Nubes de conciencia: Evolución, avances y puntos a mejorar en el cuidado de la salud mental en el Perú
Alessia Lino - - 0 47 ViewsEscrito por Alessia Camila Lino Saldaña, miembro de la comisión de Diálogos Humanos del Equipo de Derechos Humanos de la PUCP, y Marco Antonio Zelaya Castro, director de la Comisión de Diálogos Humanos del Equipo de Derechos Humanos de la PUCP
El 19 de septiembre de 2024, se estrenó en las salas de cine peruanas Sube a mi nube, una obra cinematográfica que aborda un tema que ha traído a la mesa un tema delicado pero necesario: la salud mental. La película, dirigida por Sergio Barrio e inspirada en ciertos aspectos de la vida de Mónica Santa María, reconocida conductora del icónico programa infantil Nubeluz, retrata el impacto emocional y psicológico de la fama en una sociedad peruana que, durante la década de los noventa, carecía de una comprensión adecuada sobre los trastornos mentales.
El film, aunque no es un biopic fiel a los hechos, nos permite atisbar la realidad de una época en la que la ansiedad, la depresión y otros trastornos afines eran temas silenciados, carentes de reconocimiento clínico o tratamiento adecuado. La protagonista, bajo el brillo y la presión del éxito, enfrenta profundas crisis internas que no son comprendidas ni abordadas de manera apropiada, debido a los prejuicios sociales y la limitada respuesta institucional por parte del Estado en ofrecer tratamientos adecuados.
Si bien hoy en día la salud mental ha ganado visibilidad en el Perú y ha dejado de ser un tema tabú a nivel normativo, incluso con la promulgación de la Ley de Salud Mental (Ley Nº 30947) en el año 2019, aún persisten desafíos importantes en su tratamiento integral. En este contexto, el presente artículo se propone examinar en profundidad tres aspectos cruciales que nos ayudarán a comprender mejor el estado actual de la salud mental en el Perú: 1) La problemática histórica vinculada al descuido sistemático e invisibilización del cuidado de la salud mental, y su evolución normativa, 2) La percepción y actitudes de la sociedad peruana frente a la salud mental en la actualidad, y 3) El reconocimiento normativo de la salud mental como un derecho y aquello que no se abarca en la norma.
1. La problemática histórica vinculada al descuido sistemático e invisibilización del cuidado de la salud mental, y su evolución normativa
1.1 El estigma en la salud mental: Una historia de marginación y exclusión
Tal como se mencionó en la introducción, en el pasado la salud mental fue, a diferencia de cómo es percibida hoy en día —a pesar de que todavía existen estigmas por superar—, un tema poco abordado, rodeado de estigmas que afectaban gravemente los derechos de las personas con trastornos mentales. Este estigma, entendido como un conjunto de actitudes y creencias negativas, conllevó a desvalorizar, desacreditar y marginar a quienes padecían enfermedades mentales (Huizen, 2021). En general, se reconocen tres tipos de estigmas en el ámbito de la salud mental: el estigma social o público, el autoestigma y el estigma institucional.
El estigma social o público alude a las creencias y actitudes discriminatorias prevalentes en la sociedad o en grupos culturales específicos, las cuales fomentan una visión negativa de las afecciones mentales. El autoestigma, por otro lado, se produce cuando los individuos internalizan estas creencias, afectando su autoestima y dificultando su disposición a buscar ayuda profesional. Finalmente, el estigma institucional se refiere a las políticas y prácticas, tanto gubernamentales como privadas, que discriminan, de manera consciente o inconsciente, a las personas con trastornos mentales (Huizen, 2021).
En décadas pasadas, estos estigmas se manifestaban de manera mucho más intensa que en la actualidad, pues estaban profundamente arraigados en percepciones erróneas, como la creencia de que las personas con trastornos mentales eran inherentemente violentas, agresivas o exhibían conductas extrañas. Uriarte refuerza esta idea al señalar que:
“Los prejuicios moldean la actitud de las personas, influyendo en su disposición a actuar de manera negativa o positiva hacia el objeto del prejuicio. De este modo, quienes sostienen prejuicios validan estereotipos negativos (‘¡Es verdad! Todas las personas con enfermedades mentales son violentas’) y experimentan emociones adversas como consecuencia (‘me asustan todos ellos’). Este prejuicio, a su vez, se traduce en discriminación y comportamientos hostiles” (2006, p. 51).
Como resultado, estas personas eran percibidas como incapaces de mejorar, peligrosas, y sujetas al aislamiento, lo que reforzaba la idea de que no podían desempeñar las mismas actividades o tareas que el resto, intensificando su marginación y exclusión social.
En este contexto, una de las barreras más significativas en el tratamiento de la salud mental en el Perú fue la invalidación de las emociones y sentimientos de quienes padecían trastornos mentales. De acuerdo con UNICEF (2019), históricamente, las creencias culturales que priorizan la fortaleza y la resiliencia han contribuido a la marginalización de quienes padecen problemas emocionales, al considerar las expresiones de angustia, ansiedad o tristeza han sido minimizadas y vistas como signos de debilidad. En otras palabras, esta cultura de invalidación llevó a que muchas personas reprimieran sus emociones y sintieran vergüenza al buscar ayuda, perpetuando así el estigma relacionado con la salud mental.
En consecuencia, se adoptaron tratamientos inadecuados, muchos de los cuales carecían de sustento científico: En lugar de acudir a profesionales de la salud, muchas personas recurrían a prácticas pseudocientíficas o alternativas, como remedios herbales o terapias de choque no reguladas, que no solo resultaban ineficaces, sino que a menudo exacerbaban el sufrimiento de los pacientes. En este punto, es importante señalar que el Hospital Larco Herrera fue la única institución que proporcionó atención a pacientes con trastornos de salud mental durante 60 años desde su fundación en 1918; lo cual implicó el cierre del manicomio situado en el Cercado de Lima, que había sido establecido en 1859 (Punto Seguido, 2018). En ese sentido, el modelo predominante en el pasado era la institucionalización de los pacientes en hospitales psiquiátricos, frecuentemente bajo condiciones deplorables e inhumanas, donde no se les brindaba un tratamiento digno ni compasivo.
1.2 Evolución de las políticas públicas sobre la salud mental en el Perú
El informe “Avances y desafíos de la reforma de salud mental en el Perú en el último decenio”, elaborado por la Organización Panamericana de la Salud, presenta un análisis exhaustivo de la evolución normativa sobre salud mental en el paíz. En ese sentido, la información desarrollada en esta sección proviene íntegramente de dicho estudio.
En el Perú, el desarrollo de políticas públicas sobre la salud mental ha estado fuertemente influenciado, en sus inicios, por la violencia política de los años 1980 al 2000, lo que derivó en la demanda de atención de salud mental por parte de comunidades afectadas. A raíz de esta crisis, se impulsaron importantes reformas, como el Plan Integral de Reparaciones en Salud y la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Mental y Cultura de Paz 2005-2010. Posteriormente, se implementó el Plan Nacional de Salud Mental 2005, estableciendo las bases para una atención más integral y humana de los problemas de salud mental en el país.
En 2006, la creación de la Dirección de Salud Mental (DSAME) en el Ministerio de Salud (MINSA) marcó un hito importante, pues permitió estructurar políticas en torno a la salud mental, articulando esfuerzos entre el sector salud, autoridades regionales y la comunidad. Esto fue clave para avanzar hacia un modelo de atención comunitario, que prioriza una atención cercana y coordinada con los distintos actores sociales.
El nuevo modelo comunitario se ha centrado en la integración de los servicios de salud mental en todos los niveles de atención. Los establecimientos del primer nivel (EESS I-1 al I-4) juegan un papel fundamental debido a su proximidad con las comunidades, facilitando acciones de promoción, prevención y atención integral. En este nivel, los Centros de Salud Mental Comunitaria (CSMC) actúan como los principales prestadores de servicios especializados en salud mental, asegurando la detección y tratamiento de casos de baja y mediana complejidad. Estos centros, ubicados estratégicamente por cada 100,000 habitantes, brindan atención ambulatoria, asistencia técnica, y supervisión de los EESS. Además, facilitan la articulación de iniciativas con la comunidad, lo que promueve un cuidado más holístico y centrado en el bienestar familiar y comunitario; el cual se complementa con servicios como los hogares protegidos , que brindan apoyo transitorio a personas con trastornos mentales graves y discapacidad mental, permitiendo su reintegración social y laboral mediante el desarrollo de habilidades de autocuidado y participación en la comunidad (Organización Panamericana de la Salud, 2023, pp. 6).
En los niveles de atención más avanzados, se encuentran los hospitales generales con unidades de hospitalización de salud mental y adicciones (UHSMA), así como las unidades de hospital de día (UHD-SM). Estos servicios permiten una estabilización clínica y atención ambulatoria especializada en situaciones de emergencia psiquiátrica o crisis agudas, garantizando una atención integral y coordinada para los pacientes.
A la par de ello, la cooperación técnica de la OPS entre 2008 y 2013 también jugó un papel importante en la reforma, facilitando intercambios con países como Chile y Argentina, cuyas experiencias enriquecieron el modelo peruano. Esto incluyó la apertura de hogares protegidos y la formación del Grupo Impulsor de la Reforma de Salud Mental (GIR), que promovió el establecimiento de la DSAME dentro del MINSA. Asimismo, un avance clave fue la creación del Programa Presupuestal 0131 en 2014, que canalizó el financiamiento necesario para ampliar la oferta de servicios en salud mental comunitaria a nivel nacional. Este financiamiento permitió la expansión de los CSMC y el fortalecimiento de los recursos humanos, garantizando una mayor accesibilidad a los servicios en todo el país (Organización Panamericana de la Salud, 2023, pp. 5).
Este avance en la salud mental se materializó en la aprobación de la Ley de Salud Mental en el año 2019 y su reglamento en 2020. Estas normas fortalecieron el derecho de acceso a los servicios de salud mental, impulsando el modelo comunitario y promoviendo la autonomía y dignidad de las personas con trastornos mentales. La legislación subraya la necesidad de un enfoque intercultural y comunitario en la atención, eliminando la discriminación y estigmatización. Finalmente, en base a ello, se diseñó el Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental 2024, el cual busca guiar y fortalecer las inversiones en salud mental, con el objetivo de mejorar el acceso a los servicios, desinstitucionalizar a los pacientes, desarrollar capacidades del personal de salud y fomentar la participación comunitaria. Este plan es esencial para consolidar el modelo comunitario, enfocándose en el bienestar integral de las personas y sus comunidades.
2. La percepción y actitudes de la sociedad peruana frente a la salud mental en la actualidad
Como se ha evidenciado anteriormente, ha existido una evolución respecto a la respuesta del Estado peruano frente a la salud mental, en la medida que, se ha promocionado un gran número de políticas públicas orientadas a aumentar la cobertura y mejorar la calidad del tratamiento. Sin embargo, desde la sociedad peruana aún existe cierto recelo provocado por el mismo desconocimiento que se tiene sobre ciertas condiciones que en realidad no deberían ser consideradas como “anormales”.
Un claro ejemplo de ello es el cómo en nuestro país este año se intentó imponer desde el Ministerio de Salud una normativa técnica que catalogar a la transexualidad, las expresiones de género y muchas otras formas de identidad como una patología mental, provocando que estas sean vistas a ojos de la sociedad como “enfermedades mentales” y precarice aún más su delicada situación en nuestro país. Tomás Seron y Manuel Catalan (2021) indican que la población trans no solo tienen que lidiar con la escasa cantidad de profesionales culturalmente competentes y capacitadxs, contribuyendo así a que se forme otra barrera al acceso a la salud; sino que también estas barreras incrementan el riesgo de tener depresión, suicidios y VIH. En este mismo sentido, también existe una correlación vinculada a los bajos ingresos, no tener cobertura de seguro y carecer de vivienda estable; con el tener un más difícil acceso a servicios médicos (pp. 241).
Si bien dicha normativa fue derogada posteriormente, dado que, su permanencia resultaba insostenible tanto social como científicamente; lo cierto es que aun en la sociedad podemos ver otros tipos de acciones atroces como las “terapias de conversión” que siguen esta pauta de considerar a distintos tipos de identidades como si fueran errores de la naturaleza, situación que invalida los pensamientos y sentimientos de personas como nosotrxs.
Otro punto importante que se debe abordar es el estigma que existe sobre la comunidad neurodivergente que comprende muchas condiciones como el síndrome de Asperger, el espectro autista, entre muchos otros. Se debe resaltar que no es sino hasta hace muy poco tiempo que se ha reconocido las distintas formas de expresarse y de estructurar pensamientos de las personas que tienen alguna condición neurodivergente. Por ello, aún desde la comunidad científica no se ha podido definir términos exactos que no impliquen una estigmatización de esta comunidad.
Resulta un grave problema en la sociedad el uso de determinados términos usados tanto por la ciencia como por la sociedad para poder categorizar a este grupo de personas, que muchas veces deviene en el uso de términos disgregantes y perniciosos. Ello provoca que se genere un estándar de “normalidad” y uno de “subnormalidad” que en la fáctica no existe, más allá del discurso social que es adoptado muchas veces no solo por la sociedad sino por las instancias institucionales (Chamorro; 2023).
Esta problemática mencionada lleva a otra reflexión y es que en general, las personas que requieren de algún tipo de asistencia de salud mental son vistas como si fueran inferiores o menos que los demás; pensamiento que si bien ya no es tan evidente como lo era hace unas décadas, todavía se refleja en muchos criterios de acceso a mejores condiciones laborales o académicas. Franco Mascayano Tapia y otros (2015) señalan que muchas veces los pacientes sufren de aislamiento y exclusión social, por culpa de prejuicios y actos discriminatorios. Asimismo, se ven obligados a lidiar con actitudes paternalistas por parte del Estado y a su vez, tienen un bajo acceso al trabajo, viviendo, sistemas judiciales y sanitarios (pp. 54).
Debido a ello, es importante reconocer que si bien se ha logrado abrir espacios seguros en los que se puede hablar de la salud mental con un relativo grado de apoyo institucional, aún existen ciertas políticas y conductas de sectores de la sociedad con fuerte influencia que buscan establecer una narrativa de “nosotros”, haciendo referencia a quienes no muestran signos de necesitar asistencia psicológica y un “otros” en referencia a quienes aparentemente tienen problemas para manejarse en su normal desempeño de labores. Un relato que resulta totalmente alejado de la realidad porque no solo invisibiliza muchas formas de poder desarrollarse a nivel personal sino que estigmatiza a quienes llegan a padecer de problemas de salud mental y dificulta a que puedan buscar ayuda profesional.
3. El reconocimiento normativo de la salud mental como un derecho y aquello que no se abarca en la norma
3.1. El contenido integral del derecho a la salud física y mental
El artículo 7 de la Constitución peruana hace explícita referencia al derecho de todos a una adecuada atención de salud, aunque no se hace mención del derecho a la salud mental salvo cuando la condición afecte a la persona hasta que esta se encuentre incapacitada para tomar decisiones por sí misma. Si se interpretara este planteamiento constitucional en un sentido literal generaría una estigmatización al concebir implícitamente que los únicos problemas de salud mental reconocibles son aquellos que incapacitan a la persona. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha podido dotar de mayor contenido a este precepto en la medida que no excluye al reconocimiento de la salud mental.
El Tribunal Constitucional en la Sentencia – Expediente N° 03081-2007 – AA establece lo siguiente:
25. (…) el derecho a la salud mental tiene como contenido esencial los elementos que son inherentes al derecho a la salud, pero con la particularidad de que sus titulares constituyen un sector de la población altamente vulnerable, que requiere de una visión de sus derechos fundamentales desde una óptica que no sólo entraña categorías jurídicas, sino también médicas, antropológicas, sociológicas, entre otros aspectos, que han sido considerados por los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.
26. De ahí que las obligaciones estatales no se constriñen, como ya se dijo, a una garantía de respeto, en el sentido de una libertad negativa de un no hacer, sino que importan, en virtud del artículo 9º de la Constitución, un conjunto de acciones positivas a fin de que el derecho a la salud no sea un ideal, una entelequia platónica, ni una fórmula vaciada de contenido por su carácter de norma programática. (…)
El desarrollo de jurisprudencia como la expuesta y muchas otras más donde se profundiza en el concepto de la salud mental desde la óptica del derecho han permitido que poco a poco desde las instancias judiciales se fomente un reconocimiento explícito del derecho a la salud mental. En dicho sentido, las medidas gubernamentales que se han ido mencionando anteriormente se han presentado en conjunto con este desarrollo jurisprudencial y han permitido brindar una respuesta institucional más integral que beneficie al público progresivamente.
Sin embargo, si bien se ha logrado dicho avance significativo, aún existe una barrera que va más allá de los aspectos técnicos o los aspectos meramente legales y que a su vez deben ser considerados puesto que, dificultan el acceso de muchas personas a los servicios anteriormente mencionados promocionados por el Estado.
3.2. Más allá de la norma, salud mental y pobreza
Una de las principales barreras al acceso a un adecuado tratamiento de salud mental es la pobreza. Si bien es cierto que durante los últimos años se ha promovido la creación de más Centros de Salud Mental Comunitarios que otorgan atención gratuita, lo real es que muchas veces el acceso a este es difícil debido a la gran cantidad de demanda que se debe cubrir para poder cumplir con toda la población, así como también en muchas ocasiones estos centros por ser gratuitos cuentan con una atención deficiente y cuyos especialistas muchas veces no se encuentran totalmente capacitados para poder actuar casos especiales como la identidad de género, la neuro divergencia, entre muchos otros.
Asimismo, la falta de recursos económicos genera que las personas tengan problemas de salud mental. En dicho sentido, la falta de seguridad por el sustento de vida, la necesidad de trabajo, la frustración por el no tener los recursos para salir adelante y muchas otras cosas más son factores que inciden directamente en la salud mental de muchas personas que además de carecer de recursos económicos para acceder a un tratamiento integral de salud mental se ven afectados por problemas de esta índole por las condiciones de vida a las que se ven obligados a vivir.
Como ejemplo de ello Jonathan Clausen y Nicolás Barrantes (2021) lograron detectar que siguiendo los datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del 2018, en una escala de 0 a 27, las personas que viven en pobreza multidimensional tienen hasta 8 puntos más de probabilidad de tener síntomas de depresión. Tomando en consideración que la pobreza multidimensional no comprende únicamente a la pobreza monetaria, sino también a la salud, educación y estándar de vida (pp. 112-113).
Estos datos evidencian que la pobreza y la salud mental se encuentran en un círculo sin fin en el que uno genera mayor problemática sobre el otro, razón por la que uno de los factores importantes a considerar en general es la necesidad de combatir la pobreza de la mano de implementar políticas integrales de salud mental con especialistas capacitados no solo en el trato con personas con distintas identidades de género, condiciones neuro divergentes u otros sino que también entiendan las problemáticas inherentes a la falta de recursos económicos y empaticen con dicha situación que es difícil de atravesar.
Conclusión
En conclusión, la película Sube a mi nube es una herramienta valiosa que sensibiliza a los espectadores de manera didáctica sobre la importancia de la salud mental. A través de la experiencia de la protagonista, se puede apreciar cómo han cambiado tanto la percepción social como las normativas relacionadas con la salud mental desde la década de los 90 hasta la actualidad, destacando los avances logrados en este campo.
Estos avances se reflejan en las políticas públicas, las cuales han experimentado un desarrollo significativo en las últimas décadas. Este cambio ha sido impulsado por la necesidad de abordar los efectos de la violencia política y por los crecientes esfuerzos por desinstitucionalizar la atención en salud mental. Entre los logros más destacados se encuentran la implementación de los Centros de Salud Mental Comunitaria, que han permitido un enfoque más humano y accesible para las comunidades. Además, la Ley de Salud Mental del año 2019 representa un avance crucial al consolidar el derecho de todas las personas a recibir atención en salud mental dentro del sistema público de salud. Sin embargo, a pesar de estos logros, aún persisten desafíos importantes que dificultan el acceso a una atención de calidad.
Para enfrentar estos desafíos, es fundamental considerar dos transformaciones esenciales que deben implementarse en las políticas de salud mental. En primer lugar, es urgente adoptar un enfoque que respete y reconozca todas las expresiones de identidad de género y a la comunidad neurodivergente. En segundo lugar, es que las políticas de salud mental incorporen estrategias para combatir la pobreza y fomentar el bienestar económico, reconociendo así la interconexión entre la salud mental y la situación económica. Al adoptar estas transformaciones, se avanzará hacia un sistema de salud mental más inclusivo y equitativo, que atienda efectivamente las necesidades de toda la población.
En suma, si bien se ha recorrido un largo camino desde los inicios de la atención psiquiátrica en el Perú, la deuda histórica con las personas que padecen trastornos mentales aún persiste. El desafío futuro radica no solo en continuar fortaleciendo la infraestructura y el marco normativo, sino en transformar las percepciones sociales para erradicar el estigma y garantizar que todos los ciudadanos, sin importar su condición socioeconómica, accedan a una atención de salud mental digna, oportuna y eficaz. Solo a través de un compromiso genuino con la equidad y la justicia social, el Perú podrá cerrar esta brecha histórica y construir un sistema de salud mental verdaderamente inclusivo.
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