Escrito por Rafael Sebastian Polar Huaco, Director de la Comisión de Diálogos Humanos del Equipo de Derechos Humanos, y Claudia Crespo Chavez, Directora de la Comisión de Impulsa DH del Equipo de Derechos Humanos.

Introducción

Esta semana, precisamente este lunes 28 de agosto, se conmemoran veinte años desde la importante presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, conocida como CVR, al Estado peruano. La presentación de dicho informe, compuesto por nueve volúmenes, detalla de forma precisa el complicado periodo de violencia armada que tuvo lugar en nuestro país durante el Conflicto Armado Interno. En la actualidad, la importancia del Informe de la CVR y, simultáneamente, los esfuerzos de diversos espacios académicos de evidenciar su vigencia, nos ha permitido como ciudadanos críticos poder evaluar los diferentes progresos que se han alcanzado por parte del Estado peruano en relación a las recomendaciones establecidas en dicho documento. 

En ese sentido, en el presente artículo de opinión, se analizará las diferentes campañas que han buscado visibilizar la relevancia del Informe Final y, al mismo tiempo, reflexionar sobre las dificultades que los diversos espacios reaccionarios han representado en el esfuerzo de promover una cultura de derechos humanos en el país. 

¿Cuánto hemos avanzado?

De acuerdo a lo expresado por Sofía Macher (2007, p. 7), en líneas generales, existe una sensación en nuestro país de que no se ha avanzado de manera significativa en la implementación de las recomendaciones propuestas por la CVR en su Informe Final. Desde nuestro punto de vista, la actual crisis política y social ha dejado en claro lo lejos que estamos de lograr una realidad nacional que priorice cambios urgentes. Estos cambios son esenciales para establecer, en primer lugar, un sistema legal efectivo que evite la violencia y la discriminación sistémica, y que asegure la inclusión de todos los ciudadanos en el proyecto del Estado peruano. En segundo lugar, es crucial tener un Estado que se caracterice por el respeto, la protección y el compromiso con los derechos humanos.

En la actualidad, sigue siendo relevante evaluar las 85 recomendaciones de la CVR de manera conjunta, en lugar de considerarlas de manera aislada. Este contexto se ha caracterizado por violaciones de derechos humanos por parte de agentes gubernamentales durante protestas recientes, lo que ha dejado a muchas familias sin la posibilidad de buscar justicia para sus seres queridos. Además, el discurso oficial ha justificado repetidamente el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes estatales en la represión de las protestas. El Informe Final de la CVR sigue siendo relevante al observar que ciertos patrones persisten hoy en día. A pesar de avances relativos en áreas como reparaciones, búsqueda de desaparecidos y procesos judiciales, la lentitud y la falta de atención estatal han obstaculizado una verdadera reparación.

En términos de reformas institucionales para abordar la discriminación y el racismo, es evidente que el Estado sigue perpetuando actitudes discriminatorias y racistas. Esto se manifiesta de dos maneras principales: primero, la respuesta del Estado varía según el origen étnico-racial de los grupos afectados; segundo, la represión es más intensa en grupos de origen étnico andino en comparación con otros. Esto contradice las recomendaciones del informe de la CVR y nos lleva a cuestionar cuánto hemos avanzado en la construcción de un proyecto nacional que evite divisiones y alienación.

En las recientes manifestaciones contra el gobierno, se ha evidenciado cómo la represión estatal ha sido diferente  para ciertas regiones. Informes de Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han señalado disparidades en la represión policial y militar entre las regiones andinas y Lima. Los medios de comunicación también han difundido discursos racistas y clasistas que minimizan las demandas de los grupos del sur andino.

Además, la respuesta del Estado a las protestas recientes ha sido criticada por el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza. A pesar de los avances en derechos humanos desde el Informe Final de la CVR, la falta de atención a las demandas populares, como un posible adelanto de elecciones o la renuncia de la mandataria actual, muestra que estos avances son insuficientes en momentos de convulsión social.

Desafíos al promover una cultura de respeto a los derechos humanos

Una de las principales recomendaciones de la CVR (2004) fue la de implementar modificaciones institucionales que permitan tener una sociedad auténticamente democrática, sustentada en la plena vigencia de los derechos humanos y el Estado de derecho (p. 411). Por cuanto, como reconoció Amnistía Internacional (2004), luego de revisar el Informe de la CVR, lo que dicho documento refleja fue una crisis a nivel de derechos humanos (p. 36), misma que podríamos ubicar en los antecedentes que propiciaron la acogida de ideologías extremistas y que, posteriormente, sirvió como principal desafío hacia la reconciliación para un país con grandes desigualdades.

En ese sentido, a 20 años de tener un documento tan importante, se evidencian aún grandes brechas en la construcción de la paz y reconciliación, precisamente, porque aún falta el desarrollo en la promoción y tutela de derechos humanos, lo que se vincula a distintos factores, algunos de los cuales fueron también precisados por la Comisión y que se detallarán a continuación.

Como menciona Hatun Willakuy (2003), asociación creada para resumir los puntos principales de la CVR, la pobreza fue uno de los principales factores históricos para mantener por tanto tiempo el conflicto, no obstante, este no habría sido suficiente para iniciar el mismo (p. 340). Es así que, lo que habría marcado una diferencia va más allá del elemento económico e incide en factores sociales y políticos, pues los grupos de SL y el MRTA habrían “vendido” un discurso hacia la posibilidad de darle voz a las poblaciones más silenciadas. 

Tras las recientes manifestaciones sociales y la reacción del Estado, es evidente que este factor no se ha resuelto del todo, de hecho, se estaría usando para deslegitimar e incluso estigmatizar los reclamos sociales. Es así que surge el término “terruqueo” que, de acuerdo a Velásquez (2022), nace en primera instancia como herramienta jurídica penal y posteriormente, luego del Conflicto Armado Interno, se usa para “controlar y monopolizar la legitimidad política recurriendo a las memorias del pasado reciente” (p. 8), Es decir, para impedir que se canalicen demandas sociales contrarias al actual gobierno, pues generan un rechazo de las mismas al apelar al temor de volver a los tiempos de SL y el MRTA.

Esta asociación errónea en la mayoría de los casos, ha llevado a que muchas protestas sociales no sean atendidas de forma adecuada y, como se ha visto recientemente, sean reprimidas con violencia desproporcionada. Por lo cual, resulta un claro desafío a superar para una mejor tutela de derechos humanos, pues uno de los medios idóneos para este fin es, precisamente, el permitir a la población reclamar situaciones de abuso, corrupción, vulneración, entre otros; con los que se muestren inconformes. De hecho, esta posibilidad de reclamo es uno de los pilares de la democracia al permitir la participación activa del poder constituyente, en suma, de la población.

A lo anterior se suman las desigualdades sociales como tales, aquellas generadas en la desproporcionada distribución de recursos y oportunidades que, evidentemente, tienen un impacto negativo en los derechos humanos. Como casos emblemáticos recientes, baste recordar el del calzón rojo y la manada de Surco que muestran la situación de vulnerabilidad de las mujeres en el Perú. De forma concreta respecto del Informe de la CVR, resulta trascendente el caso de las esterilizaciones forzadas y la gran cantidad de violaciones sexuales, mismas que aún no han sido investigadas ni sancionadas como corresponde.

Por mencionar a otros grupos en situación de vulnerabilidad, se tiene el caso de las personas con discapacidad, cuyo ámbito de protección ha aumentado luego de la modificación del Código Civil, pero aún muestra grandes desafíos tales como la construcción de infraestructura adecuada y, de modo concreto, la nulidad de las sentencias de interdicción antes de la modificación mencionada. También se tiene el caso de las personas adultas mayores y los niños, niñas y adolescentes; siendo en el último un caso reciente el del aborto terapeútico de Mila. 

Es necesario precisar que lo mencionado es apenas una parte de la gran amplitud que comprende la lucha por superar las desigualdades sociales, aún falta detallar, por ejemplo, el caso de las comunidades campesinas y nativas que fueron, en gran medida, los más afectados por el Conflicto Armado Interno y que aún atraviesan situaciones de discriminación racial y clasista en nuestro país. A lo que se suma el centralismo y poco interés por el desarrollo e impulso de las regiones al interior. Como casos emblemáticos cabe mencionar el del Baguazo y el conocido discurso (“perro del hortelano”) del entonces presidente Alan García; así como, de las recientes movilizaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte, principalmente en provincias de la sierra del país, razón por la cual se cree no tuvo la acogida suficiente, a pesar de tener un saldo de víctimas mayor al de las movilizaciones de 2020. Sin desmerecer que, a la fecha, aún no se tienen resultados concretos en la investigación de las muertes de Inti y Brayan.

Conclusiones

Ha quedado en evidencia la importancia que tienen documentos como el Informe de la CVR para los derechos humanos, especialmente luego de contextos tan impactantes como el Conflicto Armado Interno. A 20 años de su publicación, las reacciones han sido diversas, por un lado, se tiene la total aprobación y reconocimiento por ser, por ejemplo, uno de los primeros documentos en dar énfasis e importancia no solo a la violencia contra los derechos humanos como tal y en general, sino también por remarcar la violencia basada en género. No obstante, por otro lado, se tienen también críticas, algunas con más fundamento que otras.

Tal el caso de las detracciones emitidas por el Congreso de ese entonces, que calificó a algunos miembros de la comisión como senderistas o marxistas; e incluso el caso de los 43 excomandantes de las Fuerzas Armadas que emitieron un pronunciamiento negando la práctica sistemática e indiscriminada de violación de derechos humanos que el informe expuso (Oelschlegel 2006, p. 1336). A lo que se suman las críticas que parten del mencionado “terruqueo”.

Dejando al margen lo citado, seguramente, cuestionable; es cierto que el Informe de la CVR pudo tener sus fallas. Una de las principales fue la visión sesgada que se tuvo respecto de las comunidades campesinas, tal es el caso de Uchuraccay, en el que la Comisión concluyó en asignar la responsabilidad de la muerte de los periodistas a la comunidad, pero la justificó basados en la idea de tener “dos versiones del Perú” (Cépeda, 2023, s/p). Esto, a nivel fáctico, pudo esclarecer ciertas responsabilidades; no obstante, a nivel social generó una fractura y alejamiento de las comunidades campesinas, alimentando de cierto modo el rechazo a las mismas por ser “incivilizadas”.

Pese a lo mencionado, lo cierto es que este Informe nos permite entender mejor los motivos, evolución y consecuencias del Conflicto Armado Interno, como se estableció, las fallas que pudo presentar deben servir para construir un discurso más evolucionado e inclusivo. Asimismo, el valor más rescatable del Informe fue el establecer como principal medio a la paz y reconciliación el respeto por los derechos humanos que, si bien puede parecer lejano actualmente por las diversas problemáticas del país, no debemos dejarla de lado ni en abandono, especialmente si queremos evitar situaciones extremas de conflicto social.

Bibliografía

Macher, S. (2007). Recomendaciones vs. Realidades: Avances y desafíos en el post-CVR Perú. Obtenido de: https://lum.cultura.pe/cdi/sites/default/files/libro/pdf/libro%20CVR%20IDLviejita-sofia_0.pdf 

Amnistía Internacional (2004). Perú: La Comisión de la Verdad y Reconciliación – un primer paso hacia un país sin injusticias. Obtenido de: https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/amr460032004es.pdf 

Cépeda, M. (2023). A cuarenta años de las masacres de Uchuraccay: Las lecciones que no hemos logrado aprender. IDEHPUCP. Obtenido de: https://idehpucp.pucp.edu.pe/analisis1/a-cuarenta-anos-de-las-masacres-de-uchuraccay-las-lecciones-que-no-hemos-logrado-aprender/ 

Hatun Willakuy (2004). Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación . Perú. Félix Reátegui coordinador de la publicación. Impreso en Perú. Obtenido de: https://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2012/11/hatun-willakuy-cvr-espanol.pdf 

Oelschlegel, A. (2006). El Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú. Un resumen crítico respecto de los avances de sus recomendaciones. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM – Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. Obtenido de: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r08047-26.pdf 

Velásquez (2022). De las batallas por la memoria a la marca del conflicto: “terruqueo”, estigmatización y violencia en el Perú reciente. Revista electrónica de estudios latinoamericanos, volumen 20, número 80, pp. 1-24. Obtenido de: https://www.redalyc.org/journal/4964/496470836005/496470836005.pdf