Entre el abandono y la represión: Derechos Humanos; crisis nacional y regional de seguridad ciudadana

Marco Zelaya - 12 de abril de 2023 - 0 54 Views

Escrito por Marco Antonio Zelaya Castro, miembro de la Comisión de Diálogos Humanos del Equipo de Derechos Humanos.

Introducción

En las últimas semanas, no ha pasado desapercibido el incremento de noticias sobre los continuos violentos crímenes que acontecen en diferentes ciudades del Perú, cuyas víctimas muchas veces tienen que recurrir a la exposición mediática para obtener una rápida atención por parte del Estado y así garantizar un resultado justo. Esta problemática ha provocado un descenso de la popularidad y la confianza de la opinión pública sobre la labor del Estado para poder resguardar nuestros derechos ante quienes operan abiertamente contra el ordenamiento jurídico.

Producto de la necesidad de garantizar mayor seguridad a la población, diferentes sectores políticos han buscado plantear soluciones a dicho problema, cuya relevancia entre la ciudadanía se incrementa cada vez más. Sin embargo, muchas de las ideas planteadas no contemplan un adecuado enfoque de derechos humanos y pueden resultar peligrosas para el desenvolvimiento de la democracia misma. En dicho sentido, resulta inquietante que en la región Latinoamericana cada vez surjan más ejemplos de países que adoptan medidas de endurecimiento punitivo que muchas veces son usadas para la criminalización de la oposición política.

Por ello, la seguridad ciudadana representa un problema mucho más complejo de lo que se suele pensar al hablar de un incremento de vigilancia o de penas mayores para quienes son capturados. Sin embargo, ante todo hay que entender la problemática que impide la adecuada satisfacción de esta necesidad pública y qué tan prioritaria resulta para la ciudadanía, puesto que a partir de ello es que se plantea el debate de políticas públicas.

El problema de la delincuencia y la percepción de la ciudadanía en el Perú

En el mes de enero, la encuestadora CID Gallup realizó un estudio en toda la región Latinoamérica y los datos obtenidos fueron alarmantes para nuestro país. Perú fue detectado como el segundo país en sentir un mayor incremento de la delincuencia en los últimos 4 meses con un 70% de la población, mientras que El Salvador fue el único país que siente que la delincuencia ha descendido más de lo que ha aumentado (1). Este dato se puede leer de forma conjunta con lo mostrado por la encuesta de IPSOS realizada en febrero de 2023, que indicaba que al menos un 53% de la población consideraba como prioritaria la lucha contra la delincuencia. (2) De tal modo, es evidente que la seguridad ciudadana constituye un problema que afecta de forma directa o indirecta a todos los ciudadanos, en tanto que, si bien la data presentada no implica que las personas hayan sido víctimas de un crimen, sí se sienten afectadas por este problema, por lo que no pueden tener una vida plena y satisfactoria debido al temor constante de ser las próximas víctimas de la delincuencia y de poder no solo sufrir una pérdida de bienes materiales, sino de correr el riesgo de ser herido o asesinado en el proceso. Esto, a su vez, tiene implicancias económicas, en tanto que el costo de la seguridad pasa a ser un gasto personal más que cubrir, mediante sistemas de alarmas, seguros contra robos, usos de taxis por aplicativos, entre otros. Esta necesidad se suma a la ya existente crisis socioeconómica y política post pandémica que se vive en nuestro país.

La existencia de esta negativa percepción por parte de la ciudadanía lleva a cuestionar el rol del Estado y de las instituciones correspondientes encargadas de dicha labor, como la Policía Nacional del Perú y, en parte, el Poder Judicial. Sobre ello, en un informe del portal Ojo Público se detalla cómo el problema también parte de los constantes cambios de titulares del Ministerio del Interior, en tanto que ello dificulta el planteamiento y seguimiento de políticas públicas. Así también, la presencia de datos sobre los avances contra la delincuencia ha reducido con el pasar de los años hasta desaparecer en algunos aspectos como la incautación de armas (3) Esto demuestra que, pese a las constantes iniciativas de parte de ciertos sectores para poder intensificar las penas o buscar la aprobación de la pena de muerte, el problema de la delincuencia tiene raíces muy profundas cuyo trasfondo también está relacionado al mal manejo político y a la falta de estabilidad que permitan el planteamiento de adecuadas políticas públicas a largo plazo. Lo que genera una sensación de vacío de poder e impunidad en toda la población.

Dichos datos llevan a la interrogante de cuál debería ser el rol del Estado en respeto a los derechos humanos y en qué medida se afectan estos al tener un mal manejo del problema de la inseguridad ciudadana.

La seguridad ciudadana como un derecho vinculado a otros derechos

Muchas veces se habla de la seguridad ciudadana como un objetivo, pero no se le conecta directamente con el respeto a los derechos fundamentales, aunque indirectamente podemos ver involucrados al derecho a la vida, a la integridad física, que se encuentran constitucionalmente protegidos en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, una concepción enfocada a la protección de estos derechos debe ser entendida de forma muy integral, en tanto que la tutela no se puede limitar a la acción post crimen en los medios judiciales. A su vez, se deben contemplar no solo políticas públicas de rápida respuesta de la Policía tras la realización inmediata del crimen, sino también la posibilidad de generar espacios que brinden la seguridad necesaria para la vida plena de sus ciudadanos. En dicho sentido, Ilda Cartagena señala que nos encontramos en épocas en las que se produce una ruptura verdadera del tejido social, en tanto que la crisis no se limita a los crímenes como un fenómeno aislado, sino vemos crisis de desigualdad, falta de educación, pocos puestos de trabajo, circunstancias que solo provocan la ruptura de aquello que debería cohesionar una sociedad y garantizar la seguridad y beneficio de todos sus ciudadanos (4). Ello demuestra que la seguridad ciudadana no puede ser entendida como una necesidad más del sistema en el que vivimos, sino que es un presupuesto y muchas veces una consecuencia de los principales problemas de desigualdad que afectan a nuestro país.

Por lo tanto, es importante de cara al respeto a los derechos humanos el reconocer que no puede haber eliminación de desigualdad, educación universal, mejores servicios sociales sin una adecuada política de seguridad ciudadana y viceversa. En dicho sentido, es posible ver muchos ejemplos en la actualidad, la aparición de mafias de crimen organizado que impiden el crecimiento de muchos microempresarios por el cobro de cupos parasitario; el truncamiento de futuros académicos por las malas condiciones de vida que propician al acercamiento a la delincuencia, unido a la falta de políticas para la juventud que enseñen nuevos estilos de vida y puedan articular con el trabajo policial una verdadera lucha contra la delincuencia. Es con este tipo de políticas integrales que muchos especialistas han planteado, pero que muchas veces resulta difícil aplicar y peor aún, no necesariamente responden a las necesidades inmediatas de seguridad, que muchas veces propician directa o indirectamente el empoderamiento de discursos que, por el contrario, proponen la represión como una salida inmediata ignorando la búsqueda de una solución de fondo. Por ello, es importante que sepamos qué límites implica la tutela de este derecho y los peligros que puede significar su inadecuada contemplación.

Los peligros en la lucha por la seguridad ciudadana

Pocas son las voces de grupos políticos en nuestro país y en Latinoamérica, las que pregonan políticas efectivas a largo plazo y que mantengan un debido respeto de los derechos humanos en un corto plazo. Sin embargo, muchos son los peligros a los que se somete la integridad de las personas y la estructura de la democracia misma en los países que han decidido tomar el camino de la punitivización de conductas inherentes a la pobreza misma. Tal como se puede ver ahora en El Salvador, país donde Nayib Bukele, usando el estandarte de la seguridad pública, ha logrado destruir a la oposición política y el equilibrio de poderes en su país, logrando aún así mantener los niveles de popularidad más altos de toda la región. En ese sentido, es importante tomar en cuenta los peligros que implica adoptar medidas de seguridad ciudadana que pretendan traspasar límites de la fuerza y de los procesos legales que vulneren derechos.

Una propuesta que representa un peligro y es a la vez muy popular en diversos países es la militarización de la seguridad ciudadana. Respecto a ello, Amnistía Internacional ha señalado en noviembre del año pasado, que una de las principales amenazas a los derechos humanos es la militarización de la seguridad pública. Sobre ello, en diversas Sentencias de la CIDH, que son vinculantes a nuestro ordenamiento, se ha señalado que las Fuerzas Armadas solo pueden limitarse a los conflictos armados, en tanto que su entrenamiento se especializa en dichos contextos y que no están capacitados en el trato con la ciudadanía o con el crimen organizado en general (5) Este es un problema que también hemos atravesado en nuestro país durante los últimos meses, en los que el nivel de violencia y de bloqueo de carreteras llevó al Estado peruano a utilizar la fuerza militar como medida disuasiva para restaurar el orden.

Por otro lado, países como Perú y Ecuador han decidido promover la defensa propia, siendo en el caso de Ecuador, la defensa de los mismos ciudadanos con armas letales personales; y en el caso de Perú, la aprobación de una Ley que dispone el uso de armas no letales por parte de los Serenazgos municipales. Sin embargo, pese a que la medida peruana no parece tan gravosa como la medida adoptada en Ecuador, resulta un peligro para la ciudadanía, puesto que como señaló Defensoría del Pueblo en un informe de noviembre del año pasado, el servicio de Serenazgo tiene severos problemas en su estructura que pasan por falta de criterios para su selección, inestabilidad laboral, falta de capacitación en problemáticas de la sociedad, así como de falta de evaluaciones de salud mental que permitan saber su capacidad para el porte de un arma no letal (6). Ello demuestra que muchas de estas medidas, pese a no ser premisas que graven los derechos de la ciudadanía en demasía, si se les aplican en un contexto de por sí precario para los servicios públicos, resultan un riesgo para la sociedad. Por otro lado, la medida adoptada por países como Ecuador son la entrega total al populismo al poner en la mesa la idea de que los ciudadanos estarán más seguros si pueden defenderse ellos mismos, cuando en realidad esa visión no solo es contraria a los derechos fundamentales, sino que dificulta la fiscalización del uso de armas letales y destruye todos los valores de ciudadanía en sociedad que deberían partir de un estándar de seguridad mínima garantizado por el Estado.

Así también, se debe tomar en cuenta que, en muchos casos, como en El Salvador, las medidas de seguridad que carecen de proporcionalidad sirven como herramientas para imponer un grado de represión política sobre la población aludiendo a la lucha contra la inseguridad ciudadana. En dicho sentido, se puede resaltar como un ejemplo de una peligrosa y desproporcionada aplicación de medidas de seguridad al conocido Plan Bukele que, tal como señaló Amnistía Internacional en el 2022, implican una violación generalizada de los derechos humanos, el debido proceso y la criminalización de la población en situación de pobreza que no está vinculada a las pandillas que perjudicaban la seguridad de El Salvador y que de por sí ya tenían un difícil acceso a los recursos judiciales para su adecuada defensa (7). Sin embargo, es importante señalar que, pese a la evidente violación hacia los derechos humanos, la población de dicho país apoya dichas medidas ante el desconocimiento de los crímenes del gobierno por la eliminación y desacreditación de la oposición frente a un discurso popular contra la amenaza general de la inseguridad. Así también, la difusión de la popularidad de Nayib Bukele se sigue difundiendo por toda Latinoamérica en lo que es una ola peligrosa de discursos punitivistas en la región, tal como muestra una encuesta de Plaza Pública Cadem en Chile, del 75% de la población que conocía a la figura de Nayib Bukele, el 78% tiene una imagen positiva del Presidente de El Salvador (8) Ello, sumado a las nuevas medidas tomadas por el Presidente Gabriel Boric para reforzar la autoridad policial y la ilegalización de muchas conductas realizadas en el estallido social del 2019, implican un giro hacia el punitivismo que podría conllevar consecuencias riesgosas para la población y el derecho a la protesta.

En dicho sentido, en Perú, no somos ajenos al peligro de la criminalización de la protesta mediante medidas que pueden surgir con el emblema de la defensa de la seguridad ciudadana. Puesto que, como señala la reciente encuesta de febrero del 2023 de Datum, un 54% de la población tendría una sensación positiva si es que las Fuerzas Armadas salieran a controlar las movilizaciones. Así como también un 83% de la población se siente frustrado o amenazado por las protestas y sus repercusiones que han venido ocurriendo. (9) Por lo que, resulta preocupante que además en los últimos meses se haya escuchado políticos regionales y nacionales el hablar bien del plan Bukele en un contexto tan complicado como el que manejamos en nuestro país.

Conclusiones

La seguridad ciudadana es una problemática actual que afecta el modo de vida de muchas personas en nuestro país. El problema resulta tan complejo como su posible solución, en tanto que hay diversos problemas estructurales a partir de los que se debe ir de la mano para una erradicación real de la delincuencia. Sin embargo, ello no elimina la imperante necesidad de poder plantear una solución a corto y mediano plazo, en tanto que la seguridad ciudadana también implica la tutela de derechos humanos de la población. Aunque ello no debe implicar que se puedan vulnerar otros derechos humanos para alcanzar este objetivo.

Es importante poder reflexionar en torno a la contemplación de este derecho y a sus implicancias en relación con otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión, el debido proceso, entre otros derechos que son necesarios para la democracia misma. Esto cuenta con mayor importancia en el Perú, puesto que vivimos en un precario contexto de crisis social, económica y política, donde las desigualdades en la normativa son cada vez más amplias; el accionar policial es cada vez más deficiente, cuestionable y menos focalizado en las necesidades de seguridad de la población; y que, por el contrario, provocan que se agraven las brechas de desigualdad que están directamente conectadas a este problema.

BIBLIOGRAFÍA: