Escrito por Estephany León, miembro del Área de Investigación del Equipo de Derechos Humanos.

Cada cinco años, un importante porcentaje de la población se sorprende de los resultados electorales. Esta es una constante que sucede, al menos, desde los comicios del año 2011. En la contienda electoral del presente año, lo que siguió a esta situación fue una polarización política y una serie de lamentables eventos que terminaron por evidenciar qué tan hondo es el racismo, clasismo y centralismo en la sociedad peruana. Una de las situaciones que más han llamado la atención es la abierta agresión y discriminación contra integrantes de grupos indígenas y originarios cuya primera lengua no es el castellano. Muchos de los ataques contra este sector de la población se enfocaron en que estos ciudadanos “no saben ‘hablar bien’ el castellano” y, por lo tanto, son personas ignorantes y sin educación. De esta manera, este tipo de argumentos eran usados para descalificar al candidato presidencial y la opción política compartida por la mayoría de este sector.

Lamentablemente, esta no es una situación aislada y, por el contrario, es una realidad dolorosamente palpable. En este respecto, conviene recordar la vergonzosa polémica desatada a partir de la transmisión del documental titulado “Los castellanos del Perú” en el marco del programa Aprendo en Casa. Y es que, si bien existe un reconocimiento constitucional de los idiomas originarios y nativos, es evidente que este no es suficiente. El artículo 48 de la Constitución vigente establece que: “Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes, según la ley.” Por su parte, el inciso 19 del artículo 2 de la citada norma reconoce el derecho de toda persona a “su identidad étnica y cultural”, señalando que “el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad.” De igual manera, el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución reconoce el principio-derecho de igualdad, prohibiendo expresamente la discriminación por motivo de idioma. No obstante esto, se evidencia que el aparato gubernamental y las instituciones estatales, en su vasta mayoría, se manejan en castellano y no cuentan con intérpretes, incluso en las regiones del Perú donde existe un amplio porcentaje de personas cuya primera lengua es diferente al castellano. De igual manera, a pesar de que la discriminación se encuentra taxativamente prohibida, es una situación común.

En particular, la discriminación lingüística “obedece a una postura etnocéntrica respecto a la forma de utilizar una lengua determinada, donde el sujeto al considerarse parte de un grupo sociocultural determinado asume que su variedad lingüística es la idónea” [2]. A este respecto, se ha determinado que este tipo de discriminación se puede plasmar de tres maneras: discriminación por la región geográfica de nacimiento, discriminación educacional y discriminación intrínseca de los hablantes auténticos. En este sentido, la discriminación lingüística por región “se desarrolla dentro de un contexto de migración en el que un grupo móvil arriba a un determinado lugar en el cual existe un modo particular de hablar” y es ejercida por “personas que practican el dialecto “oficial” hacia personas que, por la reciente movilidad geográfica, no lo han adquirido” [2]. Por ejemplo, consiste en el rechazo de “la forma de hablar de los inmigrantes de las regiones andinas o de otra lengua y discriminarlos por no hablar “bien” el español de la capital” [1]. Por otro lado, la discriminación educacional se vincula a los medios educativos oficiales. En este sentido, “desde que el individuo ingresa a las instituciones educativas públicas o privadas, se le enseña que existe una “forma correcta de hablar”; en consecuencia desarrollar el “habla culta” se lograría mediante una sólida educación que tendría como principal contribuyente una universidad de prestigio, dentro de la cual el estudiante a través de la instrucción permanente recibida, independientemente de la profesión elegida, y la interacción constante con personas vinculadas a diversas áreas del conocimiento, vendría a adquirirla y desarrollarla”[2]. Finalmente, la discriminación lingüística intrínseca de los hablantes auténticos “es el tipo de discriminación que se da en una persona de origen autóctono al auto discriminarse y no aceptarse tal y como es (…) Es decir, aceptan que su lengua les genera vergüenza y la ocultan y se niegan a seguir hablándola o enseñándoles a su descendencia, tratan de ocultar a toda forma sus orígenes” [1].

En este sentido, es evidente que el idioma está intrínsecamente vinculado a la identidad de las personas. En este respecto, Lucía Marroco establece que: “[l]a lengua resulta un instrumento poderoso para suscitar representaciones sociales ya que concentra un gran potencial simbólico en la medida en que se asocia con la identidad –grupal, regional, nacional, supranacional – definida tanto interna como contrastivamente, en relación con los otros; por otra parte, ubica los diferentes actores de la comunidad, promoviéndolos o discriminándolos, de acuerdo con un criterio aparentemente tan objetivo como la actuación lingüística”. De igual manera, Virginia Zavala señaló que “los recursos del lenguaje se asocian a significados sociales que posicionan a los grupos en la sociedad de diferentes maneras en cuanto a la identidad que se les adscribe” [4].

A la luz de lo mencionado, conviene agregar que en el contexto social peruano todas estas formas de discriminación lingüística se encuentran normalizadas. Muchos peruanos consideran una verdad indiscutible que existen mejores maneras de hablar que otras, a pesar de que “no se puede aseverar científicamente que una determinada manera de hablar sea mejor o superior a otra puesto que la forma de manifestación de cada una de ellas obedece a diversos factores sean estos, sociales, culturales, étnicos, etc” [2]. En este sentido, así como existe un español de Bilbao, otro de Madrid, otro de México y otro de Chile, existen diversas formas de hablar dentro de cada país y ninguna es mejor o peor que otra. Si bien en el sistema educativo se suele enseñar la variedad estandarizada de un idioma, no se debe olvidar que esto no debe ser interpretado como una jerarquización entre las formas de hablar y, mucho menos, entre los hablantes de las distintas variedades lingüísticas. De esta manera, el uso del argumento de que hay ciudadanos que “hablan un buen español” y otros que no o que hay gente que “no sabe hablar español”, esconde un prejuicio discriminatorio bajo una afirmación de aparente sentido común el cual es usado para despreciar a determinados grupos. En este sentido, la sociolingüística ha reconocido que la discriminación lingüística es, con frecuencia, una forma solapada de racismo y que es un acto que trasciende a los individuos que lo realizan en tanto es parte de una estructura social internalizada [5].

Tal vez debido a que son la mayor población en el Perú cuyo primer idioma no es el castellano, lo anterior se evidencia con particular claridad en el caso de los ciudadanos quechuahablantes. De esta manera, la alternancia de vocales por parte de estas personas – la cual encuentra su explicación en a las diferencias fonéticas y morfológicas propias del quechua, las cuales hacen que sea profundamente diferente a las lenguas romances; en este sentido, por ejemplo, en algunas variedades del quechua sólo existen las vocales A, I, U, por lo que los sonidos de la ‘E’ suelen confundirse con los de la ‘I’ y los de la ‘U’ con los sonidos de la ‘O’ – se ha usado como un argumento ideologizado “para posicionar a los hablantes que la producen como sujetos inferiores en la escala social, intentando así legitimar la práctica discriminatoria” [4]. Al respecto, conviene recordar que estos discursos que reproducen un racismo estructural intrínseco a nuestra sociedad se ven reforzados por las estructuras de poder y por las prácticas normalizadas de los ciudadanos y, de manera más preocupante, por las autoridades del Estado.

Lo anterior se evidencia, por ejemplo, en las barreras de acceso que encuentran las personas hablantes de lenguas nativas u originarias para acceder a los servicios básicos. De igual manera, esta situación de desventaja estructural desemboca en que “muchos quechuahablantes -13% de la población peruana, según el censo de 2007- deciden no transmitir el idioma a sus descendientes por temor al rechazo o la burla” [6]. Lo descrito anteriormente refleja una circunstancia tan grave que, a pesar de haber sido reconocido constitucionalmente y ser considerado un lenguaje oficial, el quechua ha sido declarado un idioma vulnerable y en peligro de extinción [6]. Ahora bien, si esta es la situación del idioma originario con más hablantes en el país, no es difícil imaginar lo exponencialmente peor que resulta la situación para los hablantes de otras lenguas indígenas u originarias menos difundidas.

Por consiguiente, es evidente que la discriminación lingüísitca, fenómeno tan normalizado y practicado en nuestro país, constituye una barrera y una excusa para excluir a los ciudadanos de descendencia indígena y originaria del pleno ejercicio y garantía de sus derechos. Asimismo, como se ha evidenciado en los últimos meses, el uso de argumentos discriminatorios para desestimar los legítimos reclamos de un grupo importante de la población es una estrategia discursiva ampliamente difundida incluso por los principales medios de comunicación. En este sentido, Virginia Zavala recalca que “los grupos de poder existen, las dinámicas de poder legitiman la discriminación y el lenguaje reproduce (en sus usos, en sus prácticas) estas dinámicas” [5]. En consecuencia, la discriminación lingüística acarrea el maltrato de personas en base a un rasgo inherente a su identidad, algo que está evidentemente proscrito tanto por el derecho nacional como por el derecho internacional.

Frente a esta desalentadora situación y en el contexto del bicentenario de nuestra patria, queda en cada uno de nosotros combatir con información y datos los discursos discriminatorios que perpetúan estructuras de poder inaceptables en un estado constitucional de derecho como es el Perú. Es nuestro deber como ciudadanos difundir el respeto a los derechos humanos con la esperanza de que, en algún momento, podamos celebrar un 28 de julio en el que realmente todos los peruanos y peruanas seamos ciudadanos con los mismos derechos. Este objetivo es el que, finalmente, aspiro alcanzar con el presente trabajo.

Fuentes bibliográficas:

[1] Vila Cordero, A. (09 de diciembre de 2020). La discriminación lingüística en mi barrio. Chiqaq News – MediaLab UNMSM. https://medialab.unmsm.edu.pe/chiqaqnews/la-discriminacion-linguistica-en-mi-barrio/

[2] Muñoz Ayona, P. C. (14 de mayo de 2015). DISCRIMINACIÓN LINGÜÍSTICA O LA “FORMA CORRECTA DE HABLAR”. Blog PUCP. http://blog.pucp.edu.pe/blog/pavelmunoz/2015/05/14/discriminacion-linguistica-o-la-forma-correcta-de-hablar/

[3] Marroco Martínez, L. (septiembre de 2012). Discriminación lingüística, hablantes de variedades no estándares y educación. Revista Digital De Políticas Lingüísticas, Año 4, Volumen 4 (54- 72), págs. 54-72.

[4] Enfoque Derecho. (01 de junio de 2020). Unos sobre otros: La discriminación lingüística en el Perú. Enfoque Derecho. https://www.enfoquederecho.com/2020/06/01/unos-sobre-otros-la-discriminacion-linguistica-en-el-peru/

[5] Zavala Cisneros, V. Sobre discriminación lingüística, el “terruqueo” y los grupos de poder en el Perú. La Mula. https://virginiazavala.lamula.pe/2020/05/13/castellanos-en-el-peru/virginiazavalac/

[6] Casma, J. C. (16 de abril de 2014). Discriminados por hablar su idioma natal. El País. https://elpais.com/internacional/2014/04/16/actualidad/1397683862_926411.html