Escrito por Gabriela Tenorio, miembro de la Comisión de Diálogos Humanos del Equipo de Derechos Humanos.

Jaime Boris Ayala Sulca fue un destacado periodista huantino, fundador de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y corresponsal del diario La República. Además de su labor periodística en Radio Huanta 2000, Jaime Ayala Sulca era esposo de Rosa Pallqui Medina y padre de un hijo. 

El 1 de agosto de 1984, miembros de la Marina irrumpieron en la iglesia presbiteriana de Callqui, donde asesinaron a seis jóvenes acusados de ser terroristas. En su labor de corresponsal, Ayala denunció estos crímenes, mostrando una valentía que sería silenciada brutalmente al día siguiente, cuando desapareció tras intentar reportar los hechos en la base militar de Huanta.

Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), Jaime Ayala Sulca fue víctima de desaparición forzada, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y ejecución extrajudicial a manos de integrantes de la Marina de Guerra, en el cuartel situado en el Estadio Municipal de Huanta. Los responsables señalados por la CVR incluyen a Alberto Rivera Valdeavellano, ex jefe del Comando Político Militar de Huanta, y Augusto Gavilondo García del Barco, ex jefe de la base contrasubversiva de Huanta.

La provincia de Huanta, en Ayacucho, fue uno de los epicentros de la violencia estatal y subversiva durante el conflicto armado. Según datos de la CVR, el 21.16% de los asesinatos y el 18.52% de las desapariciones forzadas en el departamento ocurrieron en esta provincia. Testimonios recopilados por la CVR confirman que en la Base Militar de Huanta funcionaba un centro clandestino de detención y tortura. Un testigo narró: “Yo escuchaba a la gente gritar, bastantes quejándose. Después de eso, me llevan a ese baño, en ese baño a mí también comienzan a sacrificarme, así amarrado, arriba me colgaron… Esa noche me llevaron a torturar. Me desnudaron todo y me hicieron sentar”.

La desaparición de Jaime Ayala Sulca no fue solo un episodio trágico, sino un reflejo del horror que vivieron miles de peruanos durante uno de los periodos más oscuros de la historia reciente del país. A pesar de las denuncias y los testimonios, la impunidad persiste, mientras que la búsqueda de justicia por parte de sus familiares continúa siendo un grito de resistencia frente al olvido.

Debido a la existencia de estos casos en nuestro pasado y a la constante indolencia de las autoridades ante la impunidad es que resulta muy preocupante la publicación de La Ley N° 32107, denominada ley de impunidad. Puesto que, esta representa un retroceso monumental en la lucha por la justicia y la memoria en el Perú. Esta norma no solo se convierte en un manto de protección para aquellos acusados de crímenes de lesa humanidad, sino que también erosiona los esfuerzos de las víctimas y sus familiares por alcanzar un mínimo de reparación y verdad. Al eximir de responsabilidad a presuntos criminales como Augusto Gavilondo García del Barco, quien ha solicitado la aplicación de esta ley para evitar las consecuencias de la desaparición forzada de 69 personas en Huanta, se perpetúa un ciclo de impunidad que ha caracterizado la historia reciente del país. Esta ley, en lugar de servir a la justicia, se convierte en un obstáculo insuperable para quienes llevan décadas buscando respuestas y rendición de cuentas. Al permitir que personas responsables de graves violaciones a los derechos humanos eludan la justicia, el Estado no solo falla en su deber de proteger a sus ciudadanos, sino que también envía un mensaje devastador: que la vida y la dignidad de las víctimas pueden ser sacrificadas en aras de la conveniencia política. Esta ley no es solo un ataque a la justicia; es un golpe al corazón de un país que aún lucha por sanar las heridas del pasado.