“Nunca más”: La memoria histórica de Argentina y Perú. Los casos de Javier Milei y Pedro Huilca.

Marco Zelaya - 7 de noviembre de 2023 - 0 158 Views

Escrito por Marco Antonio Zelaya Castro, miembro de la Comisión de Diálogos Humanos del Equipo de Derechos Humanos.

La región latinoamericana se encuentra en una profunda crisis económica y social que viene arrastrándose desde la pandemia, situación que reveló múltiples falencias en los sistemas de salud, seguridad social y de otras funciones que el Estado realizaba en beneficio de los ciudadanos. Como consecuencia de ello, ante la falta de soluciones por parte del Estado y de las clases políticas tradicionales es que han surgido muchas corrientes políticas con tendencias populistas, cuyas posturas muchas veces son contrarias a consensos básicos necesarios para garantizar el respeto de los derechos humanos. Sin embargo, hay un punto cuyo ataque sacude los cimientos de toda democracia y por consiguiente, de todo respeto de los derechos humanos; y, es el ataque contra la memoria histórica. Hace poco, el candidato a la Presidencia de la República Argentina, Javier Milei, dijo que: “No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753.” refiriéndose a las víctimas civiles que ocurrieron durante el periodo del Proceso de Reorganización Nacional que constituyó la dictadura por parte de la Junta Militar Argentina. (1) Estas declaraciones de Javier Milei han venido de la mano con un ataque hacia los los derechos humanos en otros ámbitos, al señalar que los activistas y organismos de derechos humanos están politizados, además de la amenaza para eliminar la Secretaría de Derechos Humanos.

Por otro lado, en nuestro país, hemos pasado por temporada de elecciones hace dos años, sin embargo, aún a día de hoy se pueden evidenciar las consecuencias de la polarizante campaña política que realizaron los candidatos en dicha ocasión. Hace poco, el 31 de octubre, la Corte Superior Nacional decidió absolver a Vladimiro Montesinos y a varios miembros del Grupo Colina por el asesinato de Pedro Huilca, lo que es prueba reciente de que aún a día de hoy, no se ha podido garantizar que exista una conciencia colectiva de nuestra historia como país. (2) En dicho sentido, en el presente artículo se verá cómo en la región y en nuestro país se hace cada vez más imperativo que se defiendan y promueva una educación integral basada en el respeto de los derechos humanos no solo desde los valores intrínsecos que están vinculados a estos, sino desde la memoria de las víctimas de las violaciones de derechos humanos.

Milei y la negación de las 30,000 víctimas:

El pasado 1 de octubre, el candidato a la Presidencia Javier Milei señaló que: “No fueron 30.000 los desaparecidos, sino 8.753.” Sin embargo, adicionalmente indicó que: “Estamos en contra de la visión tuerta de la historia. Durante los 70 hubo una guerra y las fuerzas del Estado cometieron excesos, pero los terroristas del ERP y Montoneros mataron, pusieron bombas y cometieron delitos de lesa humanidad. No estamos de acuerdo con los curros de los derechos humanos” (3) Dichas declaraciones no son inadmisibles por señalar que organizaciones como el ERP y los Montoneros aplicaron violencia para lograr sus objetivos políticos, lo que resulta inadmisible bajo cualquier perspectiva de los derechos humanos, lo inadmisible en dicho caso resulta señalar que las acciones de las fuerzas del Estado fueron “excesos”, porque ello implica desconocer los juicios a los principales líderes de la Junta Militar y cómo se determinó que las acciones estatales fueron parte de una violación sistemática de los derechos humanos para erradicar a la oposición del régimen, siendo completamente desproporcional frente a la violencia por parte de estos grupos que existieron en Argentina. Y producto de ello, fallecieron no solo miembros de las asociaciones montoneras o del ERP, sino también empresarios, sindicalistas, partidarios de grupos políticos opositores, estudiantes, hasta incluso niños, quienes no se vieron a salvo de las políticas de terror impuestas por el régimen para garantizar su sobrevivencia.

Pese a dichas declaraciones, el candidato Javier Milei fue el segundo candidato más votado durante las últimas elecciones, lo que lo ha llevado a la segunda vuelta electoral en Argentina frente al candidato oficialista, Sergio Massa, vigente Ministro de Economía.

Sin embargo, esta situación no resulta inédita en nuestra región, puesto que, como parte de la grave crisis política que recae sobre diversos países, la polarización ha provocado que muchos temas que no deberían ser debatibles sean usados como puntos polarizantes para que diversos candidatos adquieran mayores votos frente a las desacreditadas y debilitadas fuerzas oficialistas y/o representantes de la clase política tradicional. Sobre ello hay que señalar que por años Argentina ha sido señalado como uno de los países con mayores convicciones democráticas, tal como se señala en el Latinobarómetro 2023, el 62% de la población de dicho país considera que “La democracia es preferible a cualquiera otra forma de gobierno.” (4) No obstante, en los últimos años han aumentado los hechos de violencia en ámbitos políticos en Argentina y la población ya no presenta un rechazo unánime a la violencia, en tanto que, la clase política y su incapacidad para resolver los graves problemas que perjudican a la sociedad argentina han desacreditado sus situaciones políticas y con ello la situación del respeto a la memoria histórica.

Sin embargo, el consenso respecto a la memoria histórica no debería verse afectado y menos cuestionado por las crisis políticas, puesto que, la defensa de la vida, la dignidad, la integridad y los derechos inherentes a cada ser humano no son una posición política sino son obligaciones que el Estado debe garantizar, en tanto que, es la razón de su existencia. Por dicho motivo, mantener un discurso negacionista de la memoria histórica implica un ataque más profundo hacia el respeto de los derechos humanos en el día de hoy. Ello se demuestra con el hecho de que el equipo de campaña del candidato Javier Milei también ha indicado que la Secretaría de Derechos Humanos no tendría cabida en un posible gobierno de Milei, en el contexto de su recorte de Ministerios y departamentos gubernamentales. (5) Ello solo reafirma que en Argentina, existe una grave amenaza hacia la protección de los derechos humanos que parte desde la protección de la identidad, derecho que se puede entender desde una perspectiva individual como colectiva.

Nosotros como personas tenemos una identidad individual que nos hace únicos y forman parte importante de nuestra personalidad, debido a ello, los derechos humanos protegen este derecho de forma integral, en tanto que, la protección de la persona no radica únicamente en la defensa de la vida sino de aquellos elementos que hacen a la persona distinta y valiosa por sí misma. En dicho sentido, Bruno Groppo señala que la memoria es el elemento principal de la identidad, porque sin memoria, un grupo social deja de reconocerse a sí mismo y por ende, se desintegra. Es por dicha razón que las políticas de la memoria buscan orientar a las sociedades hacia un futuro deseable y ello resulta vital para evitar que la sociedad vuelva a ser víctima de tratos inhumanos. (6) Lo señalado reafirma la vinculación entre diversos derechos humanos y la historia de un país como Argentina. Puesto que, por un lado, la memoria histórica es un derecho de todos los argentinos, en tanto que, los crímenes realizados por el Estado durante dicho periodo no fueron crímenes aislados, sino crímenes de lesa humanidad, es decir fueron realizados de forma sistemática y direccionada contra un sector de la población civil. Y por otro lado, como muchas víctimas aún se encuentran desaparecidas, la deuda histórica y judicial hacia ellxs y sus familias aún no se ha saldado, porque aún a día de hoy, no se ha concluido la búsqueda de los miles de desaparecidos cuyos paraderos siguen siendo desconocidos, así como tampoco se ha podido obtener justicia por los crímenes que se han cometido contra ellos. Es así que olvidar la historia no solo es correr el riesgo de que esta vuelva a repetirse y así lleve a la Argentina hacia un nuevo periodo de oscuridad en las que los derechos humanos vuelvan a ser un objeto de defensa constante; sino que es ignorar las luchas de los familiares de las víctimas en el día de hoy, quienes aún están esperando justicia casi 40 años después de la caída del régimen.

Pedro Huilca, otras víctimas y la justicia que aún no llega:

En un contexto distinto, pero igualmente relacionado a la memoria histórica se encuentra el caso de Pedro Huilca, líder sindical de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) quien fue brutalmente asesinado el 18 de diciembre de 1992 por miembros del Grupo Colina. Caso que hasta el día de hoy no ha sido resuelto, por lo que, no ha habido justicia para los familiares, quienes tienen que ver a los culpables sin condena por el brutal asesinato.

Este caso demuestra otra arista relativa a los derechos humanos, en tanto que, anteriormente se ha hablado de la memoria histórica en torno a los acontecimientos que afectan a la sociedad como un conjunto y cómo el recordar ello implica una defensa pasiva de los derechos humanos. Sin embargo, en este caso, se aborda la memoria histórica desde la justicia hacia las víctimas, punto que ya no pasa tanto por las medidas educativas que puede tomar el Estado para concientizar a la sociedad, sino de concretar medidas reparativas hacia las víctimas o sus familiares que han vivido en carne propia las violaciones de los derechos humanos.

Es así que el caso de Pedro Huilca es muy llamativo porque, inicialmente el proceso se inició durante el periodo de la dictadura de Alberto Fujimori, y los informes de aquel entonces de la Policía Nacional afirmaron que los culpables eran miembros de la organización terrorista Sendero Luminoso, razón por la que durante mucho tiempo se les atribuyó la culpabilidad por el asesinato del líder sindical. Sin embargo, dicha versión no estaba acorde a los hechos narrados por los testigos, quienes estaban seguros que las personas detenidas no eran quienes los habían atacado, al ser ellos testigos presenciales. No obstante, en dicho momento no pudieron probar lo contrario y las autoridades acusaron y condenaron a un grupo de integrantes de Sendero Luminoso a quienes se les atribuyó el asesinato de Pedro Huilca. Años después se encontraron nuevos medios probatorios y se dieron declaraciones en contra de miembros del Servicio Nacional de Inteligencia y del Grupo Colina sobre el asesinato de Pedro Huilca, sin embargo, tras 2 procesos fallidos por la falta de colaboración por parte de las autoridades, la familia de Pedro Huilca llevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En dicho sentido, la Corte afirmó que el ejercicio de la libertad de asociación ejercida por el señor Huilca le costó una represalia fatal y que su fallecimiento tuvo un efecto amedrentador sobre los trabajadores del movimiento sindical peruano. (7) Ello fue determinado debido a que Pedro Huilca había convocado en múltiples ocasiones, marchas contra el gobierno por los cambios en la legislación laboral. En dicho sentido, también había retado públicamente a la dictadura y ejercido una oposición frontal contra Alberto Fujimori, hasta tal punto que 3 días antes de su asesinato, participó de la “Marcha Unitaria” que logró convocar a diversos sectores de la sociedad afectados por las medidas laborales establecidas por la imposición de la nueva constitución fujimorista.

Asimismo, la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos también determina que el Estado peruano vulneró los derechos de la familia de Pedro Huilca en tanto que obstaculizó el proceso judicial mediante la deficiente actuación de la Policía Nacional del Perú, lo que conllevó a que no se realizara un proceso contra quienes tenían fuertes indicios de culpabilidad, que eran los miembros del Grupo Colina. Este punto permite ver que el debido proceso se encuentra fuermente vinculado a la búsqueda de la verdad, verdad que todos como ciudadanos merecemos, en tanto que la verdad nos permite saber cómo estamos siendo afectados o beneficiados y así poder actuar colectivamente en función a ello mediante los mecanismos democráticos. En dicho sentido, como menciona Luisa Castillo, investigadora del IDEHPUCP, el derecho a la verdad ha sido reconocido por la Corte Interamericana, y se encuentra subsumido en las garantías judiciales contempladas en el debido proceso. Puesto que, el esclarecimiento de los hechos violatorios que se establecen en el proceso judicial están relacionados con el derecho a la verdad que tienen las víctimas. (8) Por ello, tanto en el caso de la familia de Pedro Huilca como de muchas otras víctimas se hace presente la necesidad de cumplir con brindarles la verdad sobre lo que les pasó a sus familiares y así poder estar en paz con la justicia de dichos crímenes.

En dicho sentido, el Estado al no permitir que la familia de Pedro Huilca acceda a la verdad sobre aquello que pasó, no solo vulnera su derecho a la verdad sino que afecta la memoria histórica colectiva de toda la sociedad porque el asesinato de Pedro Huilca no es grave solo por la importancia en el ámbito social que tenía, sino porque es prueba de un crímen cometido por el Estado. En dicho sentido, aún al día de hoy, no se puede afirmar legalmente que Pedro Huilca fue asesinado por ser un líder sindical opositor del régimen fujimorista, lo que priva a los ciudadanos peruanos de mantener una memoria histórica colectiva integral que reivindique justicia para todas las víctimas y una condena legal para quienes pervirtieron su labor en el Estado y usaron la fuerza para su propia conveniencia.

Conclusiones:

La pandemia y la posterior crisis económica y social en la que se sumió el mundo entero ha implicado un cambio en las tendencias políticas de las sociedades, provocando la existencia de grupos cuyas prioridades ahora están orientadas a buscar soluciones más efectistas que no siempre avalan la importancia relacionada al debido respeto de los derechos humanos. De tal modo, lejos de opiniones políticas puntuales, la defensa de los derechos humanos y de la memoria histórica deberían ser puntos no sometidos a controversia porque son pilares básicos de cualquier democracia fundamentados en la defensa de las personas. Es así que, los casos de Milei y Pedro Huilca que se han desarrollado últimamente solo son síntomas de un problema común y es que las políticas de memoria histórica no han sido adecuadamente adoptadas o sencillamente no han sido adoptadas. En Argentina, pese a los grandes esfuerzos de impartir justicia sobre los más altos funcionarios culpables de crímenes contra la ciudadanía; y de educar al pueblo argentino en el respeto de los derechos humanos sin importar los tintes y colores, no ha podido lidiar con la constante inestabilidad política que ha mermado la confianza de la población sobre su clase política y sobre el sistema democrático en sí. En nuestro país, el caso de Pedro Huilca es muy emblemático aún el día de hoy puesto que, vivimos en tiempos en los que la credibilidad del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y de los testimonios de las víctimas se encuentra más vulnerable. La crisis política de la última década ha debilitado a muchos sectores políticos y académicos que promovían la defensa de los derechos humanos, lo que ha llevado a que en sí se den peligrosos retrocesos en cuanto al recuerdo de lo acontecido durante la dictadura. Ante ello, es importante la actuación de la sociedad civil y de la clase política respecto a la concientización del respeto de los derechos humanos y la trágica historia en nuestros países, puesto que, tal como señala una poderosa frase del pueblo argentino enunciada por el Fiscal Julio Strassera: “Nunca más”.

BIBLIOGRAFÍA: