Escrito por Stefany Inquilla, comisionada de Diálogos Humanos de Equipo de Derechos Humanos de la PUCP, y Beatriz Castro, comisionada de Impulsa DH del Equipo de Derechos Humanos de la PUCP
 

La marea verde por la despenalización del aborto en diferentes países a nivel mundial no ha pasado desapercibida; en Latinoamérica la lucha no es nueva, mucho menos aislada o infructuosa. A través de marchas, campañas de sensibilización, activaciones públicas y demás acciones de protesta, la inserción del derecho a un aborto seguro y gratuito ha sido un tema recurrente en la discusión colectiva, así como fuente de cuestionamientos por parte del grueso conservador peruano. A propósito del 28 de septiembre, Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro, este artículo se enfocará en dar un recorrido informado sobre las experiencias latinoamericanas para, finalmente, argumentar la especial sustancialidad de una verdadera y eficiente actuación legal en protección al aborto como parte de los derechos reproductivos en el Perú. 

El panorama latinoamericano: hacia la conquista de un aborto gratuito, legal y seguro. 

En la región latinoamericana no existe una armonización legislativa alrededor del aborto; no obstante, es posible reconocer dos tendencias generales. En primera instancia, de acuerdo con Dides y Benavente (2011), “América Latina es una de las regiones con mayores niveles de restricciones legales en lo relativo al aborto” (p. 7). Resulta, entonces, coherente afirmar que esta tendencia puede explicarse analizando, entre otros factores, las divergencias políticas, así como la especial incidencia que ejercen las instituciones religiosas en la región latinoamericana. En segundo lugar, y, como advierte Chiaparrone (2018), tres realidades subsisten actualmente en la región; por un lado, la legalización total del aborto (como en Cuba y Uruguay); por otro, la despenalización por causales (como en Perú, Colombia y Ecuador); y, finalmente, la total prohibición de la práctica, como en El Salvador (p. 102). De modo que, los avances y amenazas a los derechos reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar son cambiantes a lo largo de la región, pero encuentran presencia y un buen panorama a posteridad. Por lo mencionado, a continuación se detallarán los casos de países allegados al nuestro, expectando, a través de dicha descripción crítica, determinar un panorama completo y de ayuda para comprender el porqué y cómo de la lucha por el aborto seguro y gratuito. 

Primero, el caso de lucha y legalización argentina en 2020 y 2021 alcanzó repercusión internacional, pues no solo develó, con especial ímpetu, la realidad de los derechos reproductivos de las mujeres, sino que también logró la apertura de nuevos espacios de conversación para la conquista del derecho al aborto por parte de las mujeres argentinas; pero ¿qué se necesitó para lograrlo? A continuación, se repasan los principales hitos que caracterizaron la gruesa y dispareja vereda que se cruzó para el establecimiento del derecho a la interrupción del embarazo en la Confederación Argentina. 

El primer Código Penal argentino establecía la penalización total del aborto, disposición que fue reformada en 1903 para instaurar salvedad solo en casos de tentativa; luego, en 1984, con la Ley Nº 23.077, se establecerían dos causales de no penalización: por riesgo latente de la vida de la gestante y por violación (Fundación Huesped, 2017). En el presente siglo, se ha observado una ola sin precedente de demandas que abogaban por la visibilización de la problemática. En 2005, por ejemplo, se establecieron las consignas representativas de la lucha por la despenalización total del aborto: “Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir” (Schvartzman, como se citó en Tarducci, 2018, p. 430). Así, se estableció que la legalización no solo constuiría el reconocimiento de un derecho humano de la persona gestante, sino también una vía para evitar muertes a causa de abortos clandestinos. Cabe resaltar que, antes de la promulgación de la Ley 27.610 en 2021, fueron varias las iniciativas legislativas que no tuvieron el mismo éxito. 

Segundo, El Salvador es, probablemente, uno de los países latinoamericanos con mayor cantidad de posturas críticas y recalcitrantes alrededor del aborto. En el mencionado país, desde 1998, el aborto se encuentra penalizado en todos los supuestos; y, las personas que abortan podrían ser condenadas hasta con 50 años de cárcel (Cardaci, 2014, p. 197). En el 2013, el caso Beatriz recorrió El Salvador y el mundo, al ser esta una mujer gestante cuya integridad, vida y salud física dependía de la realización de un aborto terapéutico, el cual fue negado por las instancias judiciales de El Salvador.  De acuerdo con Cardaci (2014), este caso es especialmente relevante, porque sentó el primer precedente internacional alrededor del aborto, ya que fue la primera vez que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se pronunció al respecto (p. 205). 

Feminismo y aborto

El movimiento feminista, en las últimas décadas, ha sumado a la lista de pendientes para alcanzar la igualdad, la despenalización del aborto. Así, este colectivo busca reivindicar el aborto como un derecho fundamental para alcanzar la equidad entre hombres y mujeres. Pero, ¿qué quiere decir esa afirmación? Una de las principales demandas del feminismo es que una mujer pueda decidir libre y voluntariamente ejercer o no la maternidad; además, que los derechos sexuales y reproductivos sean equiparados en beneficio de las corporalidades gestantes.

Por eso mismo, los colectivos feministas vienen incluyendo, dentro de su agenda de género, la interrupción voluntaria del embarazo como parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y defienden que se trata de una cuestión de derechos humanos y salud pública. En base a ello, sería deber del Estado garantizar el acceso a este derecho. Asimismo, este colectivo reconoce el acceso legal, seguro y gratuito a la interrupción del embarazo como una cuestión de igualdad, salud pública y derechos humanos. 

Las feministas colocan sobre la mesa el hecho de que el aborto es una realidad cotidiana en la vida de las mujeres; y, sin embargo, ha sido invisibilizado de la agenda de lo público, colocándose más bien en la periferia de lo ilegítimo, en  la  clandestinidad  y  el  silencio  social. Aquellas insertas en el mundo legal y político, han destacado y hecho públicas las  regulaciones restrictivas y sancionatorias de esta práctica, en diversas legislaciones de América Latina y el mundo. Estas regulaciones son expresión de una estigmatización afianzada desde el plano jurídico. 

Para comprender mejor esta afirmación, es necesario apoyarnos en teorías críticas feministas, que ponen en evidencia una problemática transversal en el Derecho, en tanto construcción social. Alda Facio, jurista costarricense, señala que las normas, principios y prácticas jurídicas han sido históricamente  construidas  desde  una  perspectiva androcéntrica, centrada en la prevalencia de lo masculino, que soslayó por mucho tiempo los derechos de otros sujetos como las mujeres, la comunidad LGTBIQ+, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad y los niños, niñas y adolescentes (Solías Peña, 2019, p. 227). De esta cita se extrae que el sistema jurídico ha sido perpetrador de un aparato legislativo desfavorecedor para los derechos de las mujeres, los cuales más allá del aborto, han sido ignorados o legalmente desplazados. 

Por tanto, en lo que respecta al aborto, el Derecho Penal también refleja una visión androcéntrica que, a lo largo del tiempo, ha establecido conductas prohibidas por la ley sin tener en cuenta las libertades y necesidades de las mujeres. Esta prohibición está fundamentada en estereotipos de género, como señalan Rebecca Cook y Simone Cusack (2009, p. 29). Entre ellos se encuentran estereotipos sobre los roles sexuales y reproductivos, que imponen la maternidad como un destino inevitable para las mujeres, independientemente del origen del embarazo o si este no fue planificado debido a la falta de información o acceso a servicios de planificación familiar. Esta situación es común en países como Perú, donde no se garantiza de manera plena el acceso a métodos anticonceptivos ni la implementación de una educación sexual integral. De ahí que sea imperativa la presencia de los colectivos feministas, pues ha sido gracias a estos que esta situación ha comenzado a tener cabida en la agenda política nacional. 

Voces y colectivos que hicieron nuestra historia

Durante décadas, el activismo feminista en América Latina ha sido una fuerza transformadora en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos. Las defensoras de los derechos humanos han batallado para asegurar que las mujeres tengan acceso a un aborto seguro, desafiando sistemas legales y tradiciones religiosas que han impuesto restricciones severas. Esta lucha ha impulsado la denominada “ola verde”, un movimiento que ha llevado a cambios históricos en países como México, Colombia y Argentina, donde se han eliminado barreras significativas al aborto. El pañuelo verde, adoptado por activistas argentinas en 2003, se ha convertido en un símbolo de esperanza y resistencia en toda la región.

El activismo en América Latina, que inicialmente se inspiró en las tácticas y el lenguaje de movimientos en Estados Unidos, ahora ha comenzado a influir en el sur del continente. Tras la anulación de Roe vs Wade en 2022, muchas activistas estadounidenses miran hacia el sur, donde los movimientos feministas han logrado avances progresivos mediante la movilización colectiva. Organizaciones como GIRE en México y Causa Justa en Colombia han desempeñado un papel crucial en estos logros, compartiendo estrategias y apoyándose mutuamente. La solidaridad entre los movimientos feministas de la región ha sido clave para enfrentar las restricciones y garantizar los derechos reproductivos de las mujeres (VOA, 2023).

Es así que el activismo feminista en América Latina ha logrado consolidar un movimiento que no solo defiende los derechos reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, sino que también ha transformado la narrativa en torno al aborto. En países como Argentina, el pañuelo verde se ha convertido en un símbolo de lucha por la vida y la libertad de las mujeres. Susana Chiarotti, una activista de 76 años, recordó la importancia de este símbolo al señalar: “es el color que representa la vida, la naturaleza”, y enfatizó que el objetivo del movimiento era “rescatar que las que defendían la vida éramos nosotras” (New York Times, 2022).

Este movimiento, que comenzó con una fuerte influencia del norte, ha tomado ahora un rol protagónico en el ámbito global, inspirando a activistas más allá de América Latina. La nueva ola feminista latinoamericana demuestra que, a través de la unidad y la persistencia, es posible desafiar sistemas opresivos y generar cambios históricos para las mujeres en todo el mundo.

Mitos y verdades sobre el aborto 

No es sorpresa que la ola expansiva para la despenalización del aborto en las últimas décadas haya generado críticas, puntos de vista divergentes y movimientos contrapuestos. En suma, la mencionada temática se caracteriza por originar discusiones controversiales, así como ser tema de conversación en casi todos los círculos sociales, económicos, políticos y jurídicos. En dicho contexto, más de un discurso se ha caracterizado por poseer información especialmente errónea y estar alimentado con prejuicios. En consecuencia, y considerando la necesariedad de partir de una base informativa sólida y veraz, a continuación se tratará de abordar los mitos más comunes y arraigados sobre el aborto libre, seguro y gratuito. 

En primera instancia, se piensa que los abortos ocasionarían muerte sistemática por ser un procedimiento peligroso; razón por la que muchos colectivos en contra se autodenominan “pro-vida”. Aunque se cree que prohibir el aborto evitaría su práctica, la realidad demuestra lo contrario: los abortos continúan realizándose incluso en contextos de ilegalidad; no obstante, la experiencia de países en los que “una vez que el aborto se legalizó y se hizo más accesible, el índice de muertes relacionadas con el aborto disminuyó drásticamente” (Gold, 2003, como se citó en Parenthood, 2010), nos demuestra todo lo contrario.

Segundo, dentro de los sectores más conservadores se alude que la penalización del aborto no solo protegería al no nacido, sino también a la persona gestante, ya que esta última no tendría que pasar por ‘el trauma que significa un aborto’. Al respecto, Vargas advierte que “es común que las personas consideren que todas las mujeres que se realizan un aborto tendrán problemas emocionales como consecuencia” (s.f, p.138). Sin embargo, no existe una verdadera causalidad entre el aborto y problemas emocionales posteriores a su práctica. La Asociación Americana de Psicología concluyó que no existe riesgo psicológico en la práctica de un aborto legal, pero que sí pueden existir dificultades cuando la persona gestante se ve enfrentada a un ambiente violento o está expuesta a un aborto inseguro (APA, 2008, como se citó en Vargas, s.f.). 

En tercer lugar, existe la errada idea de que la institución de un aborto seguro, libre y gratuito sería ‘aprovechado’ por las ‘masas feministas’, resultando así en un incremento significativo del número de abortos (que hasta hoy, se piensa, son pocos). Fuera de que el crecimiento de las cifras se debe a que con la despenalización se produce también un mejor registro de todos los casos, es falso que la legalización implique multiplicación.  De hecho, “la experiencia histórica en los Estados Unidos y en otros países del mundo demuestra que las restricciones legales no impiden que se realicen abortos; simplemente se convierte en un procedimiento ilegal y por lo tanto peligroso” (Parenthood, 2010, p. 2). Así, los abortos son una realidad: el cambio está en si estos son seguros o no. 

Urgencia del Aborto Legal en Perú

La Constitución peruana no reconoce expresamente a los derechos sexuales, ni a los derechos reproductivos de las personas. Sin embargo, sí establece una serie de derechos intrínsecamente relacionados con ellos; nos referimos al derecho a la dignidad, a la salud, al libre desarrollo de la personalidad, además del derecho a la vida, a la integridad física y mental, a la libertad de conciencia, a la libertad de información, a la intimidad personal, entre otros.

Asimismo, la Constitución señala: “la política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho de las familias y de las personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura los programas de educación y la información adecuados y el acceso a los medios, que no afecten la vida o la salud” (Llaja Villena, 2010, p.8)

Sin embargo, a pesar de este reconocimiento, aún no existe una legislación que proteja completamente los derechos reproductivos, especialmente en lo que respecta al acceso al aborto en casos de embarazos infantiles, una problemática crítica en Perú.

Los datos sobre mortalidad y complicaciones relacionadas al embarazo en niñas menores de 15 años reflejan una alarmante realidad: el riesgo de muerte de la gestante significativamente mayor en este grupo, y las complicaciones de salud, como la anemia, la eclampsia y las hemorragias posparto, son mucho más comunes. Organismos internacionales, como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, han señalado que la continuación forzada de un embarazo en menores de edad puede calificarse como tortura (León y Ruiz, 2023). Pese a que el aborto terapéutico es legal en el Perú y cuenta con un protocolo vigente, su implementación sigue siendo deficiente. Como resultado, niñas y adolescentes se ven expuestas a riesgos de salud y a la violación de sus derechos humanos. Un ejemplo de la mencionada problemática es el caso de Mila, una niña de 11 años que fue ignorada, revictimizada y condenada cuando solicitó su derecho al aborto terapeútico. Además, se han registrado casos con gran similitud, en términos de crueldad y deficiencia, como el de Camila (13 años) y el de K.L. (17 años). 

Este incumplimiento del Estado peruano pone en riesgo otros derechos fundamentales protegidos a nivel internacional, como el derecho a la igualdad, a no ser sometido a tratos crueles, a la privacidad, a la autonomía sobre el propio cuerpo, y a decidir sobre la planificación familiar (Human Rights Watch, 2022). Por lo que es urgente una respuesta efectiva que proteja a las menores y garantice su dignidad y bienestar.

Reflexión final

Un aborto libre, gratuito y seguro es un derecho sexual y reproductivo aún no enteramente reconocido en el Perú. Por dicha razón, es menester que exista una nueva regulación legal que despeje de barreras el camino de las mujeres y personas gestantes  hacia una verdadera salud reproductiva. En este punto, un aborto libre debería siempre complementarse con métodos anticonceptivos eficientes y educación sexual en todos los niveles. Se ha demostrado, pues, a lo largo del presente artículo que las consecuencias negativas por un aborto penalizado (total o parcialmente) son incluso mayores que las que existen en países con el aborto legalizado. 

Por otra parte, la liberación de la sexualidad ha sido una lucha que todavía no alcanza su final; la visión paternalista, conservadora y prejuiciosa sobre corporalidades gestantes continúa siendo común en espacios políticos y en los ordenamientos jurídicos latinoamericanos. Cabe reconocer, en ese sentido, que la legalización del aborto no solo permitiría un mero proceso de interrupción  del embarazo, sino que sería también un mecanismo clave para confrontar las dinámicas de poder que buscan imponer control sobre los cuerpos y las decisiones de las personas con capacidad de gestar, desafiando normas sociales que restringen su autonomía (Faúndes y Defago, 2013). 

Bibliografía

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Cook, Rebecca & Cusack, Simone (2009). Estereotipos  de  Género.  Perspectivas Legales Trasnacionales. (A. Parra, trad.) Bogotá: Profamilia.http://clacaidigital.info/handle/123456789/1939

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