Escrito por Daniella Llanos, directora de la Comisión de Comunicaciones e Imagen Institucional del Equipo de Derechos Humanos de la PUCP e Iván Arias, comisionado de la Comisión de Comunicaciones e Imagen Institucional del Equipo de Derechos Humanos de la PUCP.

Las “terapias de conversión”, también conocidas como terapias reparativas o de reorientación sexual, son un conjunto de intervenciones que buscan modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona para ajustarla a una sociedad heteronormativa. Estas prácticas no cuentan con respaldo científico y, dependiendo del contexto en donde estas sean llevadas a cabo, se realizan de forma clandestina sin la debida documentación ni preparación profesional.

El contexto histórico es incierto, pero se tienen distintos alcances frente a la promoción de la homosexualidad como enfermedad y posteriormente, la aplicación de la terapias de conversión sobre esta. En 1886, Richard Von Krafft-Ebing, psiquiatra ruso, publicó su libro que tocaba temas acerca de las perversiones sexuales y calificó la homosexualidad como una enfermedad hereditaria. A finales del siglo XIX, el conocido neurólogo, Sigmund Freud mencionó que la homosexualidad se debe a falta de desarrollo biológico. Pese a que Freud haya tratado de retractar su irresponsabilidad, el daño y el pensamiento de la sociedad estaba adquirido y divulgado. 

En 1956, después de que el psicoanalista haya hecho un boom con esa revelación, la DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) donde la investigación concluyó que la homosexualidad era una enfermedad patológica.

A mediados de los años 60, se siguieron realizando estudios científicos progresivamente y se evidenció que las personas homosexuales son psicológicamente iguales a las personas heterosexuales. Luego, en el año 1973, the American Psychological Association (APA) elimina a la homosexualidad como enfermedad y en 1990, la OMS logra eliminarla como enfermedad psiquiátrica.

A pesar de que, las “terapias de conversión” hayan sido divulgadas como curaciones, estas suelen ser lo contrario al resultar extremadamente perjudiciales para la salud física, mental y en general, para los derechos de las personas. Entonces… ¿Por qué siguen existiendo? Estas prácticas buscan su justificación en el falso mito médico de que a través de actos de dolor y sufrimiento intensos, es posible rectificar aquellas identidades que se alejan de la heteronormatividad sobre las personas de la comunidad LGBTIQ+. En el 2012, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) afirmó que las terapias de conversión carecen de justificación médica y atenta directamente a la salud y los derechos humanos de las personas que las reciben. Años después, en el 2016, la Asociación de Psiquiatría presentó evidencia científica que anula la modificación de la orientación sexual a través de estas prácticas.

Los principales perpetradores de las terapias de conversión abarcan sectores privados y públicos de atención a la salud mental, grupos religiosos, curanderos, entre otros. Además, se consideran perpetradores también aquellas personas que promueven u obligan a otros a realizar estas terapias, como miembros de la familia, actores políticos y algunos otros.

Las terapias de conversión se han desarrollado cómo un negocio lucrativo para los perpetradores mundiales. Las estrategias de comercialización están hechas directamente para que el modelo del negocio aumente, y algunos Estados promueven el abuso de estas prácticas. Diversos funcionarios estatales pueden ordenar, a través de las políticas públicas, la implementación de terapias de conversión a alguien, sin la necesidad de disposiciones legales. Uno de estos ejemplos es lo ocurrido en Malasia, donde se trató de parar “comportamientos inmorales” a través de las terapias de conversión, las cuales eran ofrecidas en programas universitarios. Continuando con las estadísticas, una encuesta mundial señala que 4 de cada 5 personas que han incurrido en dichas terapias tenían 24 años o menos, y de estas personas, la mitad era menor de edad.

Por este motivo, aquellos psicólogos que se supone tienen la responsabilidad de comprender, interpretar y mejorar el bienestar mental y emocional de las personas, a menudo son los mismos que contribuyen a su deterioro radical mediante las terapias de conversión. Estos “tratamientos”, como se ha establecido previamente, vulneran varios aspectos personales, destacando especialmente la afectación a la salud mental de los individuos. En lugar de corregir supuestos “trastornos”, estas intervenciones generan consecuencias de connotación negativa determinadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2020) como lo son la pérdida de autoestima, ansiedad, depresión, aislamiento social, desórdenes alimenticios, disfunción sexual, estrés, e incluso y lo más alarmante, intentos de suicidio. Estos efectos adversos subrayan la naturaleza destructiva de tales “tratamientos” y el imperativo de su erradicación.

En la misma línea, como ha sido determinado, las terapias de conversión no se fundamentan bajo ningún supuesto respaldado científica o legalmente, por lo que constituye, en sí misma, una práctica contraria a los Derechos Humanos. En este sentido, la comunidad internacional ha condenado firmemente a las terapias de conversión, determinando que las mismas constituyen un acto de tortura. Así La Defensoría del Pueblo (2023) señaló que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Comité de los Derechos del Niño y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos coinciden en esta condena, en línea con la decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 1990 de eliminar la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) y reafirma su compromiso con la erradicación de la práctica. En este contexto, las terapias de conversión son establecidas como una forma de tortura debido a sus métodos coercitivos y degradantes, que infligen un daño psicológico significativo a las personas, exacerbando su sufrimiento en lugar de ofrecer algún beneficio terapéutico. Estos procedimientos violan la dignidad humana y someten a los individuos a un trato cruel e inhumano, privándolos de su autonomía individual y, por el contrario, perpetuando la discriminación. 

La devastadora realidad de las terapias de conversión en Perú se ilustra claramente en el caso tratado por el psicólogo Mauricio Murcia (citado en Goytizolo, 2020), quien ha asistido a personas LGBT+ que han sido víctimas de estos crueles “tratamientos”. Entre 2017 y principios de este año, Murcia trabajó como coordinador en la ONG It Get Better Perú, donde se atendieron al menos 65 casos de personas torturadas para cambiar su orientación sexual e identidad de género. Un ejemplo particularmente impactante es el de un joven gay sometido durante dos años a una terapia de conversión dirigida por una psicóloga que también era pastora. Esta terapia aversiva obligaba al joven a imaginar situaciones sexualmente desagradables, con la intención de generar repulsión hacia su propia orientación sexual. Durante el primer año, el joven asistió a sesiones semanales, que luego se espaciaron a una vez al mes debido a su resistencia y a los serios problemas de salud mental que desarrolló, incluyendo trastornos alimenticios y dos intentos de suicidio. Además, la terapia causó en él una disfunción sexual severa, manifestada en pánico y síntomas fóbicos al intentar establecer cualquier contacto íntimo.

El testimonio de Mauricio Murcia evidencia no solo el fracaso absoluto de las terapias de conversión para cumplir sus supuestos objetivos, sino también su capacidad para infligir daños graves y duraderos con respecto a los derechos de las personas. Estos “tratamientos” perpetúan un ciclo de estigmatización, destacando la urgente necesidad de su prohibición y la importancia de promover enfoques basados en la aceptación y el respeto hacia todas las identidades en el país.

Según Más Igualdad (2019), el panorama internacional muestra que otros países de la región han tomado medidas significativas para prohibir y condenar las terapias de conversión. Brasil, pionero en la región, prohibió en 1999 a los psicólogos impartir tratamientos coercitivos a personas LGBT+. Ecuador, en 2012, prohibió a las instituciones de salud realizar estas prácticas y las consideró una agravante del delito de tortura en 2014. En Puerto Rico, una orden ejecutiva firmada en 2019 prohíbe estas terapias para menores de edad, a pesar de la falta de acción legislativa. En México, diversos estados, incluyendo Ciudad de México y Yucatán, han legislado en contra de las terapias de conversión, y Chile promulgó en 2021 una ley que prohíbe las terapias reparativas de orientación sexual o identidad de género. Por su parte, Paraguay prohibió en 2022 la patologización de la orientación o identidad sexual en su ley de salud mental.

En contraste, Perú se encuentra rezagado en la adopción de medidas contra las terapias de conversión. A pesar de un intento en 2019 por el congresista Alberto de Belaunde para legislar en contra de estas prácticas, la propuesta quedó estancada en el Congreso y no se ha retomado. Este atraso legislativo deja a muchas personas LGBTIQ+ expuestas a intervenciones nocivas que otros países de la región ya han comenzado a erradicar, subrayando la urgente necesidad de que Perú avance hacia la protección de los derechos de todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género. La inacción legislativa perpetúa un entorno de vulnerabilidad y discriminación, y es imperativo que se adopten políticas que aseguren la prohibición de estas prácticas dañinas y la promoción de un entorno de respeto y aceptación.

En resumen, las terapias de conversión representan una práctica cruel e inhumana, sin fundamento científico ni médico, que persiste a pesar de la condena global. Estas intervenciones no solo fallan en sus intentos de modificar la orientación sexual o identidad de género, sino que infligen daños severos a la salud mental y los derechos de los individuos, causando trauma, depresión y otros problemas psicológicos graves. La comunidad internacional ha denunciado estas prácticas como formas de tortura que vulneran la dignidad humana y perpetúan la discriminación.

El caso de Perú refleja la necesidad apremiante de avanzar en la prohibición de estas terapias, siguiendo el ejemplo de otros países de la región que ya han implementado medidas para proteger a las personas LGBTIQ+ de tales abusos. La falta de acción legislativa en Perú mantiene a muchas personas en riesgo, subrayando la importancia de que el país adopte una postura firme en contra de las terapias de conversión y promueva políticas de respeto y aceptación.

Es imperativo que se tomen acciones concretas para erradicar estas prácticas y se implementen programas que fomenten la inclusión y el respeto por la diversidad. La erradicación de las terapias de conversión no solo es una cuestión de justicia y derechos humanos, sino también una necesidad urgente para la salud y el bienestar de las personas afectadas. La sociedad debe rechazar la discriminación y trabajar hacia un entorno en el que todas las identidades sean aceptadas y valoradas sin prejuicios ni violencia.

Bibliografía:

Defensoría del Pueblo (Perú). (2023, 27 de marzo). Terapias de reconversión constituyen actos de tortura contra las personas LGBTI. https://www.defensoria.gob.pe/terapias-de-reconversion-constituyen-actos-de-tortura-contra-las-personas-lgbti/

Goytizolo, M. (Entrevistadora). (2020, 27 de febrero). Mauricio Murcia: “Los que pasan por terapias de conversión sexual intentan suicidarse”. Salud con lupa.

Más Igualdad. (2019, 24 de julio). Terapias de conversión: ¿Qué avances se han dado en la región para prohibir estas prácticas?. Más Igualdad.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). (2020). Terapia de conversión. https://digitallibrary.un.org/record/3870697/files/A_HRC_44_53-ES.pdf