Escrito por Fabiana Rojas, miembro de la Comisión de Diálogos Humanos y Marco Antonio Zelaya Castro, director de la Comisión de Diálogos Humanos del Equipo de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho PUCP.

Introducción: Sangre, ruinas y la pregunta que no podemos evadir

Hacia finales del año pasado, los ataques israelíes contra la población que ocupa la franja de Gaza cobraron casi 42 mil vidas palestinas, entre ellas, muchas personas en situación de vulnerabilidad como mujeres, niños y adultos mayores. Estos ataques no son situaciones aisladas; puesto que, el Estado de Israel ha declarado una guerra total contra la población en Gaza, proclamando que ellos son los poseedores legítimos, según la historia, de dicha zona poblacional. Esta política se ha aplicado mediante acciones brutales contra la población civil que se han manifestado principalmente mediante la realización de ataques militares directos, desalojamiento forzoso de sus viviendas, bloqueos alimentarios contra la población habitante de dicho lugar, entre otras medidas que han vuelto un infierno el mero hecho de sobrevivir en la franja de Gaza.

Ello nos lleva a la pregunta ¿Cómo puede el Derecho Internacional permitir esto? Cada vez se hace más evidente que el único término para catalogar lo que está ocurriendo en Palestina es GENOCIDIO. Pese a ello, poca gente se encuentra alzando la voz sobre dicha situación, ninguna de las grandes naciones está realizando una defensa activa de la población palestina y, por el contrario, diversas superpotencias como el Reino Unido o Estados Unidos están financiando y apoyando proactivamente los esfuerzos israelíes bajo la excusa de que se está combatiendo al grupo terrorista Hamas, cuando ya se ha evidenciado múltiples veces que si bien Hamas tiene la peligrosa práctica de infiltrarse entre la población civil, el ataque indiscriminado y masivo por parte de las fuerzas militares israelíes tienen como principal víctima a la población civil palestina.

El marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH)

El Comité Internacional de la Cruz Roja (2004) indica que el Derecho Internacional Humanitario es el conjunto de normas que intenta limitar los efectos de los conflictos armados por razones humanitarias, tanto para las personas que participan como partes beligerantes como para las que no. (p.2). Esta rama del Derecho está fundamentada principalmente en múltiples tratados internacionales que son de aplicación obligatoria para resguardar a la población en general, pero sobre todo a quienes se encuentran en mayor vulnerabilidad, que pertenezcan a países con menor poder político o que sean personas apátridas; tomando en consideración que por temas históricos, los derechos de estas son los más afectados por los poderes fácticos que dominan el momento.

El artículo 8 del Estatuto de Roma define que se puede considerar como crímenes de guerra toda violación grave de las normas y los usos de la guerra. Asimismo, el IV Convenio de Ginebra de 1949 establece como principio básico y objetivo fundamental a la protección tanto en el caso de que sean fuerzas militares inactivas por estar heridas o población civil que no forma parte del conflicto bajo ninguna modalidad. Producto de ello, toda persona que cometa esta clase de crímenes resulta juzgado por la Corte Penal Internacional. Frente a ello, resultan importantes las acciones que se pueden catalogar como crímenes de guerra, tomando en consideración al homicidio intencional, la tortura, la deportación o el traslado ilegal o el confinamiento ilegal de ciertas personas y, además, el ataque intencional contra la población civil y bienes civiles que no constituyen objetivos militares o el asesinato de prisioneros de guerra.

Esto quiere decir que no es que no exista una legislación internacional que proteja los derechos de la población palestina, sino que no se está garantizando en la fáctica el cumplimiento de esta; y ello en parte se debe a la naturaleza del Derecho Internacional y a la vinculatoriedad que tiene respecto a los Estados suscribientes y a su funcionamiento a nivel mundial. Debido a ello, resulta necesario analizar los hechos acontecidos desde la óptica del Derecho Internacional y el papel de los distintos actores estatales que se han hecho presentes durante décadas en un conflicto que parece no terminar y sigue afectando a miles de civiles inocentes que sufren en el día a día.

Los hechos en Palestina bajo la lupa del Derecho Internacional

Esta situación ha sido llevada a la Corte Internacional de Justicia de La Haya por una denuncia presentada por Sudáfrica, lo que ha generado que se evalúe seriamente y se pase a hablar de la situación actual en función a las vulneraciones que se han podido evidenciar mediante las distintas reclamaciones. Ana Salinas (2024) realiza un análisis respecto a la denuncia realizada por Sudáfrica e indica que esta denuncia enumera las condiciones bajo las que dicho Estado considera que el Estado de Israel está cometiendo el crimen de “genocidio”, tomando en consideración la matanza de población civil a gran escala en Gaza, provocación de graves daños corporales y mentales a dicha población, y sometimiento a vivir en unas condiciones tales que conduzcan a la destrucción de tal grupo social, lo que incluye: expulsiones y desplazamientos de población a gran escala y destrucción en masa de sus hogares; privación de recursos alimenticios y agua; privación de asistencia y cuidados médicos adecuados; privación de acceso a adecuado refugio, ropa y condiciones higiénicas y sanitarias; y destrucción de la vida política y social de los palestinos en Gaza (destrucción completa de las infraestructuras para la vida cívica y social del grupo), además de actos encaminados a evitar nuevos nacimientos en el seno del grupo. (p.342).

Para los palestinos, el conflicto es una situación vinculada a su propia existencia como pueblo; por lo que, su respuesta automática es la resistencia contra el régimen, aunque ello ha sido muy difícil en la medida de que el pueblo palestino no tiene una representación fija y oficial que defienda su derecho a la libre autodeterminación. Producto de ello, el grupo Hamas, del cual también se reportan muchos ataques contra la población palestina y abusos que no han ayudado a reducir el impacto de los ataques injustificados del Estado israelí contra mujeres, niños y personas en vulnerabilidad, se ha convertido en el blanco y excusa pública que usa el estado de Israel para poder atacar a la población. (2024, p.10). Ello ha sido uno de los factores por los que en la práctica, ha resultado muy difícil para el pueblo palestino alzar su voz en la comunidad internacional y por el contrario, ha permitido que muchas grandes potencias, sin fuertes oposiciones, hayan alegado que los ataques israelíes constituyen estrictamente una respuesta a los ataques terroristas realizados por Hamas.

Sin embargo, la realización de estos crímenes resulta indiscutible; tal como evidencia el último informe emitido por Amnistía Internacional (2024) que indica que se han cometido múltiples delitos contra el Derecho Internacional Humanitario y que incluso se puede considerar como una nueva modalidad de Apartheid por la discriminación e intento de exclusión sistemática por parte del Estado israelí hacia la población palestina ubicada en toda la región. Toda esta situación revela una fuerte problemática en la que cabe preguntarnos hasta qué punto el Derecho Internacional Humanitario cuenta con el apoyo objetivo suficiente por parte de la comunidad internacional. Las normas están claramente definidas y, al igual que en el derecho interno, cuando se cumplen ciertos supuestos de hecho, se configura un crimen; sin embargo, Israel sigue atentando contra los palestinos.

El doble estándar de los países occidentales

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) establece principios claros para proteger a las poblaciones civiles en situaciones de conflicto armado. Sin embargo, al observar la respuesta internacional ante las atrocidades en Palestina, cabe preguntarnos ¿Por qué quienes defienden el DIH en Ucrania lo ignoran en Palestina? Mientras que en Ucrania se han movilizado esfuerzos diplomáticos, económicos y militares para frenar la agresión rusa, el caso palestino enfrenta indiferencia o apoyo directo a su agresor por parte de las mismas potencias. Este doble estándar debilita la credibilidad del Derecho Internacional y deja a millones de palestinos en una situación de extrema vulnerabilidad.

Israel mantiene el control de infraestructuras esenciales como el agua y la electricidad, usando su corte como herramienta de castigo colectivo, una práctica que el DIH prohíbe expresamente. Además, el gobierno israelí ha lanzado una de las ofensivas militares más intensas desde la Segunda Guerra Mundial, usando armamentos avanzados, inteligencia artificial, bombas prohibidas, y destruyendo escuelas, universidades, hospitales, campos de refugiados, instalaciones de la ONU y de la Media Luna Roja. A pesar de las claras violaciones al DIH, incluyendo la Convención sobre el Genocidio (1948) y la Cuarta Convención de Ginebra, y de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) haya emitido medidas provisionales que exigen detener los actos genocidas y garantizar asistencia humanitaria, no se ha ejercido una presión efectiva para que Israel cumpla estas órdenes. El caso palestino, bajo la lupa del DIH, muestra que las normas internacionales se aplican selectivamente según intereses geopolíticos.

El papel de EE.UU. en el genocidio es clave para entender por qué las resoluciones de organismos internacionales, como las de la ONU, son sistemáticamente bloqueadas o neutralizadas. EE.UU. ha sido históricamente el mayor proveedor de asistencia militar a Israel, con más de 150 mil millones de dólares canalizados entre 1946 y 2023. Solo en 2023, EE.UU. aprobó más de 12.6 mil millones de dólares adicionales en asistencia militar directa. Muchas de estas armas han sido usadas en Gaza en bombardeos que terminaron con la vida de miles de civiles palestinos y provocaron una devastación masiva que ha sido ampliamente documentada. En adición a ello, en el Consejo de Seguridad de la ONU, EE.UU. ha impedido repetidamente resoluciones que buscaban frenar los ataques israelíes o imponer medidas de protección a la población palestina. 

Europa también desempeña un papel central en el genocidio contra la comunidad palestina. Según informes de Pax Christi y Amnistía Internacional, países como Reino Unido, Francia, Alemania y los Países Bajos han sido proveedores constantes de armamento, tecnología y equipos militares a Israel. Además, los intentos diplomáticos para condenar a Israel en la ONU también han sido rechazados por votos europeos, mientras justifican su inacción por intereses económicos, alianzas políticas y la supuesta legítima defensa de Israel. Todas las acciones y omisiones de EE.UU. y Europa perpetúan el sufrimiento de los millones de palestinos en la franja de Gaza. Agnes Callamard, experta francesa de Derechos Humanos, declaró por Amnistía Internacional que “La inacción absoluta y vergonzosa de que ha dado muestras la comunidad internacional durante más de un año a la hora de presionar a Israel para que ponga fin a sus atrocidades en Gaza —primeramente, con su tardanza en pedir un alto el fuego, y después, con las continuas transferencias de armas— es y seguirá siendo una mancha que empaña nuestra conciencia colectiva.” (2024).

Finalmente, en el caso peruano, el sesgo mediático refleja otra dimensión de la predominancia del doble estándar occidental. Tal como señala Farid Kahhat en su artículo “No todo comienza cuando Israel es atacado” para El Comercio, resulta irónico pensar que los académicos son invitados a escribir “tras los atentados terroristas de Hamas en octubre del 2023 y tras el bombardeo de Irán contra Israel, más no cuando el atacante es Israel o las víctimas no son israelíes” (2024). En este sentido, la atención internacional solo se activa cuando Israel es víctima de ataques, mientras que las agresiones israelíes, muchas de ellas claramente ilegales según el DIH, reciben una cobertura mucho menor o son justificadas como actos de autodefensa. Este desequilibrio informativo no es trivial, sino que moldea percepciones públicas y legitima, por omisión o distorsión, crímenes internacionales. El doble estándar occidental deteriora la integridad del Derecho Internacional y perpetúa tanto el sufrimiento del pueblo palestino como la impunidad del gobierno israelí.

El rol de los liderazgos políticos israelíes

El genocidio que Israel está cometiendo actualmente en contra del pueblo de Gaza desde 2023 no es un hecho aislado, sino que se trata de una historia marcada por la ocupación ilegítima del territorio y la discriminación sistemática hacia los palestinos. Los liderazgos políticos juegan un papel clave en perpetuar estas prácticas e impulsar el proceso de exterminio contra el pueblo palestino. 

Desde la década de 1940, el movimiento sionista y sus dirigentes desarrollan proyectos que proponen la expulsión total y la limpieza étnica del pueblo palestino. Un ejemplo de esto es el Plan Dalet de 1947, que resultó en al menos 70 masacres, la destrucción de cientos de aldeas y ciudades, y la fundación del Estado de Israel sobre el 78% del territorio palestino devastado. Las políticas del gobierno israelí actualmente incluyen desplazamiento forzado y anexión de territorios, por lo se habla de una “segunda Nakba”, de acuerdo a la Embajada de Palestina en Argentina (2023), que hace referencia a la expulsión masiva de palestinos por el Plan Dalet. Esto demuestra que la limpieza étnica contra el pueblo palestino no ha terminado, sino que se ha intensificado desde el ataque de Hamas, con los lideres políticos israelíes como principales responsables de su continuación.

Desde hace décadas, los gobiernos de Israel han sostenido el régimen Apartheid, pero bajo el mandato del primer ministro Benjamin Netanyahu y demás autoridades políticas ultranacionalistas y ultrasionistas, esta política ha alcanzado una dimensión despiadada. Netanyahu, acorralado por crisis políticas internas, procesos judiciales y una creciente pérdida de legitimidad, ha instrumentalizado la guerra no como un medio de proteger a la población israelí, sino como una estrategia para su propia supervivencia política.

Los crueles ataques contra Gaza, Cisjordania y Siria demuestran que no se trata de una respuesta militar contra Hamás; son parte de una campaña deliberada de aniquilación contra el pueblo palestino. La destrucción masiva de infraestructura vital, tales como hospitales, escuelas, sistemas de agua, alimentos y energía, revela un proyecto que no busca únicamente desplazar, sino eliminar a los palestinos como colectivo. Además, los líderes israelíes manipulan el recuerdo del sufrimiento histórico en el Holocausto para justificar crímenes masivos contra otro pueblo en nombre de la protección de la población judía. 

El costo humano de este juego político es incalculable: más de 42.000 muertos, entre ellos más de 13.000 niños, decenas de miles de heridos, millones desplazados en condiciones inhumanas, ciudades enteras arrasadas y generaciones condenadas a vivir entre ruinas. El Estado israelí no solo ha utilizado armamento desproporcionado (más de 25.000 toneladas de explosivos, equivalentes a dos bombas nucleares), sino que también ha recurrido a métodos como la inteligencia artificial para ejecutar ataques indiscriminados, despreciando por completo su obligación de distinguir entre civiles y combatientes.

Las declaraciones de altos funcionarios israelíes muestran un patrón claro de deshumanización y una intención explícita de destruir física y mentalmente a la comunidad palestina. Antonio Pita, periodista del diario “El país” relata que el vicepresidente del Parlamento, Nissim Vaturi, llamó abiertamente a “borrar Gaza de la faz de la tierra” y “eliminar” a los palestinos que quedan, mientras que el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, afirmó que los dos millones de habitantes de Gaza son “nazis” (2024). Otros ministros y parlamentarios han pedido bombardeos indiscriminados y han declarado que “no hay inocentes” en Gaza, negando así el estatuto de civiles a toda la población palestina, incluidos los niños y niñas. 

En definitiva, el sufrimiento de los palestinos no puede entenderse como un simple efecto colateral de un conflicto bélico, sino como el resultado directo de decisiones deliberadas de los liderazgos políticos de Israel que buscan el exterminio sistemático de la población palestina. Pese a la clara intención genocida en las acciones emprendidas por el gobierno israelí, este sigue actuando con total impunidad, amparado por aliados poderosos y por un discurso que criminaliza a toda la población palestina. Hoy, la existencia misma de la comunidad palestina se ve amenazada, enfrentando el intento masivo de extinguir sus vidas, sus territorios, su identidad, su memoria y su derecho a existir como pueblo.

Conclusiones: Un llamado a la acción 

El Derecho Internacional confiere a los Estados la obligación ineludible de detener un crimen tan irreversible y doloroso como el genocidio. Los expertos de la ONU ya señalaron que “la comunidad internacional debe considerar de inmediato todas las medidas diplomáticas, políticas y económicas para poner fin a las graves violaciones de Derechos Humanos que enfrenta el pueblo palestino” (2023).

Ante la situación actual, lo que se requiere no es ambigüedad ni dilaciones, sino acciones concretas y urgentes. La comunidad internacional debe exigir y garantizar un alto el fuego inmediato y facilitar la entrega inmediata y sin obstáculos de ayuda humanitaria a Gaza, donde la población enfrenta condiciones de vida insoportables. Además, cortar relaciones diplomáticas con Israel mientras persistan las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, y cooperar plenamente con la Comisión de Investigación de la ONU y la Corte Penal Internacional para garantizar justicia y rendición de cuentas.

Defender el Derecho Internacional debe ser, ante todo, defender la humanidad misma, no los intereses geopolíticos ni las alianzas estratégicas. El Derecho Internacional no puede seguir siendo un arma política utilizada de manera selectiva, más bien, debe ser una herramienta efectiva para proteger la vida y la dignidad de todos los pueblos.

Finalmente, cabe preguntarnos ¿Qué significa ser humano frente al sufrimiento de otro pueblo? La respuesta debe encontrarse en nuestra capacidad de empatía, solidaridad y acción concreta. Defender a Palestina no es estar “contra” ningún país, por el contrario, es estar a favor de los Derechos Humanos de todos los pueblos. Hoy, más que nunca, es necesario pasar de las palabras a los hechos. Invitamos a todas las personas a exigir justicia para la población palestina y apoyar a las organizaciones humanitarias que trabajan en los terrenos afectados. La responsabilidad es colectiva. El momento de actuar es ahora.

Bibliografía

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