Escrito por Eva María Gonzales, comisionada de Diálogos Humanos del Equipo de Derechos Humanos de la PUCP.

El Baguazo, ese trágico acontecimiento que sacudió a Perú el 5 de junio de 2009, no solo fue un ejemplo desgarrador de cómo los derechos de los pueblos indígenas fueron violados a través de la imposición de políticas extractivistas, sino también una clara manifestación de cómo el Estado peruano respondió a las protestas legítimas de las comunidades Awajún y Wampis con violencia, criminalización y discriminación. La brutal represión sufrida por los pueblos indígenas de Bagua, tras su oposición a los decretos legislativos que facilitaban la explotación de sus territorios, evidencia una doble vulneración de derechos: por un lado, la violación del derecho a la consulta previa, y por otro, la criminalización de la protesta y la discriminación racial que los pueblos indígenas han enfrentado históricamente.

La violación del derecho a la consulta previa: un derecho internacional ignorado

En un contexto donde las tierras indígenas de la Amazonía peruana fueron vistas como meros objetos de explotación, la consulta previa —un derecho fundamental consagrado en el Convenio 169 de la OIT— fue ignorada por completo. Este convenio, ratificado por el Perú, establece claramente que los pueblos indígenas tienen el derecho a ser consultados de manera libre, previa e informada sobre cualquier proyecto que pueda afectar sus territorios o sus recursos naturales. El artículo 6 del Convenio exige que la consulta se lleve a cabo de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo o consenso, y de manera que se respeten las decisiones y opiniones de las comunidades afectadas.

Sin embargo, en el caso de los decretos promulgados en 2008 por el gobierno de Alan García, que facilitaban la privatización y explotación de tierras indígenas, no hubo consulta. Las comunidades Awajún y Wampis fueron excluidas de cualquier proceso de decisión sobre sus propios territorios. En vez de realizarse un diálogo genuino y respetuoso, el gobierno optó por imponer las leyes sin ningún tipo de consulta, violando tanto el Convenio 169 de la OIT como la Constitución peruana, que también garantiza el derecho a la consulta para los pueblos indígenas. Esta omisión fue la chispa que encendió el conflicto, llevando a las comunidades indígenas a levantar su voz, a través de un paro nacional en 2008 y finalmente la protesta en Bagua en 2009.

Criminalización de la protesta y discriminación: una realidad impuesta a los pueblos Awajún y Wampis

La protesta en Bagua fue un acto de resistencia legítima de los pueblos indígenas Awajún y Wampis contra la violación de sus derechos y la amenaza de despojo de sus tierras. Sin embargo, lejos de ser vista como una defensa de derechos humanos, la respuesta del Estado peruano fue, como era de esperarse, la criminalización de la protesta y la discriminación racial. Estos dos elementos no solo marcaron los hechos de 2009, sino que siguen siendo componentes clave del trato desigual que enfrentan las comunidades indígenas en Perú. La criminalización de la protesta indígena ha sido una constante en la historia de la relación entre el Estado peruano y los pueblos originarios. En lugar de escuchar y atender las demandas de las comunidades Awajún y Wampis, el gobierno de Alan García optó por estigmatizarlas, acusándolas de terroristas o de ser parte de una conspiración externa, como se puede ver en las declaraciones oficiales y en la cobertura mediática. Las voces indígenas que alzaron sus reclamos por el derecho a la consulta previa fueron ignoradas y criminalizadas como actos de agresión contra el Estado y el orden público.

Santiago Manuin Valera, líder indígena de la comunidad Awajún, expresó el sentimiento de injusticia que se vivió, subrayando cómo las protestas fueron percibidas como “terrorismo” simplemente por el hecho de estar defendiendo el territorio ancestral. De hecho, algunos líderes indígenas fueron arrestados y acusados de instigar los disturbios, a pesar de que la violencia fue desatada por la represión estatal. En la entrevista de Oscar Chigkun Mayán, se describe cómo la estrategia del gobierno fue no solo silenciar las voces de los pueblos indígenas mediante la represión directa, sino también generar un miedo estructural que desincentivara futuras protestas.

Discriminación étnica y criminalización

Los pueblos Awajún y Wampis no solo fueron criminalizados, sino que también sufrieron una profunda discriminación étnica. Como bien explica una de las líderes Awajún, el gobierno no los veía como peruanos con los mismos derechos que el resto de la población. Se sentían tratados como “ciudadanos de tercera categoría” y, por ende, sus derechos fueron sistemáticamente vulnerados. Esta discriminación no es un fenómeno aislado, sino parte de una historia más amplia de exclusión y desprecio hacia los pueblos indígenas en Perú, que han sido percibidos durante siglos como “exóticos” o “inferiores” a la mayoría mestiza del país. El tratamiento de los pueblos indígenas en el contexto del Baguazo revela un patrón de racismo estructural en las políticas del Estado. En vez de abordar las protestas como parte de una demanda legítima por el respeto a los derechos territoriales, se optó por criminalizar a los líderes y a las comunidades como “enemigos del progreso”. Como menciona Amanda Longinote, una de las lideresas Awajún, el gobierno “nos trató como si no fuéramos peruanos” y su actitud ante las demandas indígenas fue de desdén y desprecio por sus derechos.

Este racismo institucionalizado se tradujo en una negativa a dialogar con los pueblos indígenas, una actitud que no solo se expresó en el ámbito político, sino también en la prensa, que durante y después del conflicto, difundió imágenes distorsionadas de las protestas. En muchos medios, se presentaba a los indígenas como agresores violentos, mientras que la policía y el gobierno eran retratados como víctimas de un ataque irracional.

El derecho a la protesta: un acto de defensa de derechos fundamentales

A pesar de la criminalización, los pueblos Awajún y Wampis no se arrepintieron de su lucha. Como muchos de los participantes en las protestas subrayaron, el motivo de su resistencia no era meramente económico o político, sino cultural: defendían su territorio, su identidad, y su visión del mundo. La sentencia que exoneró a los 53 acusados por el caso Curva del Diablo dejó claro que la protesta fue un acto de defensa legítima de derechos humanos. En sus palabras, el derecho a la protesta no solo estaba relacionado con el rechazo a los decretos, sino también con la protección del derecho a la vida y la autodeterminación de los pueblos indígenas.

La sentencia judicial sobre el caso “Curva del Diablo” no solo fue un hito en el reconocimiento de la legitimidad de la protesta indígena, sino también un recordatorio de que los pueblos indígenas tienen derechos constitucionales que deben ser respetados, incluidos el derecho a la consulta previa. Al finalmente reconocer el derecho de los pueblos indígenas a defender su territorio sin ser criminalizados, la Corte peruana sentó un precedente importante en la lucha contra la criminalización de los defensores de derechos humanos indígenas.  La criminalización de la protesta y la discriminación contra los pueblos Awajún y Wampis durante el Baguazo no solo fueron violaciones graves a sus derechos humanos, sino que también revelaron las profundas fracturas sociales y raciales en la sociedad peruana. A pesar de los esfuerzos del Estado por silenciar y criminalizar la resistencia, los pueblos indígenas no solo lograron visibilizar su lucha, sino que también obtuvieron reconocimiento en el marco del derecho internacional, como se reflejó en la implementación de la Ley del Derecho de Consulta Previa.

Sin embargo, como bien lo subrayan los líderes indígenas, este reconocimiento aún es insuficiente si no se lleva a cabo un cambio real y estructural en la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. El diálogo, el respeto a los derechos indígenas, y la implementación efectiva de la consulta previa son esenciales para evitar que tragedias como el Baguazo se repitan. Si el Estado peruano realmente desea superar el legado de discriminación y represión, debe empezar por reconocer el valor fundamental de las protestas indígenas como una forma legítima de defensa de derechos.

La impunidad y la falta de justicia: la larga lucha de los pueblos indígenas después del Baguazo

Los líderes indígenas fueron los principales blancos de la criminalización del conflicto. A lo largo del proceso judicial posterior al Baguazo, muchos fueron acusados de asesinatos, lesiones graves, atentados contra la propiedad pública y otros delitos relacionados con los disturbios en Bagua. Un ejemplo claro de esta persecución es el caso de Santiago Manuin Valera, líder reconocido de los Awajún, quien fue acusado injustamente de instigar la violencia, a pesar de que su única participación fue en defensa del territorio ancestral. En un testimonio de este líder, Manuin señaló que tanto él como sus compañeros de lucha eran culpables solo por defender sus derechos y su territorio: “Ellos tienen que estar en el banquillo, de los acusados, también como nosotros, porque son responsables”.

La acusación contra Manuin y otros líderes resultó en un juicio donde fueron detenidos injustamente y despojados de su libertad. La falta de pruebas en su contra fue evidente, como lo demuestran los resultados de las pruebas de absorción atómica, que no dieron positivo en ninguno de los acusados. Sin embargo, la criminalización continuó y varios de estos líderes fueron sometidos a largas temporadas de encierro y maltrato psicológico, como lo manifestó la líder indígena Luciana Dekentai: “Maltrato psicológico, porque muchos dirigentes inocentes fueron denunciados solo por ser dirigentes, pero no eran responsables de los actos”. La sentencia del Caso Curva del Diablo fue otro ejemplo de cómo el sistema judicial no solo ignoró la verdad, sino que además perpetuó la impunidad. A pesar de que la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Liquidadora de Bagua emitió una sentencia en 2016 que declaró inocentes a los 53 acusados, las dificultades legales y la presión política durante el proceso judicial nunca permitieron una verdadera justicia. Muchos de los detenidos, como Feliciano Cahuasa, Asterio Pujut y Dany López, vivieron en condiciones precarias durante años, hasta que finalmente se absolvieron, pero muchos de ellos ya habían perdido años de su vida y la justicia nunca fue totalmente reparadora.

Impunidad para los responsables de la represión estatal

A pesar de las claras evidencias de que el Estado, a través de sus fuerzas del orden, fue el principal responsable de la violencia en Bagua, nunca se ha investigado de manera efectiva a los funcionarios públicos que ordenaron y ejecutaron el desalojo violento. A pesar de los informes del Congreso de la República y las declaraciones de testigos, no se ha logrado que los altos funcionarios del gobierno rindan cuentas por la represión. Los nombres de Alan García, Mercedes Cabanillas, Yehude Simon y Mercedes Aráoz figuran como responsables políticos de las decisiones que llevaron a la violencia, pero ninguno de ellos ha sido llamado a juicio, y uno jamás podrá responder por los hechos.

Un ejemplo claro de la impunidad institucional es el caso de Mercedes Aráoz, ministra de Comercio Exterior y Turismo en 2009, quien fue señalada por impulsar los decretos que llevaron a la confrontación en Bagua. Aráoz negó su responsabilidad, alegando que era ministra de Comercio y no tenía autoridad sobre las decisiones policiales. Sin embargo, su rol en la promoción de los decretos que permitieron la explotación de los territorios indígenas y su falta de disposición para un diálogo previo con las comunidades afectadas es indiscutible.

Por otro lado, Fermín Rodríguez, otro de los acusados por el caso de Bagua, expresó que el Estado se mostró ciego ante los responsables de la masacre. En sus palabras “queremos vivir libres con nuestras familias” y reclamaban justicia no solo para las víctimas, sino también para los responsables políticos y militares que ordenaron la violencia. Sin embargo, la impunidad prevaleció, y los líderes indígenas siguieron siendo blanco de persecución, mientras que los verdaderos responsables se mantenían fuera del alcance de la justicia

El patrón de impunidad no es solo un hecho aislado de los eventos del Baguazo, sino que es una constante en la historia del trato hacia los pueblos indígenas en Perú. Como reflejan los testimonios de líderes y defensores indígenas, el sistema judicial no garantiza una justicia imparcial cuando se trata de pueblos indígenas, quienes siguen siendo discriminados y criminalizados por ejercer sus derechos. La situación no ha cambiado sustancialmente desde el 2009, y muchos de los actores políticos que fueron responsables de la represión siguen libres de cualquier tipo de rendición de cuentas. La impunidad no solo afecta a las víctimas directas de la violencia, sino también a las comunidades en su conjunto, que continúan viviendo bajo la amenaza de futuras represiones y sin la certeza de justicia. Como reflexiona Oscar Chigkun Mayán, líder Awajún, la falta de reparación y de responsabilidad oficial por parte del Estado no solo ha agravado el sufrimiento de las víctimas, sino que también ha perpetuado el maltrato y la violencia contra las comunidades indígenas que defienden sus derechos y territorios.

Conclusión

El Baguazo no se olvida. El 2009, el Perú fue testigo de cómo los derechos de los pueblos indígenas fueron violentamente pisoteados, no solo con la imposición de políticas extractivistas, sino también con la criminalización y discriminación hacia aquellos que defendían sus territorios. El derecho a la consulta previa, claramente establecido en el Convenio 169 de la OIT, fue ignorado de manera flagrante por el gobierno de Alan García, lo que provocó una represión brutal. En lugar de buscar el diálogo, el Estado prefirió criminalizar a los líderes indígenas acusándolos sin pruebas de instigar la violencia. A pesar de la abundante evidencia, los responsables de la represión nunca fueron llamados a rendir cuentas, perpetuando así una impunidad que sigue afectando a las comunidades indígenas. La falta de justicia y la criminalización de la protesta continúan siendo muros que impiden la reparación de los daños sufridos. El Baguazo es un recordatorio claro de que, para que tragedias como esta no se repitan, es urgente que el Estado peruano garantice los derechos indígenas, cumpla con sus compromisos internacionales y respete el derecho a la protesta como una defensa legítima de derechos fundamentales.

Bibliografía:

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Loayza, G. (Ed.). (2021). Cuadernos del CIPECO– Loayza. Cipeco.