Escrito por Carla Aroni Dolores y Hanny Llerena Urteaga, miembros del Área de Comunicaciones e Imagen Institucional del Equipo de Derechos Humanos.

A lo largo de los años, alrededor del mundo, el terrorismo ha afectado a un gran número de países. Como consecuencia, centenares de víctimas requieren no solo de apoyo estatal sino también de organismos internacionales. Por ello, en el año 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, a través de la cual se busca promover la elaboración de planes nacionales que asistan a las víctimas y sus familiares y atiendan sus necesidades. Asimismo, se debe tener en cuenta que el apoyo hacia las víctimas se extiende al hecho de recordar los acontecimientos por los que han pasado, así como “honrar y apoyar a las víctimas y los supervivientes del terrorismo y promover el goce pleno de sus derechos humanos y libertades fundamentales” [1]. Por ello, el 21 de agosto del 2017, mediante la resolución 72/165, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el Día Internacional en Homenaje de las Victimas de Terrorismo.

Recordemos que nuestro país no resultó exento. Hace aproximadamente 40 años, nuestro territorio fue abatido por un periodo de violencia producto de organizaciones que establecieron el terror sistemático a la población peruana. Según el Derecho Internacional Humanitario, este periodo es denominado como Conflicto Armado Interno (en adelante CAI), debido a que resultó en un enfrentamiento entre grupos armados organizados y las fuerzas del Estado peruano [2]. Las consecuencias de aquel enfrentamiento prolongado fueron evidenciadas en el Informe Final de la Comisión de la Verdad [3], el cual revela que el número de víctimas fatales del terrorismo de los años 80 y 90 es superior a cualquier otra guerra externa o civil acontencida a lo largo de los 200 años como país independiente (párrafo 2).

Asimismo, dentro de este documento, se tiene conciencia de que las fallas y excesos del actuar del Estado se deben en parte a la desconfianza hacia ciertos sectores peruanos que han sido víctimas de prejuicios sociales (párrafo 70) y de las consecuencias de la desigualdad social que ya era percibibles en esos años (párrafo 153). Cabe enfatizar que,  en la sociedad peruana, las secuelas del CAI fueron diversas; por ejemplo, aumento de pobreza, discriminación, exclusión, destrucción de la democracia, entre otros. Además, es relevante mencionar que estas secuelas afectaron con mayor intensidad a aquellos sectores de los que se desconfiaba: Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Huánuco. Vale mencionar que, por un lado, estas cuatro regiones fueron las más afectadas por la concentración de miembros de Sendero Luminoso y, por otro lado, que estas encabezan la lista de las zonas más pobres del país (párrafo 154).

Frente a este escenario,  resulta importante defender y visualizar las necesidades que aún presentan las víctimas del terrorismo, afianzando la mirada y el apoyo para consolidar el debido goce de derechos fundamentales. El Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación fue la herramienta que permitió identificar, a modo de relato, aquella compleja violencia que atravesaron las víctimas [4]. No obstante, queda pendiente la mirada de nuestro Estado.

COMPROMISOS:

Por ello, consideramos que el estado peruano tiene ciertos compromisos pendientes con las víctimas del CAI por cumplir. Dentro del listado, consideramos los siguientes.

En primer lugar, el término “Conflicto Armado Interno”, lamentablemente, sigue siendo rechazado por sectores de la sociedad, pero recordemos que negar la existencia del CAI nos mantiene también en negación del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de la posible ayuda a las víctimas del CAI en el Perú. Como consecuencia, el Estado peruano no establece un correcto diálogo con determinadas organizaciones para velar por el funcionamiento de las obligaciones que el DIH impone como reparación.  Así, organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja [5], quienes velan por la protección y asistencia de las víctimas de guerra y/o violencia interna, se ven imposibilitadas de apoyar a las víctimas afectadas, manteniéndose así un compromiso pendiente que nuestro Estado debe de enfatizar.

En época de Bicentenario, y este 21 de agosto, es importante identificar la necesidad de la asistencia humanitaria post conflicto. Permitir el acercamiento con el Derecho Internacional Humanitario nos posiciona en el alcance protector de este, respecto a la asistencia y acceso con fines humanitarios, lo que permitiría lograr de parte de nuestro Estado, así como de organizaciones externas, la reparación adecuada a nuestras víctimas.

En segundo lugar, otro punto que se mantiene pendiente es la discriminación contra los ciudadanos de las zonas afectadas por el CAI, y sus respectivos ciudadanos. De acuerdo con la CVR, el 75% de las víctimas del CAI eran personas con lengua quechua y otras lenguas nativas, así como, personas que vivían en regiones alejadas de la ciudad y en extrema pobreza [6]. El ejemplo perfecto para evidenciar lo señalado es lo ocurrido recientemente con las elecciones presidenciales de 2021. Ante la presencia de votos considerables en las zonas mencionadas a favor del candidato Pedro Castillo, se mencionó reiteradas veces el vínculo de los ciudadanos (y sus votos) con lo ocurrido en el CAI. Asimismo, se reflejó la exclusión y discriminación hacia estos, a tal punto de menospreciar a sectores peruanos por el solo hecho de pertenercer a una región. De este modo, resulta una tarea, en cierta parte de la agenda estatal, pero también una tarea cívica para nosotros como ciudadanos de reducir y eliminar prejuicios sociales, puesto que aún no se revierte tal estigma discriminador. No es posible alcanzar la reparación a las víctimas si no se consolida la confianza cívica y no se superan los hábitos discriminatorios.

En tercer lugar, de acuerdo al Registro Único de Víctimas, del total de víctimas de CAI “cerca de 200 mil personas siguen esperando la reparación de sus derechos a la salud, la educación o la vivienda” [7]. Asimismo, los ciudadanos tienen el derecho de que su dignidad y condición de persona humana sea respetada por parte del Estado y la sociedad. Ante ello, el Estado tiene el deber, como garante de orden social y público, de reparar las violaciones de derechos humanos cometidos durante la época del CAI.

En época de Bicentenario, debemos de garantizar desde nuestras posiciones, así como hacer hincapié con nuestras autoridades, el asentamiento de la confianza y respeto para las víctimas del CAI. Asimismo, es hora de restablecer vínculos y mostrarnos solidarios para lograr la reconciliación entre nosotros.

MENSAJE FINAL

El día de hoy recordamos a amigos, familiares, conocidos y a todas las personas que fueron víctimas del Conflicto Armado Interno con el fin de honrarlos. Desde el Equipo de DDHH NOS SOLIDARIZAMOS con las víctimas del CAI y sus familiares y RECHAZAMOS cualquier acto de discriminación cometido contra estas. Asimismo, CONSIDERAMOS que es importante que los compromisos pendientes sean cumplidos por el Estado, así como por la ciudadanía, en aras del bicentenario.

MOSTRAMOS nuestro agradecimiento a las víctimas por su gran papel que cumplen en la sociedad de ayudar a la memoria colectiva y, así, evitar el olvidar aquel acontecimiento que nos causó una serie de consecuencias irreparables.

EXHORTAMOS a nuestros medios de comunicación a que participen en la tarea conjunta de informar con verdad acerca de la vulnerabilidad de las víctimas del Conflicto Armado Interno, así como evidenciar sus necesidades y el posible riesgo de las mismas a la victimización secundaria.

Finalmente, invitamos a toda la población peruana a seguir apoyando y conmemorando a las víctimas del Conflicto Armado Interno para poder contribuir a que puedan rehacer sus vidas y sanar las heridas que dejó este periodo de violencia.

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REFERENCIAS

[1] United Nations. International Day of Remembrance of and Tribute to the Victims of terrorism.

https://www.un.org/es/observances/terrorism-victims-day

[2] Salmón, E. (2012). Introducción al Derecho Internacional Humanitario. https://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2012/10/Introducci%C3%B3n-al-Derecho-Internacional-Humanitario-2012-3.pdf

[3] Comisión de la Verdad y Reconciliación (28 de agosto de 2003). Conclusiones generales del Informe Final de la CVR.

http://www.cverdad.org.pe/ifinal/conclusiones.php

[4] Jave, I. (20 de agosto de 2017). 14 años de la entrega del Informe Final: La memoria de las víctimas, por Iris Jave. Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

https://idehpucp.pucp.edu.pe/opinion/14-anos-la-entrega-del-informe-final-la-memoria-las-victimas-iris-jave/

[5] Comité Internacional de la Cruz Roja. (octubre de 2011). El derecho internacional humanitario y los desafíos de los conflictos armados contemporáneos. https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/red-cross-crescent-movement/31st-international-conference/31-int-conference-ihl-challenges-report-11-5-1-2-es.pdf

[6] Oelschlegel, A. (2006). El Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú. Un resumen crítico respecto a los avances de sus recomendaciones. Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano XII, 2, 1335-1368.

https://www.verdadyreconciliacionperu.com/admin/files/articulos/1971_digitalizacion.pdf

[7] Jave, I. (27 de julio de 2020). Bicentenario y memoria. Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

https://idehpucp.pucp.edu.pe/notas-informativas/bicentenario-y-memoria/