Escrito por Rafael Sebastian Polar Huaco, miembro de la Comisión de Diálogos Humanos del Equipo de Derechos Humanos.
Introducción
A pesar del notable crecimiento económico evidenciado en la última década, diversas naciones no han podido aprovechar, a cabalidad, el enorme potencial transformador de una política fiscal justa bien aplicada. Al entender que una política fiscal es una política pública [1], se comprende que esta ha de responder a principios y obligaciones sujetas al Estado en donde se gesta; un ejemplo, a los derechos humanos. Por ello, mitigar la desigualdad, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y la pobreza deben ser considerados objetivos últimos dentro de una plan fiscal bien aplicado.
Ahora bien, los derechos humanos que se satisfacen de forma insuficiente con mayor frecuencia son, por mucho, los sociales y los económicos [2]. Esto se debe muchas veces a la imposibilidad de los Estados a poder recaudar presupuestos necesarios para la elaboración de políticas públicas de recaudo de tributos, sumado al problema generalizado de la corrupción y la malversación de fondos. Por ello, en este artículo de “Arte y Derecho” se abordará la necesidad de una política fiscal adecuada, su relación con los derechos humanos y cómo merma la “fuga” de streamers en la recaudación de impuestos de algunos países.
Derechos humanos y política fiscal
Como menciona la CIDH:
“Los principios de derechos humanos constituyen un marco que apuntala las funciones clave de la política fiscal y la tributación: la movilización de los recursos necesarios para financiar el progreso social hasta ‘el máximo de los recursos disponibles’; la redistribución de la riqueza para reducir la desigualdad socio-económica; la rendición de cuentas entre el estado y la ciudadanía; y la corrección de las deficiencias del mercado y la protección de los bienes comunes, incluido el medio ambiente” [1]
En otras palabras, debe entenderse, que observar conceptualmente a la política fiscal desde los derechos humanos, nos permite generar que las autoridades nacionales una mayor “sensibilidad” en relación a la “reivindicaciones de la ciudadanía y al fortalecimiento de las instituciones de control y auditoría”. De esta manera, se puede redireccionar la recaudación en proyectos de bienestar social que garanticen la concreción y ejercicio de la gran mayoría de derechos humanos en un territorio en específico.
Desafortunadamente, según la CEPAL, el estancamiento económico y la reducción del gasto social han empezado a manifestarse en diversas partes del mundo, un ejemplo claro: América Latina.
Mientras que hasta 2010 la región crecía en promedio 6%, en 2014 ha crecido 0,8%. Luego de un periodo de superávits y reducción de la deuda pública entre 2003 y 2008, a partir de 2010 los recursos públicos sociales crecieron 7,9% (como porcentaje del PIB); diversos países iniciaron reformas fiscales tanto a nivel de ingresos como de gasto social para enfrentar los efectos de la crisis financiera internacional, registrándose un incremento del gasto público social. [1]
Pese a que el gasto social no es la única manera de reducir la desigualdad y los pobres, debe ser considerada una dimensión sumamente importante para la acción “redistributiva indirecta del Estado y tiene un efecto en el fortalecimiento de las capacidades humanas y las posibilidades de inserción en el mercado de trabajo”. [1]
En síntesis, una política fiscal justa, en donde no se caiga en estancamiento económico y el gasto social sea el necesario, permitiría una mayor protección al ejercicio de diversos derechos humanos en la región latinoamericana y el mundo. De esta manera, la tributación adecuada, es una herramienta crucial para el financiamiento de planes de bienestar del Estados que puedan cubrir y contrarrestar las problemáticas estructurales de los países.
“Fuga” de streamers
Así como con la fuga de talento, en diversos países, principalmente en Europa, diversos creadores de contenido; también conocidos como streamers han decidido mudarse a países con bajos impuestos, para de esta manera tener que tributar menos.
Según un artículo de Business Insider, en España:
“Sólo atendiendo a lo que los streamers ingresan únicamente de Twitch (y no a través de otras vías, como patrocinios, eventos o campañas publicitarias al margen de la plataforma), se sabe que algunos streamers ahora andorranos dejaron de pagar entre enero y septiembre de 2021 entre 50.000, 250.000 o incluso más de 630.000 euros a la Agencia Tributaria” [3].
Como se puede entender de la anterior cita, Andorra se ha vuelto un destino muy deseable para gran parte de la población con grandes ingresos (dentro de ellos los streamers). Puesto que, dentro de este Principado, “son muchas las ventajas fiscales que pueden aprovechar los autónomos y pequeños empresarios. No obstante, para poder beneficiarse del sistema tributario andorrano se ha de tener la residencia en este país” [4].
Ahora bien, los creadores de contenido que deciden tomar la decisión de abandonar sus países natales muchas veces niegan que lo hagan por una cuestión de impuestos. Un claro ejemplo es el de Rubén Doblas Gundersen, también conocido como El Rubius, quien indicó que:
“Todos mis amigos están ahí [a Andorra] y obviamente también, yo que sé, que llevo literal 10 años de mi carrera en YouTube, pagando aquí, osea… yo sé que habrá gente que me critique pero bueno, la gente muchas veces habla sin saber, ¿sabes? Y sé que va a pasar pero no me preocupa” [5]
No obstante, por otro lado, hay diversos creadores de contenido que indican que la cuestión de los impuestos es preocupante y los desfavorece. Pues, como muchos indican, deben de tributar casi la mitad de sus ganancias.
Otro streamer, por ejemplo, Ibai Llanos Garatea, conocido como Ibai, con más de 4 millones de seguidores en Twitch y 4 millones en YouTube sostiene lo siguiente:
“Lo de los impuestos a mí me parece una gilipoll*z. Es normal que a la gente que gane mucha pasta [dinero] o que es rica le quiten muchísimo dinero. Y más, quizá, que les deberían quitar» [6]
Entendiendo de esta manera que existen otra cara de la moneda en donde algunos creadores de contenido no rechazan la idea de tributar de manera justa dentro de sus naciones en aras de poder contribuir al desarrollo de un presupuesto público que pueda ser invertido en políticas de bienestar social.
En conclusión:
Se debe de comprender que no se le puede limitar el derecho a ningún ciudadano a cambiar su residencia cuando este lo desee. No obstante, resulta digno de análisis que la gran mayoría de streamers haya tomado la decisión de abandonar su país y empezar a residir en un oasis fiscal. De igual manera, se debe de comprender que en aras de lograr aplicar políticas de bienestar para proteger el ejercicio de diversos derechos es necesario una política fiscal justa que permita una adecuada recaudación de fondos para todas y todos los ciudadanos. De esta manera, se puede alcanzar satisfacer de forma suficiente los derechos sociales y económicos de la población.
Bibliografía
[1] Pogge, T. (2014). Los derechos humanos y la tributación justa. Democracia Abierta.
https://www.opendemocracy.net/es/los-derechos-humanos-y-la-tributacion-justa/
[2] CIDH. (2015). Política Fiscal y Derechos Humanos en las Américas Movilizar los recursos para garantizar los derechos
https://www.cesr.org/sites/default/files/cidh_fiscalidad_ddhh_oct2015.pdf
[3] Aguilar, A. (2022). Hacienda dejó de ingresar más de un millón de euros en 2021 solo por los ingresos generados en Twitch de 10 grandes ‘streamers’ que se fueron a Andorra. Business Insider.
https://www.businessinsider.es/cuanto-ha-dejado-ingresar-hacienda-streamers-andorra-997969
[4] Periodistas en Español. (2022). Andorra, el destino que eligen los autónomos españoles por sus bajos impuestos.
[5] González, S. (2021). El Rubius anuncia que se va de España para mudarse a Andorra, paraíso de los youtubers. Vandal.
[6] Redacción ABC. (2021). El «youtuber» El Rubius se muda a Andorra: «Llevo, literal, 10 años de mi carrera pagando aquí».
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