“La prensa debe servir a los gobernados, no a los gobernantes”: El derecho a la libertad de expresión en “The Post”
0 1107 Views Escrito por Piero Chávez, director de la Comisión de Diálogos Humanos del Equipo de Derechos Humanos.
1. Introducción
La libertad de prensa es esencial en un régimen democrático, porque permite fiscalizar el poder público y privado, así como construir una ciudadanía informada sobre su realidad. Por ende, los Estados y la sociedad civil deben garantizar este derecho humano, que históricamente ha sido vulnerado para proteger intereses políticos y económicos particulares. Al respecto, una defensa a la prensa libre se observa en la producción cinematográfica “The Post: Los oscuros secretos del Pentágono”, la cual se sitúa el contexto estadounidense durante la Guerra de Vietnam y retrata la lucha de dos periodistas del diario “Washington Post” para defender la libertades de expresión y de prensa en el país. Por esta razón, en este artículo, se analizará el argumento principal de esta cinta en relación a la libertad de expresión y la situación de este derecho en el Perú.
2. “The Post: Los oscuros secretos del Pentágono”
En el año 2017, se estrenó la película “The Post: Los oscuros secretos del Pentágono” en los cines de Estados Unidos. Bajo la dirección de Steven Spielberg, la actriz Meryl Streep y el actor Tom Hanks son los protagonistas de esta cinta, con su interpretación de los periodistas Kay Graham y Ben Bradlee respectivamente. Esta producción aproxima al espectador al conflicto entre la presidencia de Richard Nixon y la libertad de prensa de los diarios “The Washington Post” y “The New York Times”, por la publicación de documentos clasificados del Pentágono en torno al rol de los Estados Unidos en la Guerra de Vietnam.
Durante esta película, es evidente la incongruencia entre los documentos oficiales elaborados por el Departamento de Defensa americano y el discurso que los diferentes presidentes habían construido respecto al desempeño de las tropas estadounidenses en Vietnam. Por ejemplo, presidentes como John Kennedy o Richard Nixon sostenían un discurso de paz y esperaban un resultado favorable en la Guerra. Sin embargo, tales documentos, inicialmente restringidos a la prensa, señalaban que se mantenía el nivel de violencia a través de operaciones secretas y pretendían interferir en la política vietnamita.
Además, a pesar de que se conocía que las probabilidades de ganar la Guerra eran reducidas, continuaban enviando a soldados norteamericanos a morir en los enfrentamientos, con el objetivo de evitar la humillación de una derrota estadounidense. Por estas razones, restringir el acceso a estos documentos era la única manera de que la ciudadanía tolere la participación de los Estados Unidos en la Guerra. De este modo, se evidenció cómo los diferentes gobiernos habían manipulado la información por fines políticos: ninguno podía permitir una derrota de los Estados Unidos durante su mandato.
Frente a ello, “The New York Times”, que había logrado acceder a parte de los documentos, publicó una edición que reveló las décadas de intervención estadounidense en Vietnam, que contradecía las declaraciones de los presidentes y autoridades. Como represalia, la presidencia de Nixon interpuso un recurso para impedir la circulación de más ediciones sobre Vietnam hasta el día del juicio, bajo el argumento de que su publicación vulneraba la Ley contra Espionaje y atentaba contra la seguridad del Estado.
En ese proceso, los periodistas de “The Washington Post” accedieron a la totalidad de los documentos clasificados del Pentágono, con lo que tenían la oportunidad de revelar las décadas de mentiras hacia la ciudadanía estadounidense. Sin embargo, la decisión de publicar suponía el riesgo de ir a prisión por presuntamente coludir junto al diario “The New York Times” contra la seguridad del Estado, ya que ambos recurrieron a la misma fuente para acceder a los documentos. En este escenario, Kay Graham, propietaria y editora del diario, decidió publicar la información que su equipo de investigación, liderado por Ben Bradlee, había organizado y sintetizado para la comprensión del público.
Luego de las publicaciones, llegó el día del juicio frente a la Corte Suprema de los Estado Unidos. El proceso incluía a ambos diarios y las partes involucradas pudieron alegar su posición. De parte del gobierno, es pertinente mencionar el siguiente argumento: “Si el presidente no puede mantener secretos, no puede gobernar. La integridad de la presidencia está en riesgo”. De parte de los diarios, el argumento sostenía que la información publicada representaba una documentación histórica sobre el rol de los Estados Unidos en la Guerra de Vietnam y se debía respetar el derecho a la libertad de expresión a través de una prensa libre.
La película culmina con la decisión de los jueces. Con seis votos a favor y tres en contra, se determinó que la publicación de los documentos clasificados del Pentágono por parte de “The Washington Post” y de “The New York Times” representaba un ejercicio legítimo de la libertad de prensa, por lo que su censura no era admisible. Finalmente, una periodista cita a uno de los jueces y sostiene: “Los fundadores le dieron a la prensa libre la protección que debe tener para cumplir su papel esencial en nuestra democracia. La prensa debe servir a los gobernados, no a los gobernantes” [1].
3. Protección jurídica internacional de la libertad de prensa
A partir del acápite anterior, es evidente que la libertad de prensa estuvo en riesgo por las acciones judiciales del gobierno liderado por Richard Nixon. Por ello, es necesario recordar que las libertades de expresión y de prensa son derechos humanos, que un gobierno democrático no solo debe respetar, sino también garantizar. Bajo esta línea, con el objetivo de lograr una mejor comprensión de la problemática en torno a la libertad de prensa en la película “The Post”, se desarrollará la protección jurídica que reviste este derecho.
Para comenzar, es necesario recurrir a los instrumentos jurídicos internacionales que protegen la libertad de prensa. En cuanto a tratados internacionales, se encuentra la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (CADH). En su artículo trece, se establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Asimismo, señala que el ejercicio de este derecho no puede estar sujeto a censura previa [2].
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en aplicación de la CADH, ha reafirmado y desarrollado que el derecho a la libertad de expresión merece una protección jurídica adecuada. Así, en la sentencia “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, sostuvo que la libertad de expresión juega un papel esencial en la consolidación de y dinámica de una sociedad democrática. Además, enfatiza que sin una efectiva libertad de expresión, la democracia se desvanece y los mecanismos de control y denuncia ciudadana se empiezan a tomar inoperantes, lo que crea el campo fértil para que sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad [3].
También, la propia Corte IDH, en la sentencia “Caso Álvarez Ramos vs. Venezuela”, establece que la libertad de expresión es un componente esencial de la libertad de prensa, sin que por ello sean sinónimos o el ejercicio de la primera esté condicionado a la segunda [3]. Por consiguiente, se evidencia que es necesario garantizar la libertad de expresión para contar con medios de comunicación libres para permitir un flujo adecuado de información idónea y plural para las audiencias. En esta línea argumentativa, la Corte IDH establece que es fundamental que los periodistas que laboran en medios de comunicación gocen de la protección y de la independencia necesaria para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos quienes mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que esta goce de una plena libertad y el debate público se fortalezca [2].
A partir de los párrafos anteriores, se evidencia que hubo una clara vulneración del derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa en la película “The Post: Los oscuros secretos del Pentágono”. No solo se trató de limitar el ejercicio de los periodistas que laboran en los diarios a través de acciones legales al llevarlos a un juicio, sino que se pretendió aplicar una censura previa a las publicaciones sobre el rol de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam, lo que contradice lo establecido en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
Cabe precisar que la presidencia de Richard Nixon argumentó que tales publicaciones afectan la seguridad del Estado y que hay secretos que el presidente debe mantener para preservar su integridad. Sin embargo, esta lógica no es admisible en un Estado Constitucional, respetuoso de la libertad de prensa, porque limita las acciones de los medios de comunicación a lo que el gobierno de turno considere apropiado o no para ser publicado. Ningún sistema democrático de gobierno puede tolerar tal interferencia en el flujo de información, ya que ello devendría en una prensa servil al gobierno, en perjuicio de la verdad y el bienestar de la sociedad, los cuales representan los fines último de la profesión periodística.
Así lo ha afirmado la Corte IDH al sostener que el control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, razón por la cual debe existir un margen reducido a cualquier restricción del debate político o sobre cuestiones de interés público [2]. De esta manera, la publicación de los documentos confidenciales por parte de los diarios representa un ejercicio legítimo del control que ejerce la prensa sobre el poder público, ya que el objetivo es fomentar un debate público sustentado en información verdadera y fiscalizar que los gobiernos sean transparentes con la ciudadanía.
4. A propósito de “The Post”: ¿Cuál es la situación de la libertad de prensa en el Perú?
La protección a la libertad de prensa se encuentra en la cúspide del ordenamiento jurídico, ya que es un derecho consagrado en tratados internacionales sobre derechos humanos. Así, tanto los funcionarios estatales como los agentes privados deben garantizar este derecho. A pesar de ello, la realidad peruana evidencia que la libertad de prensa ha sido vulnerada en múltiples ocasiones por parte del Estado como por particulares. En este apartado, se abordarán los casos del presidente de la República, Pedro Castillo; de la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva; y la sentencia contra el periodista Christopher Acosta.
En primer lugar, la Defensoría del Pueblo ha elaborado un informe sobre la relación entre el Poder Ejecutivo, liderado por Pedro Castillo, y la libertad de prensa. Entre sus conclusiones, destacan la violencia física contra las personas de prensa y la negativa del presidente para prestar declaraciones a medios de comunicación. Por un lado, el personal de seguridad del presidente Castillo apartó de manera violenta a la reportera Tifanny Tipiani, trabajadora de TV Perú, cuando esta se aproximaba a la Plaza Mayor de Lima, donde Castillo se encontraba brindando declaraciones a la prensa. Un hecho similar ocurrió en el distrito de Comas, donde la reportera Hellen Meniz, del medio Radio Programas del Perú (RPP) fue apartada también de manera violenta. Incluso le arrebataron su herramienta de trabajo, con lo que se dificultó su labor periodística [4].
Por otro lado, el mandato de Pedro Castillo se ha caracterizado por una relación distante con los medios de comunicación y así lo ha confirmado la Defensoría del Pueblo en este informe. Sostiene que, durante estos seis primeros meses de gobierno, ha mantenido una actitud hermética frente a la prensa, puesto que al momento de la publicación del informe, no había ofrecido alguna conferencia de prensa ni entrevistas. De acuerdo a cifras de la periodista Ana Bazo, únicamente ha destinado un total de 48 minutos durante toda su gestión para atender brevemente a los reporteros. En este sentido, la Sociedad Interamericana de Prensa ha advertido esta situación y ha exhortado al presidente Castillo a deponer su actitud de silencio ante periodistas [4].
En segundo lugar, recientemente, la presidenta del Congreso de la República ha sido cuestionada por su malestar frente a la crítica periodística. En el programa Día D la periodista Pámela Vertiz criticó la participación de Alva en una reunión que sostuvo junto a las autoridades ediles en el Parlamento. Días después, fue captada en un audio, en el que mencionaba lo siguiente: “¡Y Vertiz! No puedo creer que le he dado a Vertiz antes que a Cuarto Poder y resulta que me están atacando, en vez de decir que esto ya pasó y no poner nada. Es una pena. Le conozco al esposo, a la madre, a la familia” [5].
De esta manera, se evidencia el desprecio de la presidenta del Congreso por la crítica periodística. Al respecto, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú expresó su rechazo hacia los audios, en los que se escucha a María del Carmen Alva reclamar por un reportaje. Fueron enfáticos al afirmar que rechazan la conducta de quien, en ejercicio de mandato popular, con actitudes como esta, exprese su desprecio por el periodismo y a quienes lo ejercen [6].
Finalmente, en tercer lugar, se encuentra el caso del periodista Christopher Acosta, quien fue sentenciado a dos años de prisión suspendida por la publicación del libro “Plata como Cancha”, en el que se realiza una investigación periodística sobre el líder del partido político Alianza para el Progreso, César Acuña. Esta acción representa una forma de amedrentamiento al periodismo, ya que marca un precedente negativo para la libertad de prensa en el país. En este punto, es pertinente señalar el informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la libertad de expresión.
Hacia el año 2019, señala que en el caso peruano, han notado el uso constante del hostigamiento judicial hacia el periodismo de investigación a través de figuras del derecho penal como la difamación. Se emplean como mecanismo para presionar a periodistas y comunicadores, lo que podría tener un efecto inhibitorio [7]. Este hallazgo explica el contexto en el que Christopher Acosta fue sentenciado por la publicación de su libro. Esta condena representa un desincentivo para que más periodistas continúen investigando el poder, lo que resulta negativo para el debate público transparente y plural.
5. A modo de conclusión
Este artículo ha presentado la producción cinematográfica “The Post: Los oscuros secretos del Pentágono” como un referente para la defensa del derecho a la libertad de prensa. A partir de esta película, se evidencia que los diarios y medios de comunicación en general deben contar con una protección adecuada para fiscalizar al poder público y, de esta manera, fomentar el debate público. Vale la pena destacar que los poderes políticos no pueden determinar qué se publica y qué no. Es decir, deben abstenerse de interferencias en el flujo de información. Ambas premisas se sustentan en instrumentos jurídicos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
También, este artículo representó una oportunidad para observar la situación de la libertad de prensa en el contexto peruano, a partir de los casos de Pedro Castillo y María del Carmen Alva, ambos presidentes de poderes del Estado, quienes muestran actitudes hostiles frente al ejercicio de la prensa. De la misma manera, se abordó el caso del periodista Christopher Acosta, quien fue sentenciado por la publicación del libro “Plata como Cancha”, lo que representa un grave precedente para el periodismo en el país. Para finalizar, me permito citar a la periodista que protagoniza esta película, Kay Graham, quien solía decir: “La prensa debe servir a los gobernados, no a los gobernantes”. Esta frase es aplicable tanto a los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam como a la realidad peruana de hoy. La libertad de prensa es esencial en un régimen democrático: los hombres y mujeres dedicados al periodismo, así como la ciudadanía, deben estar dispuestos a defender este derecho humano.
Bibliografía
[1] Spielberg, S. (dir.) (2017). The Post: Los oscuros secretos del Pentágono [película].
[2] Organización de los Estado Americanos. (1969, 22 de noviembre). Convención Americana sobre Derechos Humanos.
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
[3] Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2002, 10 de octubre). Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica.
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_107_esp.pdf
[4] Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2019, 30 de agosto). Caso Álvarez Ramos Vs. Venezuela.
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_380_esp.pdf
[5] Defensoría del Pueblo. (2021, diciembre). Supervisión al Poder Ejecutivo en relación con la libertad de Prensa. Serie de Informes de Adjuntía N° 15-2021-DP/AAC.
[6] Política La República. (2022, 11 de febrero). Audio revela que Alva se queja de nota de TV y haceadvertencia sobre Cerrón. Consultado el 17 de febrero de 2022.
[7] Política La República. (2022, 14 de febrero). ANP rechaza que Maricarmen Alva buscara interferir en publicación. Consultado el 17 de febrero de 2022.
[8] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2020, 24 de febrero). Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2019. Relatoría Especial por la Libertad de Expresión.
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/informes/ESPIA2019.pdf
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