Caso Camila, una niña indígena abusada sexualmente cuyo caso presenta un fallo histórico para la despenalización del aborto en casos de embarazos infantiles.
0 518 Views Escrito por Ariana Sierra, miembro de la Comisión de Diálogos Humanos del Equipo de Derechos Humanos.
Introducción
El día de ayer, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU emitió un fallo histórico contra Perú por negar el aborto terapeutico a una menor de edad, se debe tener en cuenta que es la tercera vez que se sanciona al Estado Peruano por la materia.
En el presente artículo se presentará el Caso de Camila, una niña indígena abusada sexualmente por su propio padre y que enfrentó un embarazo forzado, tras su criminalización por sufrir un aborto espontaneo, su caso llegó al Comité de Derechos del Niño de la ONU.
El caso de Camila, 13 años
En el 2017, en el distrito de Huanipaca, Apurímac, una menor de 13 años, Camila, como ha señalado llamarse para proteger su identidad, se enteró que estaba embarazada por su abusador sexual- su progenitor, quien abusó de ella desde los 9 años [1]. Con este acontecimiento, Camila señalaba que prefería la muerte antes que llevar un embarazo forzado, comentarios muy fuertes pero que evidenciaban su decisión de interrumpir el embarazo, decisión que no fue escuchada por las autoridades, pues lo manifestó tanto en las visitas médicas como declaraciones fiscales [2].
En diciembre del 2017, tras dolores abdominales, Camila fue internada en un hospital de la ciudad de Abancay, en donde tuvo un aborto espontáneo, tras este suceso su comunidad atacó a la menor por diversas creencias conservadoras, lo cual originó que Camila abandone sus estudios. Sin embargo, esto no fue lo único, pues a la par de que su padre haya sido condenado a cadena perpetua, la Fiscalía de la Nación también inició investigaciones por el aborto que había sufrido Camila, así se le imputo el delito de inducción del aborto [1].
Lo anterior demuestra como Camila pasó de ser una víctima a victimaria para nuestro sistema judicial, ya que para el mes de agosto de 2018 fue condenada por el delito de autoaborto, posteriormente apeló y se revocó el fallo, sin embargo, no se puede reparar tal daño, pues fue revictimizada y criminalizada por las autoridades peruanas.
En el 2020, Camila con apoyo del Movimiento Son Niñas No Madres, integrada por diversos organismos a favor de los derechos de niñas latinoamericanas, presentó la demanda ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, y tras 3 años ha encontrado justicia.
Fallo del Comité de los Derechos del Niño de la ONU
El dictamen ha determinado que Camila fue víctima de discriminación por su edad, género, origen y estatus social, así como también revictimizada pues la fiscal que llevó su caso ordenó un examen de la escena del crimen con la presencia tanto de Camila como de su agresor [3]. Con ello, se criminaliza a la menor por un delito de autoaborto infligido cuando solicitó acceder a un aborto terapeutico que las autoridades no atendieron y que está permitido en nuestro país. Más allá de investigar sobre el abuso sexual que sufrió la menor, la Fiscal desvió la investigación para centrarse en el delito de autoaborto [3].
Un lamentable episodio que se repite por varios jueces, fiscales, en general autoridades en nuestro país, pues en vez de proteger a las verdaderas víctimas desvían las investigaciones para desproteger a menores o en casos como el de Camila, revicitimizarlas y criminalizarlas por un delito que en principio debió ser un servicio que el Estado debió proveer por ser una menor de edad.
Es así que, la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU determinó en su fallo la importancia de garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva lo cual incluye la interrupción voluntaria del embarazo en casos de menores de edad; asimismo, las Naciones Unidas exhortó al Estado peruano despenalizar el aborto en todos los supuestos de embarazo infantil, y asegurar el acceso a servicios de aborto seguro y cuidados postaborto, como también modificar la normativa sobre el aborto terapeutico, entre otras medidas que tengan como objetivo proteger a las menores de edad víctimas de abuso sexual [1].
Situación actual en Perú
Hugo Gonzáles, el representante de Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Perú ha señalado que lamentablemente el caso de Camila no es el único en nuestro país, así señaló que en el 2020 en nuestro país se registró 1.158 casos de niñas de 10 a 14 años que fueron madres, para el 2021 subió a 1.437 y en 2022 a 1.626 niñas que fueron madres [3].
Asimismo, señaló que esta problemática social se ha incrementado por cuarentena del COVID 19, en donde muchas menores de edad se quedaban encerradas con sus agresores sexuales. Ante esto, señaló que el Estado peruano debe garantizar la protección de las niñas y determinar que las escuelas sean dentro de todo, un lugar seguro para ellas.
Así también, el representante de la UNFPA mencionó sobre una figura controvertida en nuestro ordenamiento, esto es sobre el matrimonio infantil que se trata en que, cuando una violación termina en embarazo, los agresores se casan con la menor para evitar la justicia, y como nuestro ordenamiento sí permite que una menor de 14 años pueda casarse, el violador se convierte en esposo, con lo cual se desvía el delito de abuso sexual contra menores de edad. Ante este supuesto Hugo Gonzáles recomienda eliminar esta figura [3].
Pronunciamiento de las autoridades
Dada la reciente emisión del fallo de la ONU sobre el caso de Camila, solo se ha podido escuchar pocos comentarios sobre el fallo, uno de ellos es el pronunciamiento del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quién afirmó:
“Para el Estado lo más fácil sería permitir el aborto y con eso solucionar el problema. No, el problema no es ese. El problema es que hemos desprotegido a nuestra niñez, la hemos dejado a expensas de pedófilos, de personajes que ocasionan grave daño en la sociedad” [4].
Con ello, se puede evidenciar el rechazo del Defensor del Pueblo al aborto como medida dispuesta por la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, contra ello señala que se deben buscar medidas para la protección de la niñas, sin embargo, no podemos desconocer la realidad de nuestro país y lo regulado por normativas tanto nacionales como internacionales ante casos que vulneran los derechos de menores de edad, pues en el caso de Camila se vulneró su derecho de acceso a la salud para la interrupción de su embarazo, un aborto terapeutico legal en nuestro país desde 1924 que fue impedido por no brindarse la información necesaria y la insistencia por autoridades en continuar con su embarazo.
Conclusiones
Después de 3 años aproximadamente, Camila pudo encontrar justicia tras una serie de abusos por parte de varias autoridades de nuestro país, esto después de quedar embarazada por su agresor sexual, su propio padre. Ante este hecho, Camila manifestó su voluntad de interrumpir su embarazo, pero poco fue escuchada aún así de contar con su derecho de acceso al aborto terapeutico, pues no recibió información sino de lo contrario insistencia por parte del equipo médico en continuar con su embarazo.
Tras un embarazo espontáneo dado a diversos factores como su edad, fue criminalizada por el delito de autoaborto, lo cual la condenó en agosto de 2018, pero que tras una apelación se revocó la sentencia. Todo este proceso evidenció una discriminación a la menor así como también una revicitimización a la menor.
Con el dictamen del Comité de los Derechos del Niño de la ONU se ha determinado que el Estado peruano vulneró derechos a la salud y vida de la niña indígena víctima de violación sexual, y se emitió un fallo histórico, la ONU insta a Perú que se despenalice el aborto en todos los casos de embarazo infantil, lo cual servirá de precedente para Perú y toda Latinoamérica.
Bibliografía
[1] El País. (2023, 13 de junio). Naciones Unidas condena a Perú por vulnerar los derechos de una niña víctima de violación juzgada por abortar.
[2] Infobae. (2023, 14 de junio). Camila, la niña indígena violada y forzada a gestar: el fallo histórico donde la ONU pide a Perú despenalizar el aborto.
[3] El Comercio. (2023, 14 de junio). De víctima de violación a acusada: la historia de Camila, la menor de 13 años cuyo caso obligó a que la ONU condene la legislación peruana.
[4] La República. (2023, 14 de junio). Defensor del Pueblo en contra de legalizar el aborto en casos de violaciones: “Es lo más fácil”.
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