos concierne a todos, y solo a través del compromiso y la colaboración de todos los sectores de la sociedad podremos lograr un cambio real y duradero.

Fuentes:

[1] Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2023, 17 de junio). La violencia de género es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo.

https://unric.org/es/la-violencia-de-genero-segun-la-onu/ 

[2] Organización de las Naciones Unidas (ONU). Mujeres

https://www.un.org/es/fight-racism/vulnerable-groups/women 

[3] Crisóstomo, M. (2021). El estado es el Otro: La atención de la violencia contra las mujeres en zonas rurales del Perú. Politai, 12(22), 1-29

https://doi.org/10.18800/politai.202101.003 

[4] Escudero, L., Ramírez, R. (2017). La situación de las mujeres rurales en el Perú. Asociación de Servicios Educativos Rurales-Perú.

https://d3o3cb4w253x5q.cloudfront.net/media/documents/20171002.informe_mujeresrurales_peru_1.pdf 

[5] Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2022). Situación de la Mujer Rural. 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/5689404/5052253-situacion-de-la-mujer-rural-2022.pdf 

[6] Defensoría del Pueblo (2019, 24 de septiembre). Alarmante situación: el embarazo adolescente continúa siendo un problema de salud pública. 

https://www.defensoria.gob.pe/deunavezportodas/alarmante-situacion-el-embarazo-adolescente-continua-siendo-un-problema-de-salud-publica/