Escrito por Rafael Sebastian Polar Huaco, miembro de la Comisión de Diálogos Humanos del Equipo de Derechos Humanos.

Introducción

El Perú, desde una óptica legal y normativa, es una república democrática soberana que cree en la igualdad y la libertad de todos sus ciudadanos. Desafortunadamente, sobre la práctica no todos/as/es tenemos el mismo acceso a estos dos principios esenciales de la convivencia. A lo largo de nuestra historia y dentro de diversos espacios, actitudes discriminatorias, incompatibles en su totalidad con el hecho de ser libres e iguales, han puesto en tela de juicio si verdaderamente todos/as/es los/as/es peruanos/as/es sin importar nuestro origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o cualquier otra característica, tenemos acceso a los mismos derechos y oportunidades. 

De la misma manera, entendiendo que el fenómeno generalizado de las prácticas discriminatorias puede gestarse en cualquier espacio y, lamentablemente, se han enquistado dentro de la sociedad peruana, se debe de comprender que uno de los espacios que tiende a convertirse en un gran foco de violencia y discriminación son los procesos electorales; los cuales no solamente se limitan a las campañas electorales, sino también al propio ejercicio del derecho a elegir y ser elegidos. Por dicha razón, en el presente artículo de opinión se analizará las iniciativas de protección y promoción que ha adoptado el Perú para garantizar el derecho a elegir y ser elegido de la comunidad LGBTQ+ dentro de nuestro territorio nacional. 

Política y derechos de la comunidad LGBTQ+ en América Latina y el Caribe

En primer lugar, se debe de reconocer que en nuestro país, como en la gran mayoría de países de América Latina y el Caribe, existe un gran grupo de personas parte de la comunidad LGBTQ+ que ven sus derechos políticos y civiles limitados por el simple hecho de contrarrestar a la figura hegemónica de la hetero- y cisnormatividad que existe en el mundo. Por ejemplo, las costumbres, la religión y la política en el Perú transmiten un mensaje, muchas veces escondido, de desigualdad y violencia frente a la comunidad por el simple hecho de ser quiénes son. Son muy pocas las organizaciones políticas que consideran que la identidad de género y la orientación sexual son características propias de nuestra vida como seres individuales y de ninguna manera deberían dar pie a actos discriminatorios. 

Históricamente, se ha perpetrado abusos, como menciona Humans Rights Watch:

“Por motivos de orientación sexual e identidad de género en todo el mundo, incluidas torturas, asesinatos y ejecuciones, detenciones posibilitadas por leyes injustas, trato desigual, censura, abusos médicos, discriminación en los ámbitos de salud, empleo y vivienda, violencia doméstica, abusos contra menores, y negación de derechos familiares y reconocimiento” (párr 1, s/f).

Por dicha razón, es tarea de cada Estado implementar dentro de su legislación nacional políticas de estado y leyes que defiendan la dignidad de todos/as/es sus ciudadanos/as/es sin importar su orientación sexual o identidad de género. De esta manera, se puede impulsar un movimiento global en donde todas, todes y todos puedan gozar de derecho civiles y políticos de manera plena. 

Derecho a elegir y ser elegidos

En el Perú, tienen derecho al sufragio, según nuestro ordenamiento jurídico y específicamente el Art. 31 de nuestra Constitución, las personas peruanas en goce de su capacidad civil. Con el término “capacidad civil” debe de entenderse la capacidad de ejercer de manera independiente sus derechos. Por ello, pueden ejercer su derecho al voto, como menciona Paniagua, “peruanos por nacimiento y también por naturalización” (2003: 65). En otras palabras, pueden votar todas las personas peruanas nacidas dentro de nuestro territorio nacional como también en el extranjero que estén inscritas en el registro respectivo y cumplan con las obligaciones establecidas específicamente por ley, sin ningún tipo de discriminación por identidad de género u orientación sexual.

A lo largo de los años, en el Perú, se han documentado incontables casos de homofobia y transfobia respecto a la orientación e identidad de género de muchas personas. Miembros de mesa, personas electoras e inclusive autoridades ejercen violencia y discriminación sobre la comunidad al momento de ejercer su derecho al sufragio. Por ejemplo, se ha documentado casos en donde se le exige a las personas trans explicaciones sobre su identidad antes de poder garantizar su derecho al voto, de la misma manera, gran parte de las veces se pone en tela de juicio su identidad e intenta impugnar sus votos limitando así el derecho al voto de las personas trans en nuestro país. 

Si bien la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha actualizado el Protocolo para garantizar el derecho al voto de las personas trans en la jornada electoral, es sumamente importante que se apruebe una ley de identidad de género que permita a las personas trans ejercer sus derechos bajo garantías legales. De esta manera, se impulsa una verdadera práctica democratizadora e inclusiva que protege los derechos humanos de todos/as/es los/as/es ciudadanos/as/es por igual

En cuanto al derecho de ser elegidos, el Art. 31 de nuestra Constitución también indica que todos/as/es personas peruanos/as/es tienen la posibilidad de poder postularse, cumpliendo con los requisitos y condiciones que indica la ley orgánica, a los procesos electorales en donde cumplan con los mínimos establecidos por ley. 

En ese sentido se puede decir en relación con la comunidad LGBTQ+ que, el Perú ha venido promocionando espacios de participación activa por parte de la comunidad. No obstante, es necesario brindar las garantías de un proceso libre de discriminación y violencia. 

Por ejemplo, resulta de suma importancia que las agrupaciones políticas respeten los nombres sociales de todos/as/es los/as/es postulantes y el hecho de mencionar el nombre legal de una persona parte de la comunidad trans debería de constituir una falta grave que debería poder ser sancionada sin importar si la agrupación se ha suscrito o no el pacto ético electoral. 

De igual manera, se debe prestar atención a las prácticas discursivas de todas, todes y todos los/as/es postulantes para que no se permita discurso de odio hacia la comunidad. Puesto que, históricamente se ha evidenciado que en el Perú se instrumentaliza a la comunidad LGBTQ+ en forma de antagonistas para captar electores. Por ejemplo, candidatos/as conservadores/as propician discursos de odio y violencia para atraer más electores. De la misma manera, estigmatización a un gran parte de la sociedad, en este caso a la comunidad, sin importar las consecuencias que esto puede generar dentro de la sociedad. 

Conclusión 

Lamentablemente, la discriminación en el Perú se han convertido en un fenómeno muy normalizado. Puesto que, muchos connacionales son tan indiferentes de lo que es ajeno a su entendimiento de “nosotros” que olvidan que coexisten con personas que son distintas pero iguales. De esta manera, se debe de entender que vivimos en una sociedad que se caracteriza por la diversidad, las prácticas e ideas hegemónicas deben de ser dejadas de lado, puesto que pueden legitimar prácticas LGTBIfóbicas. 

Por ello, resulta necesario que nuestras autoridades continúen garantizando la participación política activa de las personas parte de la comunidad LGBTQ+, puesto que este es uno de los espacios más relevantes para empoderar la voz y la lucha por los derechos y demandas históricas. De esta manera, las políticas públicas y la atención del Estado deben de apuntar a alcanzar una participación activa (postularse) y pasiva (votar) de todas las personas peruanas pertenecientes a la comunidad LGBTQ+

Bibliografía 

[1] Del Perú, C. P. (1993). Constitución política del Perú. Lima, Perú.

[2] Corazao, V. P. (2003). El derecho de sufragio en el Perú. Revista Elecciones, 2(2), 61-89.

https://revistas.onpe.gob.pe/index.php/elecciones/article/view/10

[3] Human Rights Watch. (s/f). Derechos de personas LGBT. 

https://www.hrw.org/es/topic/derechos-de-personas-lgbt