La tierra no se vende, ¡se defiende! Defensores ambientales en la primera línea de batalla contra la explotación ambiental
Gabriela Tenorio Mucha - - 0 48 ViewsEscrito por Gabriela Tenorio, comisionada de Diálogos Humanos del Equipo de Derechos Humanos de la PUCP, y Sarelly Milla, comisionada de Impulsa DH del Equipo de Derechos Humanos de la PUCP.
En los últimos años, los defensores ambientales han tomado mayor relevancia en el Perú, en un contexto donde proteger la naturaleza se ha vuelto una tarea de alto riesgo y urgencia. Los defensores son, tanto personas naturales como jurídicas, que, de forma personal o profesional, se dedican a la preservación, protección y promoción de los derechos humanos relacionados con el ambiente de manera pacífica. Sin embargo, esta lucha tiene un precio. Según la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), entre estos defensores se encuentran, en su mayoría, integrantes de pueblos indígenas, quienes se ven afectados por las consecuencias de las industrias extractivas como la minería ilegal, la tala ilegal, la agricultura intensiva y el narcotráfico. Estas actividades, con frecuencia operando en áreas de alta biodiversidad y en territorios comunales, no solo deterioran el entorno, sino que también amenazan la vida y la integridad de quienes buscan protegerlo.
A pesar de contar con un marco legal que incluye normas nacionales e internacionales orientadas a brindar protección, la implementación efectiva de estas herramientas enfrenta grandes obstáculos, especialmente en contextos de alta conflictividad con actividades extractivas. La Constitución Política del Perú reconoce en el artículo 2 inciso 22 el derecho fundamental de gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, estableciendo la obligación del Estado de crear condiciones que mejoren sustancialmente la calidad de vida de la población, en especial de quienes dependen de los recursos naturales para su subsistencia. Asimismo, la Ley General del Ambiente en el artículo I del Título Preliminar se establece que toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente saludable y adecuado para el desarrollo de la vida y, de esa forma, asegurar el correcto ejercicio del derecho a la salud tanto individual como colectiva, asi como el resguardo de los recursos naturales y la biodiversidad.
En teoría, la Ley Nº 29785, Ley de Consulta Previa, representa un salvavidas para los pueblos indígenas, al garantizarles el derecho a ser consultados antes de llevar a cabo proyectos en sus territorios. Del mismo modo, la Resolución Ministerial N° 159-2021-JUS tiene como objetivo proteger a las personas defensoras de los derechos humanos, incluidas las ambientales, buscando prevenir y responder ante amenazas, agresiones y criminalización. Sin embargo, estas protecciones legales muchas veces quedan como un espejismo, inalcanzable en la práctica.
A nivel internacional, el Convenio 169 de la OIT reitera la importancia de consultar a los pueblos indígenas antes de la ejecución de proyectos que puedan impactar sus territorios y su entorno. No obstante, el cumplimiento de estos compromisos suele ser, en el mejor de los casos, inconsistente. Las normas están, los compromisos se firmaron, pero en la realidad, las historias de persecución, violencia y silenciamiento de defensores ambientales nos siguen recordando lo mucho que falta para que la ley y la justicia sean más que simples promesas de papel.
Una de las causas más mortales para los defensores ambientales es la lucha contra la minería ilegal, situación que se ha agravado exponencialmente en los últimos años, devastando comunidades indígenas y cobrando vidas. Según Conservación de la Amazonía, esta actividad no solo ha causado pérdidas económicas superiores a los 593 millones de dólares, sino que ha dejado un legado de destrucción ambiental y riesgos para la salud humana. Como lo advierten expertos como Fernando Osores Plenge, la minería ilegal provoca deforestación, erosión de suelos y la liberación de metales pesados como el mercurio en fuentes hídricas, impactando de manera devastadora a comunidades y ecosistemas. Estos efectos constituyen una clara violación de los derechos fundamentales que, en teoría, protege el marco legal previamente analizado.
Madre de Dios se ha convertido en el epicentro de esta crisis. Esta región, símbolo de la devastación ambiental, ha perdido más de 100 mil hectáreas de bosque debido a la minería ilegal. Según el proyecto Monitoring of the Andean Amazon, entre 2010 y 2023, al menos 20 ambientalistas fueron asesinados por defender los derechos ambientales en la región, siendo la minería de oro la causa predominante.
Las estadísticas globales no son menos alarmantes. De acuerdo con Global Witness (2023) más de 180 defensores ambientales fueron asesinados en todo el mundo, elevando la cifra total a más de 2,100 desde 2012. América Latina concentra más del 80% de estos asesinatos, según la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA; 2021), posicionando a Perú entre los países más peligrosos para los defensores ambientales. En 2023, nombres como Benjamín Flores, Cristino Melchor, Quinto Inuma y Santiago Contoricón engrosaron la lista de mártires de una causa que, lejos de recibir protección, parece despertar una violencia sistemática. En la región, Colombia encabeza este macabro ranking con 79 asesinatos, seguido de Brasil con 25 y México con 18.
Los casos de Victorio Dariquebe Gerewa y Arbildo Meléndez Grández revelan de manera brutal esta realidad. Victorio, asesinado en 2024 frente a su hijo y miembros de su comunidad, se suma a una larga lista de víctimas cuyo único “crimen” fue proteger sus tierras. El caso de Arbildo, ejecutado con disparos de escopeta mientras realizaba sus actividades como presidente de la comunidad nativa Unipacuyacu, muestra cómo las amenazas que enfrentan estos defensores no son advertencias vacías, sino sentencias de muerte inminentes.
Estos episodios nos confrontan con una verdad incómoda: la lucha de los defensores ambientales no solo es contra la destrucción del entorno, sino contra un sistema que los deja desprotegidos y expuestos. Sus muertes no son accidentes, sino el reflejo de un abandono sistemático, en el que las promesas de protección y justicia se desvanecen ante la indiferencia y la impunidad.
La lucha por la justicia ambiental
En América Latina, las mujeres indígenas han jugado un rol crucial en la lucha por la justicia ambiental, enfrentando un doble reto: la violencia de género y las amenazas contra sus territorios. Su activismo ha sido fundamental para promover la protección y realización de derechos humanos relacionados con el medio ambiente y el territorio. Sin embargo, estas defensoras y sus comunidades enfrentan un entorno hostil caracterizado por la criminalización, el hostigamiento y, en casos extremos, el asesinato como represalia por sus esfuerzos en defensa de sus territorios. De acuerdo con un informe reciente de la ONG Global Witness (2023), entre el 2021 y 2022, 15 defensores ambientales fueron asesinados, evidenciando el riesgo latente que sufren aquellos que se oponen a actividades extractivas y megaproyectos sin las debidas salvaguardas sociales y ambientales.
El impacto de estas luchas ha sido significativo, logrando en algunos casos frenar proyectos extractivos perjudiciales y visibilizando la importancia de la justicia ambiental. Sin embargo, los marcos legales nacionales e internacionales presentan limitaciones profundas. Aunque existen tratados regionales como el Acuerdo de Escazú, que incluye provisiones explícitas para proteger a los defensores, su ratificación y cumplimiento siguen siendo un reto en muchos países de la región. La normativa internacional y los marcos legales internos aún no cuentan con mecanismos eficaces y operativos que garanticen una protección integral y diferenciada para estos defensores.
De acuerdo a un informe publicado por Global Witness (2023), Perú se posiciona como uno de los países con mayor número de asesinatos de defensores ambientales a nivel mundial. Estos defensores asumen el desafío de exigir y promover la efectividad de sus derechos vulnerados dentro del marco normativo vigente, valiéndose de vías procesales regulares para plantear demandas y reivindicaciones. Sin embargo, su lucha por la protección del medio ambiente los expone a altos niveles de violencia, criminalización y hostigamiento.
Ante esta preocupante realidad, el Estado peruano y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos han implementado diversas normativas para asegurar la protección de estos activistas, como el Decreto Supremo N° 002-2018-JUS, el DS N° 004-2021-JUS y la Resolución Ministerial 255-2020-JUS. Estas disposiciones reconocen a los defensores ambientales como un grupo especialmente vulnerable y obligan al Estado a adoptar medidas concretas para protegerlos. Además, se establecen principios, procedimientos y mecanismos para prevenir, proteger y facilitar su acceso a la justicia. Sin embargo, como lo resalta Montoya y otros (2024) a pesar de estos esfuerzos normativos, los defensores continúan siendo blanco de criminalización, amenazas de violencia y asesinatos, evidenciando una evidente falta de implementación efectiva y voluntad política para garantizar su seguridad.
Los desafíos que enfrentan los defensores ambientales en Perú no solo se originan por actores económicos que priorizan intereses extractivistas, sino también por la ausencia de un marco legal eficaz. Aunque diversas organizaciones de derechos humanos y ambientalistas han impulsado la ratificación del Acuerdo de Escazú, la resistencia por parte de ciertos sectores políticos y económicos ha frenado su implementación. Esta falta de compromiso institucional deja a los defensores expuestos a hostigamientos, amenazas y agresiones, reflejando la necesidad urgente de fortalecer su protección y apoyo institucional para garantizar su labor de defensa ambiental. La indiferencia o negligencia del Estado no solo perpetúa la impunidad, sino que también envía un mensaje de desamparo a quienes arriesgan sus vidas por el bien común.
La situación de los defensores ambientales en el Perú es una herida abierta en nuestra sociedad. La brecha entre las leyes que proclaman su protección y la realidad en la que son silenciados brutalmente, es un recordatorio de cuánto nos queda por hacer. No basta con firmar tratados ni promulgar normas si estas no se traducen en acciones concretas. No basta con declarar la voluntad de proteger a quienes arriesgan todo por preservar nuestro entorno. Los asesinatos, la persecución y el olvido reflejan un sistema que parece más interesado en proteger intereses económicos que en salvaguardar la vida y el legado natural de nuestro país. Según la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) (2024), la implementación efectiva del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos enfrenta serias deficiencias, principalmente debido a la falta de presupuesto necesario para su activación oportuna. La responsabilidad recae en el Ministerio del Interior, que, desde la creación del mecanismo en 2021, no ha establecido pautas claras ni asegurado la financiación adecuada para su funcionamiento.
Debemos tener en cuenta que nos compete a todos, como sociedad, exigir un cambio real, demandar justicia para las víctimas y garantías efectivas para quienes continúan en esta lucha desigual. Esta no es tarea de unos pocos, sino de todos. No podemos seguir observando desde la comodidad mientras la indiferencia y la impunidad lastiman nuestros bosques, nuestras comunidades y nuestras esperanzas de un futuro más sostenible. La lucha por la justicia ambiental debe ser también una lucha por la dignidad humana, y no puede permitirse más tiempo en la retórica vacía.
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