Protestas e identidad cultural: Olvido, abandono y falta de inclusión de las comunidades indígenas en nuestra sociedad

Marco Zelaya - 31 de mayo de 2023 - 0 818 Views

Escrito por Marco Antonio Zelaya Castro, miembro de la Comisión de Diálogos Humanos del Equipo de Derechos Humanos.

Introducción

En los últimos meses hemos presenciado diversas protestas que se han llevado a cabo a lo largo de todo el país y en la ciudad capital, sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, estas protestas han estado marcadas por un fuerte componente cultural, dado que, el grueso de los protestantes eran personas que provenían de la sierra centro y sur de nuestro país. Esto generó una reacción muy marcada por un fuerte racismo por parte de muchos políticos y líderes de opinión. En dicho sentido, no fueron pocos los insultos contra los principales distintivos culturales de distintas comunidades, como la vestimenta, la forma de hablar de las personas que se identificaban sea con la cultura andina, como la aymara o muchas otras comunidades existentes en la selva. Sin embargo, estos ataques no cesaron en la mera burla sino que tenían como intención el deslegitimar las opiniones de las personas que se sentían identificadas con estos elementos identitarios, sobretodo en el contexto de protestas políticas que envolvieron a nuestro país a fines del año pasado y a inicios de este. No obstante, es importante analizar con detenimiento la vinculación entre la identidad cultural y la verdadera magnitud de la marginación que se ejerce tanto desde los espacios donde se maneja el uso de la fuerza hasta los espacios en los que se toman las decisiones relativas a la planeación de las políticas públicas.

En dicho sentido, en el presente artículo se buscará tomar en cuenta el contexto en el que se han comenzado a dar estas manifestaciones con un cargado componente cultural, así como también las razones por las que el derecho a la protesta es esencial para que diferentes comunidades históricamente excluidas puedan ejercer su libertad de expresión sin el temor de ser descalificadas, en tanto que ello también implica la descalificación de sus necesidades y de sus opiniones sobre temas tanto de sus propios intereses como de los intereses nacionales.

Contexto de protestas y crisis social, económica, política en nuestro país

Nuestro país desde hace muchos años pasa por una interminable crisis de inestabilidad política, sumado a grandes escándalos de corrupción que han ido surgiendo a lo largo de los años tanto de nuestros recientes gobiernos como de los anteriores al periodo de inestabilidad más intenso. En dicho sentido, tal como señala Roxana Barrantes, miembro del Directorio del Banco Central de Reserva, las consecuencias de la inestabilidad no solo se manifiestan en los bajos índices de crecimiento económico, en tanto que, también se demuestra en la incapacidad de mantener cierto nivel de coherencia en el trabajo, porque si se cambian constantemente de funcionarios es evidente que estos no pueden establecer una línea de trabajo que garantice la realización de obras (1). Por ello, es que a lo largo de este tiempo, siendo casi 6 años continuos de crisis política, se ha denotado la ausencia de obras públicas significativas y el abandono o poca atención por parte del Estado frente a demandas populares cuyo cumplimiento se hizo más necesario por la pandemia, el Niño costero, entre otros eventos de fuerza mayor que no solo impidieron un mayor crecimiento de cada localidad sino que provocaron severos retrocesos en el desarrollo y acceso a servicios básicos de dichas localidades.

Ante dicho cambio de circunstancias es que las brechas de desigualdad se ampliaron y muchas de las falencias estatales hacia las poblaciones más vulnerables se hicieron más visibles porque su capacidad de respuesta se ha visto reducida y mermada por circunstancias mas bien políticas. En dicho sentido, es que surgieron diversas respuestas por parte de la ciudadanía que pasaron por movilizaciones políticas para demandar una representación política más honesta, la demanda de intereses ambientales y económicos, así como también el surgimiento de movimientos regionales y culturales cuya factor de unión es la identidad cultural que comparten entre sí. De tal modo, muchos grupos étnicos en nuestro país se vieron en la obligación de protestar para que cumplan sus derechos. Por ello, primero es importante contemplar los problemas de la inclusividad cultural que permiten entender la magnitud del derecho a la protesta.

Los problemas actuales de inclusividad cultural

Muchas veces pensamos en la discriminación como un acto realizado por una persona o entidad directamente en contra de un grupo minoritario en nuestra sociedad, siendo muy visible la trasgresión de los valores democráticos y de igualdad necesarios para una convivencia adecuada. Sin embargo, muchas veces la discriminación estatal es indirecta, porque esta no parte de las decisiones personales de un funcionario en particular, sino en la forma y la prioridad con la que se plantean las políticas públicas dedicadas al cumplimiento de los servicios públicos básicos para mantener unas condiciones de vida mínimas necesarias. En dicho sentido, un informe del Instituto Peruano de Economía demostró que las regiones con más pobreza eran Cajamarca, Huánuco, Puno, Ayacucho, Pasco y Loreto, teniendo rangos entre los 44 y 40% de pobreza total en dichas regiones (2). Estos datos se pueden entender mejor cuando se leen en conjunto con los datos obtenidos en el Censo realizado por el INEI el 2017, que revelan que tan solo un 16% de la población urbana se identifica como quechua, mientras que hay hasta 62% de personas que se identifican como mestizas. Mientras que entre la población rural un 36% se identifica como quechua y la cantidad de personas que se identifica como mestiza baja a un 50% aproximadamente (3). En dicho sentido, resulta evidente esta relación entre la autoidentificación étnica de las personas y los altos grados de pobreza, en tanto que muchas regiones como Puno, Ayacucho, Cajamarca son regiones que tienen una identidad cultural distinta a la hegemónica. De tal modo, hay muchos antecedentes como la represión en Conga, el Baguazo, entre otros casos que demuestran que la falta de acceso a derechos básicos evidentemente genera problemas de salud, pobreza, estancamiento socioeconómico, factores que repercuten en el libre desarrollo que todos deberíamos tener garantizados. Por lo que, no resulta casual que regiones en específico mantengan dichos índices de bajo desarrollo económico, puesto que, muchas veces las protestas que terminan realizando atraviesan muchas dificultades y trabas de parte de diversos sectores de la sociedad como de autoridades gubernamentales para poder realmente visibilizar la situación de estas necesidades.

En dicho sentido, para las comunidades o grupos de personas que se identifican de forma distinta a la hegemónica no sólo son ignoradas, sino que muchas veces reciben ataques que no pasan por la desacreditación de sus demandas mediante el uso de argumentos razonables contra estos, sino que atacan la identidad misma de las personas. Como ejemplo de ello, hace unos meses, el Congresista Juan Carlos Lizarzaburu refiriéndose a un grupo de protestantes que se identificaba como la nación aymara y protestaba en contra del gobierno de Dina Boluarte y del Congreso de la República, dijo: “Déjense de hablar de originarios y la bandera del Tahuantinsuyo […] Y la wiphala, ese mantel de chifa que fue adoptado por algunos resentidos sociales bolivianos. Por favor, dejemos de hablar de originarios que eso no tiene nada de productivo para nuestro país” (4) Mediante esta única frase se ejemplifica en mucho detalle el problema relativo a la desigualdad desde la que muchas autoridades y personajes de opinión pública pretenden ejercer su influencia. Porque en dicha situación, ante la violenta respuesta de parte del gobierno que buscaba acallar las protestas, los Congresistas y muchas autoridades decidieron intentar mejorar su imagen y justificar la violencia basándose en ideas de odio y diferenciación. Mediante dichas actitudes intentaron generar una narrativa de “peruanos de bien” y por el otro lado, “los resentidos”, concepto que mas bien refiere a una persona no solo que roza con el antipatriotismo, sino que no razona y habla desde una posición emocional, por lo que, su opinión es evidentemente inferior a la opinión dominante en las esferas de poder.

Sin embargo, dicho racismo no termina con la acción de descalificar sus argumentos sino que también se manifiesta mediante el ataque explícito a los principales signos que los identifican. Ello permite entender que esta marginación no resulta coincidente en el planeamiento de las políticas públicas, porque en repetidas ocasiones las comunidades que han protestado por temas ambientales han sido ignoradas y muchas veces se les reprime con fuerte violencia. Por ello, es que ante esta evidente marginación y uso indebido de la libertad de expresión por la posición de dominio con la que cuentan muchas personas en nuestro país, es que la libertad de conciencia se vincula a la libertad de expresión manifestada de forma muy directa mediante el derecho constitucional a la protesta.

La protesta como única forma de defender su identidad y expresiones culturales

De tal modo, resulta notorio que el derecho a la libertad de conciencia no es la única vía en la que el modelo constitucional garantiza el respeto para las comunidades indígenas y campesinas, como a todo aquel que tenga una identidad distinta. Puesto que, muchas veces las identidades culturales correspondientes no solo están vinculadas a una forma de pensar sino que se vinculan a la expresión de otros derechos. Como ejemplo de ello, muchas comunidades están fuertemente vinculadas al medio ambiente que los rodea, a tradiciones que pasan por el respeto a lugares en específico. Por dicha razón es que la defensa de la identidad cultural que ejercen estas comunidades no pasa por un uso de su libertad de conciencia sino de formas de manifestarlas más activas y ante todo de poder respetar su autonomía. En dicho sentido, el líder awajún Santiago Manuin en entrevista con Ojo Público indica que: “El gobierno debe respetar nuestra autonomía que busca un desarrollo sostenible. (…) Nosotros tenemos una forma de organización muy diferente, eso es lo que el gobierno debe respetar. El Perú es grande, pero dentro nosotros somos una cultura y una cultura debe buscar su desarrollo de acuerdo a su realidad, cómo quiere vivir, que con su autonomía busque el desarrollo.” (5). Esto permite entender que la magnitud de la identidad cultural debe ser entendida desde una perspectiva multidimensional y estrechamente relacionada a las libertades personales y políticas de las personas que las componen. Lo que termina siendo de gran importancia de cara a la opinión pública porque uno de los grandes problemas existentes en nuestro país radica en la exotización de las culturas ajenas a la hegemónica. Esto quiere decir que en las esferas de poder se puede aceptar que haya una persona andina exponiendo sus productos, realizando sus danzas típicas, promocionando turismo, pero no se le termina de respetar como una persona en sí y no se acepta las opiniones que puedan tener y se trata de inferiorizarlos, tanto a ellos como a sus identidades y sus correspondientes necesidades.

En los últimos meses, la lucha de distintas comunidades a lo largo del país para poder expresar sus identidades y sus opiniones sobre lo acontecido en el país y las urgentes necesidades que lo acongoja se han agravado, dado el contexto que hemos llegado a mencionar anteriormente. Y es así que hemos podido ver muchas personas de distintas comunidades de la selva peruana, personas de la nación aymara, integrantes de las rondas campesinas, todos con distintas identidades, expresiones culturales y muchas veces hasta pedidos distintos acordes a sus necesidades no solo físicas, sino de representación en la política nacional, así como la inclusión de sus voces en el debate público. Sin embargo, esta corriente chocó contra severos agravios por parte de fuerzas del orden y de autoridades públicas. Uno de los ejemplos más simbólicos resultó la desproporcionada medida por parte de los efectivos de la Policía Nacional de Perú de confiscar los arcos y flechas de un grupo de manifestantes asháninkas que venían a protestar a Lima, alegando que estos eran armas, cuando en realidad dichos objetos son históricamente parte de sus atuendos tradicionales y no tienen fines de hostilidad. Así también se pudo ver un ataque contra el idioma de los manifestantes, en el que, el entonces Premier, Pedro Angulo indicó en una ocasión que “hay personas que no saben y gritan” y que el motivo de su ignorancia muchas veces era el que eran personas quechuahablantes. (6) En dicho sentido, estas y muchas otras manifestaciones demuestran que la libertad de expresión puede estar garantizada en lo legal para todos por igual, pero en la práctica siempre existe discriminación dentro de la discrecionalidad que faculta la ley. Porque este concepto de superioridad está impreso no solo en nuestras leyes sino en la mentalidad de muchos peruanos. Por dicha razón, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que pese a los grandes avances en materia de derechos humanos en el accionar estatal en general, aún no se superan las grandes barreras de estigmatización mediante las que se rigen las fuerzas del orden, en tanto que, aún se asocian otras identidades culturales con actos de terrorismo. (7) Por ello es que aún se debe tomar en cuenta este factor que rige fácticamente el accionar estatal y el de las fuerzas del orden en específico también.

Conclusiones

A modo de conclusión, creo que es importante resaltar que si bien han habido importantes avances en materia de derechos humanos e inclusión de las diversas identidades culturales existentes en nuestro país. No ha cambiado el hecho de que el racismo y la discriminación étnica siguen muy presentes en nuestra sociedad, sobretodo en las esferas de poder que tienen el control de las políticas públicas en nuestro país. En dicho sentido, se debe recalcar que dadas las brechas de desigualdad existentes, el ejercicio de la libertad de expresión de forma pasiva mediante sus manifestaciones más cotidianas no les resulta suficiente para que los demás los respeten. Es por ello que se plantea esta relación con el derecho a la protesta, porque al ser esta una forma más directa de expresar una opinión, realizar una demanda social y exigir respeto y autonomía, es que se debe tomar en cuenta estos derechos de forma interseccional. Por dicha razón, ante el agravamiento de la situación social y política en nuestro país no se debe olvidar que las protestas son el ejercicio más democrático que puede existir en una sociedad, ya que, es el medio para garantizar el respeto de nuestros derechos que nos corresponden a todos como ciudadanos.

BIBLIOGRAFÍA: