¿Vida digna como prioridad durante la pandemia de Covid-19?

Cristina Gonzáles Camarena - 30 de marzo de 2022 - 0 182 Views

Escrito por Cristina Gonzáles, miembro de Diálogos Humanos del Equipo de Derechos Humanos.

A lo largo de los últimos años, el caso de Ana Estrada ha sido difundido y se ha celebrado la decisión final del Poder Judicial respecto a permitir que Estrada pueda morir con dignidad. Sin embargo, el término vida digna aún sigue generando cuestionamientos, cuáles son sus alcances y cómo exigirlo. Han sido muy pocos los debates enfocados en la vida digna incluso siendo este derecho el pilar de todos los demás, como bien lo señala el artículo 1 de nuestra Constitución. Precisamente, en la actualidad, el contexto de un país saliendo de una grave crisis sanitaria en virtud de la pandemia del covid-19 y en medio de una crisis económica, resulta retador preguntarnos por los alcances de vivir dignamente. Se tiene como principal obstructor de esa vida digna a la pobreza, aquella que se ha enfocado como necesaria de erradicar para lograr un futuro justo y equitativo, por ello, el objetivo de sostenibilidad global número 1 (ODS).

Al respecto, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha señalado en reiteradas oportunidades que “se han dado pasos enormes hacia la reducción de la pobreza, pero los avances se están desacelerando” (2). Es así que,

“Cientos de millones de personas siguen viviendo con menos de US$ 1,90 dólares. Y el mundo no va camino a alcanzar la meta de que en 2030 sean menos del 3% las personas que vivan en situación de pobreza extrema” (PNUD).

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra lo siguiente,

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.

Como sabemos la universalización de los Derechos Humanos es una actividad progresiva y en constante desarrollo, sin embargo, considerando el artículo 25 de la CUDH, resulta conveniente preguntarnos qué implica “toda persona”. En la praxis, son muy pocos los ciudadanos que logran subsumirse o incluirse con el derecho a un nivel de vida adecuado que asegure, fundamentalmente, los derechos de salud, alimentación, vivienda o también conocidos como DESCA. Esto termina por generar diferentes retos tanto a nivel político, económico como social. Frente a ello, la pandemia termina perjudicando aún más la situación de vulnerabilidad de determinadas personas.

Tan solo tomando en cuenta el derecho a la vivienda, podemos encontrar problemas estructurales que terminan afectando el derecho a una vida digna. Es así que la crisis sanitaria ha puesto en relieve los problemas de vivienda social implementada en los últimos años, por ejemplo, los tamaños reducidos, deficiencias en la construcción, la continuidad en el acceso a créditos hipotecarios (1). Asimismo, se ha buscado generar lugares de empleo, pero la pandemia ha generado que miles de puestos de trabajo estables tengan que fenecer. La situación se agrava frente a puestos de trabajo informales. Esta precariedad laboral lleva a problemáticas severas en cuanto al pago de rentas o construcción de vivienda. Consecuentemente, esto genera afectaciones no solo en el derecho a la vivienda, sino también en el derecho a la salud, educación, entre otros.

La pobreza multidimensional se presenta como una constante en todas las regiones en desarrollo del mundo. Son diversos los enfoques que se tienen que desplegar en simultáneo para poder contrarrestar. Definitivamente, el trabajo no es sencillo, pero pareciera que no es una prioridad en la agenda política nacional. Son pocos los esfuerzos enfocados en una política de erradicación de la pobreza sostenible en el tiempo.

Por otro lado, si hablamos de salud mental, la problemática es aún más difícil de abordar frente a su intangibilidad. Los últimos dos años, durante la pandemia, se ha hablado mucho sobre salud mental incluso han destacado titulares como aquellos que indican que el 52.2% de limeños sufre de estrés (2). Sin embargo, muy poca información confiable y seria se puede encontrar de primera mano. El énfasis de trabajo durante esta pandemia está en la lucha contra el covid-19 y la reactivación económica, sin embargo, la salud mental también debería ser parte de la agenda política nacional.

De acuerdo a Unicef, el covid-19 y sus restricciones ha puesto en riesgo el bienestar de toda una generación (4). No quiere decir que antes de la pandemia no existiese ya una crisis en cuanto a salud mental, pero la pandemia agravó dicha situación. En América Latina y el Caribe, aproximadamente 16 millones de niños, niñas y adolescentes han sido diagnosticados con un trastorno mental. Frente a esto, si bien la Organización Mundial de Salud y Unicef han trabajado en manuales especializados y capacitaciones sobre la salud mental, el principal problema en latinoamérica es la desinformación. En muchas familias y círculos sociales, todavía sigue siendo un tabú hablar sobre enfermedades mentales. Simultáneamente, se han creado agrupaciones y cuentas en redes sociales que buscan difundir información veraz sobre la salud mental; sin embargo, la accesibilidad a estas fuentes de información son muy limitadas. Nuevamente, debe ser el Estado como representante de los intereses de cada uno de los ciudadanos, independientemente de la ideología política, incluya la salud mental como prioridad. Que incluya responsable y eficazmente la problemática de la salud mental al ser parte esencial para una vida digna.

Finalmente, desde las distintas plataformas que se tiene en la actualidad, podemos buscar trabajar directamente por la obtención de una vida digna de modo democrático. Es decir, una vida digna para todos y no para unos pocos. Precisamente, el establecimiento de los ODS busca dar no solo la pauta a la política internacional y nacional, sino también la inclusión del activismo civil y “de a pie” en la lucha por lograr el cumplimiento de cada ODS.

“No dejar a nadie atrás significa igualdad de oportunidades y de acceso. Significa invertir en las mujeres y las niñas, los jóvenes y las personas más vulnerables. Supone poner en marcha acciones locales y comprometerse con un objetivo común: un futuro mejor para todas las personas” (PNUD).

Bibliografía: