Escrito por Piero Chávez Gonzales, director de la Comisión de Diálogos Humanos del Equipo de Derechos Humanos.

Hoy 27 de diciembre, el Gobierno emitió el Decreto de Urgencia Nº 114-2021, que autoriza el apoyo económico, de manera excepcional y por única vez, a heridos de gravedad en las movilizaciones ocurridas entre el 10 y 14 de noviembre, el 1 y 3 de diciembre, y el 20 y 30 de diciembre del año 2020. De la misma manera, se entregará a los deudos de las personas fallecidas en las movilizaciones realizadas entre el 20 y 30 de diciembre del 2020. 

A su vez, la norma establece que este apoyo económico no es de naturaleza resarcitoria ni reparatoria. Tampoco tiene implicancia en la determinación de eventuales responsabilidades administrativas, civiles o penales del personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) que participó en las movilizaciones realizadas en las fechas mencionadas. 

La entidad encargada de entregar esta ayuda económica es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El monto es de S/.40 000  por concepto de apoyo económico por cada persona fallecida en las movilizaciones del 20 y 30 de diciembre del 2020. Además, el monto es de S/.15 000, S/.25 000 y S/.40 000, según corresponda, por concepto de apoyo económico por cada persona herida de gravedad en las movilizaciones indicadas. 

Es necesario recordar que, durante noviembre del 2020, la ciudadanía protestó contra el gobierno ilegítimo de Manuel Merino. Estas manifestaciones fueron repremidas violentamente por la PNP, lo que devino en heridos, desaparecidos y dos personas fallecidas: Brayan Pintado e Inti Sotelo. A su vez, durante diciembre del 2020, se realizó el paro agrario, una serie de protestas con el objetivo de mejorar las condiciones laborales en las empresas agroexportadoras. Estas también fueron reprimidas por la PNP, lo que ocasionó la muerte de los trabajadores Reynaldo Reyes Ulloa, Jorge Yener Muñoz y un menor que no participaba de las protestas. 

Desde el Equipo de Derechos Humanos, saludamos la entrega de este apoyo económico para las víctimas de la represión en las protestas del año 2020. Sin perjuicio de ello, instamos a las autoridades a continuar con las investigaciones necesarias para determinar las responsabilidades de estas muertes. El derecho a la protesta es un derecho humano e indispensable en un sistema democrático, por lo que el Estado debe garantizar su ejercicio pacífico, no reprimir a sus ciudadanos y ciudadanas.  

Fuente: El Peruano, El País.