Escrito por Carmela Pérez, miembro de la Comisión de Diálogos Humanos de Equipo de Derechos Humanos.
El día martes 02 de noviembre de 2021, fue emitida una resolución que permite que las Fuerzas Armadas intervengan en apoyo a la Policía Nacional. Dicha resolución fue respaldada por el Ministro de Defensa, Walter Ayala, y el entonces Ministro del Interior, Luis Barranzuela, quienes argumentan que el aumento de la delincuencia ha “sobrepasado” a los efectivos policiales, por lo que necesitan contar con el apoyo de las FFAA [1]. Esta medida ha dividido a la opinión pública, ya que, mientras que algunas personas consideran que es necesaria, otras la han tildado de populista y detrimental para los derechos humanos.
La Resolución Suprema 191, que entró en vigencia el miércoles 03, autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía durante un período de 30 días, en las Regiones Policiales de Lima y Callao, como estrategia para asegurar el control y mantenimiento del orden interno. Asimismo, asegura que esta intervención no implica la restricción, suspensión ni afectación de los derechos humanos ni los derechos constitucionales [2]. Esta medida es justificada mediante los resultados del Informe N° 129-2021-SCG-PNP/OFIPOI, que advierte sobre el incremento del índice delictivo en estas zonas, incluyendo en la tasa de tráfico ilícito de drogas [2]. Cabe mencionar que, en el Decreto Legislativo N° 1095, que trata sobre el comportamiento de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, se menciona que, entre otros casos, las FFAA pueden actuar en apoyo de la Policía en casos de tráfico ilícito de drogas, así como en caso de que la Policía sea sobrepasada en el control del orden interno [3]. Además, el ministro Ayala señaló que se está evaluando la creación de un “batallón de apoyo al orden interno”, cuyos miembros recibirían cursos sobre derechos humanos y seguridad ciudadana [4].
Como mencionado previamente, no existe un consenso en la opinión pública acerca de esta medida. Por un lado, personas como la Ministra de Trabajo, Betssy Chávez, aseguran que “es una medida necesaria y en el marco de la ley”, debido al incremento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana [5]. Por otro lado, existen cuestionamientos sobre la constitucionalidad de la medida, debido a que no hubo una declaratoria de estado de emergencia previa, para justificar que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno [1]. En adición a esto, el constitucionalista Óscar Urviola señala que, si bien es cierto que existe un problema de inseguridad ciudadana en Lima, no se justifica que se tome una medida de este tipo [1].
Múltiples organizaciones por los derechos humanos han mostrado preocupación por esta medida. El director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, realizó una publicación en Twitter en la cual expresaba dicha preocupación, y manifestaba que “los soldados están entrenados para la guerras, no para el control del orden público” [6]. De igual forma, la rama local del movimiento Amnistía Internacional hizo lo propio al recordar al Estado peruano que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar a cargo de la policía, además de señalar que las normas internacionales de derechos humanos exigen asegurar que el uso de las Fuerzas Armadas, en labores de seguridad pública, sea estrictamente excepcional [7].
Si bien el Ministerio de Defensa ha asegurado que el personal militar que apoyará a la policía ha sido capacitado en temas de derechos humanos [8], esto no garantiza la protección total de los derechos, ya que las funciones que desempeñan las FFAA no necesariamente se traducen en capacidades para atender los problemas de seguridad ciudadana. A pesar de que la estrategia “mano dura” ha sido aclamada durante muchos años como solución a la inseguridad ciudadana, este tipo de medidas agresivas suelen afectar de manera desproporcionada a las comunidades marginadas y vulnerables. Asimismo, en este país, el uso de las FFAA para restaurar el orden público en este país tiene un historial de violencia e ineficacia, lo cual genera preocupación sobre el respeto y cumplimiento de los derechos humanos por parte de esta organización. La delincuencia y la inseguridad ciudadana son problemáticas que interfieren con el respeto irrestricto a los derechos humanos y con el desarrollo pleno de la persona, sin embargo, la solución no yace en la implementación de políticas agresivas que vulneren estos mismos derechos que se buscan defender.
Bibliografía
[1] Redacción EC. (2021). Militares en las calles: ¿es constitucional su intervención en apoyo a la Policía en Lima y Callao?. El Comercio.
[2] Presidencia de la República. (2021). Resolución Suprema N° 191-2021-IN. El Peruano.
[3] Presidencia de la República. (2020). Decreto Supremo N° 003-2020-DE. El Peruano.
[4] Política LR. (2021). Ministerio de Defensa evalúa crear un “batallón de apoyo al orden interno”. La República.
[5] Chávez, B. (2021).Publicación del 02 de noviembre. Twitter.
https://twitter.com/BetssyChavez/status/1455578196494086145
[6] Vivanco, J. M. (2021). Publicación del 02 de noviembre. Twitter.
https://twitter.com/JMVivancoHRW/status/1455637263832977418
[7] Amnistía Internacional. (2021). Publicación del 02 de noviembre. Twitter.
https://twitter.com/amnistiaperu/status/1455569037468094478
[8] Redacción EC. (2021). Miembros de las FF. AA. que apoyarán a Policía Nacional fueron capacitados en derechos humanos, señala Mindef. El Comercio.
Escrito por
Sigue leyendo
Busca algún tema
Lo más leído
No hay comentarios